En menos de dos días, el caso de los sobreprecios en la compra de alimentos entró en ebullición, requirió de la explicación del ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y del presidente Alberto Fernández y se llevó puestos 15 funcionarios.
Si se tienen en cuenta los precios de referencia que el mismo Estado brinda, se habrían pagado de más $ 164 millones en la compra de cinco toneladas de arroz, aceite, fideo, lentejas y azúcar.
El martes, antes de que una oleada de funcionarios de Desarrollo dejara sus puestos, el gobierno revocó las licitaciones de azúcar y aceite, pero las demás quedaron firmes, aún con los evidentes sobreprecios que pueden encontrarse.
El primer funcionario al que se le pidió el alejamiento de la cartera fue Gonzalo Calvo, un hombre que ya había pasado por Desarrollo Social en la época en la que Alicia Kirchner era ministra y que luego pasó con más pena que gloria por un cargo municipal. Fue secretario de Seguridad, lugar del que fue eyectado por una denuncia de corrupción que incluyó una cámara oculta de la cual el flamante ex funionario todavía reniega: “Me va a acompañar toda la vida”, dice protestando.
Detrás de él, otros 14 funcionarios que le respondían políticamente dieron un paso al costado, provocando la primera oleada de funcionarios que se alejan del Gobierno.
Podrían no ser los únicos: quien quedó en la cuerda floja es Cecilia María Lavot, una abogada ultra K, que fue apoderada de Kolina (la agrupación que lidera Alicia Kirchner) y que trabaja en Desarrollo como directora de Compras y Suministros. Fue la encargada de aprobar el negocio turbio que hasta el ministro Arroyo debió confirmar.
Del otro lado, del de los empresarios, el mayor beneficiado se llama Víctor Lusardi, es dueño de varias empresas que confluyen en el Grupo L y obtuvo gran parte de la licitación fraudulenta. No es una cara nueva para la política: hizo negocios con los sucesivos gobiernos y tiene múltiples causas por desmanejos tanto en el kirchnerismo como en el macrismo. Logró ser el favorecido, una vez más.
Los sobreprecios en alimentos dieron lugar a la búsqueda pormenorizada en otras presuntas estafas provocadas desde el Estado. Así aparecieron otros presuntos negociados de diferentes reparticiones públicas con alcohol en gel y con repelentes, entre otros.
En épocas de emergencia es cuando más se puede prestar la situación para cualquier hecho de corrupción. Con los organismos de control distendidos u ocupados en otros menesteres, se arma el terreno propicio para que los hechos de corrupción aparezcan.
El jefe de Gobierno porteño se refirió a la polémica compra de alimentos con sobreprecios del Ministerio de Desarrollo. Además, avaló la extensión de la cuarentena y precisó que el pico de contagios se espera para la segunda quincena de mayo.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, opinó en Palabra de Leuco sobre el escándalo que se armó en el Ministerio de Desarrollo esta semana por la compra de alimentos con sobreprecios para repartir en los barrios más vulnerables. Tras las inmensas críticas por parte de la sociedad, la oposición y hasta aliados del kirchnerismo, los castigos llegaron pronto y la cartera que dirige Daniel Arroyo decidió desplazar a 15 funcionarios que estaban a cargo de la polémica operación, encabezados por Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social.
‘Estoy de acuerdo que se tomen medidas contundentes que ayuden a la transparencia. Si echaron a los que pagaron de más, me parece bien“, consideró el alcalde porteño y detalló sobre ese tipo de transacciones en su territorio: ‘No hemos tenido problemas con la compra de alimentos y duplicamos la distribución en todos los sectores que más lo necesitan“.
Con respecto a la pandemia del coronavirus y las tareas de prevención que viene desarrollando la Ciudad en conjunto con Nación y Provincia, Larreta indicó que “el principal desafío es transmitirle tranquilidad a la gente y cuidarla”; y les pidió a la población que “sigan cumpliendo la cuarentena”. “Seremos implacables para que se cumpla”, remarcó.
‘Nosotros esperábamos el pico para el fin de abril, pero ahora la aguardamos para la primera quincena de mayo. Estamos preparando el sistema sanitario y las camas para aislamiento, en consecuencia. ‘Estamos tomando todos los recaudos para el caso, agregó en TN y continuó: “Estamos sumando 210 camas de terapia intensiva, 450 camas de internación y 2500 camas de hotel. Son 3000 en total”.
El jefe de Gobierno también dijo que es apropiada la extensión del aislamiento. “Lo nuevo en la Ciudad es poner el foco en los adultos mayores. Por cada enfermo que tiene síntomas, hay dos que están enfermos pero no lo saben. Los asintomáticos son de riesgo también. Nosotros pedimos enfáticamente a la gente que se tape la boca con un método casero. Que no salgan a comprar barbijos profesionales porque los médicos lo necesitan. La recomendación es que se queden en su casa pero si tienen que salir, con un tapabocas”.
La diputada apuntó contra Hugo Moyano por las irregularidades en los balances. “La pandemia no es sinónimo de impunidad, no es un ciudadano que los argentinos queremos tener”, criticó en relación a los halagos del presidente para con el dirigente.
Tras el endiosamiento que recibió Hugo Moyano por parte del presidente Alberto Fernández en la reinauguración del Sanatorio Antártida -que pertenece a Camioneros- para atender pacientes con coronavirus, la diputada de Cambiemos Graciela Camaño volvió a exigir a la Justicia que intervenga la obra social del gremio por las millonarias pérdidas que dio en los últimos años.
“Ya lo hice hace más de un año. El propio contador de los balances de la obra social de Moyano ha dicho que es una empresa que tiene imposibilidad y grave riesgo de continuar prestando los servicios. Eso me llevó en ese momento a solicitar la intervención“, precisó la legisladora en Palabra de Leuco por TN. “Ya se lo expresamos a la Superintendencia de la Salud, tenemos todos los números y la documentación oficial”, agregó.
“Me llama la atención de que algunos entienden que esta pandemia significa también la impunidad. Ahora con el caso de la prisión domiciliaria a Amado Boudou y la situación de los Moyano”, señalo en referencia a los elogios del jefe de Estado para con el mandamás de Independiente.
“Moyano no es el ejemplo de un dirigente sindical ni de un ciudadano que los argentinos queremos tener. Se ha enriquecido a partir de haber quebrado a su obra social. Ha dado pérdidas en forma consecutivas los últimos 7 años“, cuestionó Ocaña.
Por otra parte, consultada por la polémica compra de alimentos con sobreprecios que efectuó el Gobierno, la diputada opinó: ‘Fue una licitación amañada donde se simuló una competencia que no existe. Son empresas de un mismo grupo las proveedoras. Se deben separar a todos los funcionarios que fueron parte de este armado de contratación. Es vergonzoso porque hablamos de alimentos para las personas que padecen la crisis social producto de esta pandemia. Conozco a Daniel Arroyo, es una persona transparente y creo que separará a los involucrados“.
Se trata de Julio Carballo, ex concejal de Córdoba que fue duramente criticado por la UCR en las redes sociales. “Que el coronavirus le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos”, sentenció.
Terrible escándalo se desató en la provincia de Córdoba luego de difundirse un audio del dirigente radical Julio Carballo, en el que desea “que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos”. A las pocas horas, organizaciones sociales y todos los partidos políticos salieron al cruce de las manifestaciones y pidieron la intervención del Inadi.
Entre 2011 y 2015, el hombre en cuestión fue concejal por la UCR y hasta fines del 2019 fue secretario del Concejo Deliberante por la Alianza Cambiemos, cuando la fuerza perdió la localidad ante el justicialismo. Como radical integra el espacio de Gabriela Negri, hermana del diputado nacional.
“No es como dijo el huevón de [Alberto] Fernández que le vamos ganando al virus ¡El ocote! ¡El ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y que tuvo Italia y mismo tiene Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá”, afirmó en la grabación que se filtró en las redes y los medios locales.
“La gente entiende acá en este país a los palazos si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro… Entonces qué se yo, no sé, no sé…“, agrega.
Después avanza sobre la idea de una “limpieza étnica”: “Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí que se quede [en] La Matanza (por el coronavirus) y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos… capaz que este país arranca”.
Carballo no habló públicamente después del hecho.
Repudio de la UCR
“Los mismos están muy lejos del pensamiento, valores e ideales de nuestro centenario partido. En estos tiempos, nos debemos encontrar más unidos que nunca y trabajando en conjunto en pos de nuestros vecinos“, fue el descargo del Comité de Circuito Unión Cívica Radical de Capilla del Monte en un comunicado lanzado en Facebook.
Tras la desvinculación de Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social, otros 14 funcionarios fueron cesados de sus cargos y se investigará por qué se pagó con sobreprecios para definir las responsabilidades.
Tras la polémica por la compra con sobreprecios por parte del Ministerio de Desarrollo Social de productos esenciales para repartir en comedores y barrios humildes durante la cuarentena, echaron a 15 funcionario.
El primer funcionario desvinculado por decisión del ministro Daniel Arroyo fue Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social, apuntado como el responsable de las compras.
La decisión por parte del Gobierno se tomó cuando se comprobó que, en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se autorizaba a la compra de cinco toneladas de alimentos por un total de $534 millones que incluía aceite, arroz y fideos, entre otros.
Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica, es otro de los que fue despedido luego del sumario que inició el propio Arroyo, que revocó esta compra.
Como consecuencia de esta situación, el Estado no podrá pagar bienes por encima de los precios fijados como máximos.
Los otros funcionarios que fueron relevados son el coordinador de abordaje territorial Fabio Frega, el coordinador de Depósito Metropolitano Pedro Procopio, la directora de Emergencia Ana Barchetta, la coordinadora de asistencia técnica directa Carolina D`Ambrossio, la directora de Asistencia Crítica Florencia Plano.
También fueron despedidos la directora de Asistencia Institucional Agustina Brea, el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle, el director de Ayudas emergentes Christian Escudero, el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales Víctor Oviedo, el coordinador de Gestión de ayudas urgentes Ignacio Sabaini, el director de Talleres familiares Gabriel Giurliddo, el director nacional de Articulación Social Federico Ludueña y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.
La presidenta del PRO estuvo en Palabra de Leuco y se refirió a la escandalosa compra de alimentos con sobreprecios del Ministerio de Desarrollo Social que ya le costó el puesto a 15 funcionarios y dejó muy mal parado a Daniel Arroyo.
La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich no discimuló su enojó con el reciente caso de corrupción que se desató con la compra con sobreprecios de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social en el que se pagaron precios muy por encima de los máximos estipulados por el mismo Gobierno y desató una fuerte interna en la cartera de Daniel Arroyo, que ya anunció que 15 funcionarios serán echados por la compra sospechosa.
“Desde la oposición no podemos poner en cuarentena nuestros principios. Lo que pasó con la compra de alimentos en primer lugar es una aberración”, sentenció la presidenta del PRO en declaraciones a Palabra de Leuco.
“Lo que ha pasado es una acción de corrupción absolutamente lamentable porque el funcionario echado tenía antecedentes similares anteriores en su paso por Almirante Brown”, agregó Bullrich.
Para la ex funcionaria “acompañar no es mirar para otro lado” y aseguró que van a estar más atentos después de lo ocurrido en Desarrollo Social. “Me parece terrible que en medio de una situación de pandemia, donde hay 43 millones de argentinos sin ingresos o muchos argentinos sin ingresos, la plata se esté yendo en corrupción”, remarcó.
Lo anunció el presidente para el AMBA que es la que más movimiento de gente tiene y donde se encuentran los de mayor riesgo de salud. “No se va a flexibilizar la cuarentena, en centros urbanos seremos más estrictos”, advirtió Alberto Fernández.
A pesar de algunas versiones que indicaban que a partir del 13 de abril se iba a flexibilizar la cuarentena obligatoria por el coronavirus, el presidente aseguró luego de la reunión virtual con gobernadores e intendentes que la cuarentena se extenderá por lo menos hasta fines de abril y que en áreas sensibles como el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, las medidas serán más estrictas.
“No podemos tener una recaída: todo el esfuerzo hecho es muy importante. Nos estamos preparando para momentos más difíciles, para más contagios. Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”, dijo en declaraciones a Canal 13.
Además, el presidente advirtió que habrá más controles para que no se produzca un relajamiento de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno argentino para hacer frente a la pandemia de coronavirus, previendo que el pico estimado por los especialistas para el pico de la enfermedad se estima para la primera semana de mayo.
“Acá no hay ningún levantamiento de la cuarentena. En los centros urbanos vamos a estar mucho más estrictos. Flexibilizar la actividad económica significa tanto como liberar el transporte público, y es el principal foco infeccioso”, explicó.
Para los especialistas de la salud que asesoran a Alberto Fernández habrá más contagios y se elevará el número de internaciones. Es por eso que ven con cierta preocupación el alto tránsito que se da en algunos sectores de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
El periodista de La Nación fue quien reveló la millonaria compra que efectuó el Gobierno en alimentos para repartir en los barrios más vulnerables. Este martes, Daniel Arroyo despidió a Gonzalo Calvo, el apuntado por “permitir” los sobreprecios de hasta un 62%.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia este martes a Gonzalo Calvo, el responsable de la Secretaría de Asistencia Crítica que había estado a cargo de la polémica compra de alimentos con sobreprecios para los sectores más necesitados en medio de la pandemia del coronavirus.
Entrevistado en Le Doy mi Palabra por Radio Mitre, Diego Cabot, periodista de La Nación que dio a conocer esta escandalosa transacción, aseguró que “no es el único responsable porque acá se compró, se publicó y cualquiera lo puede chequear”.
Y detalló: “La compra que hizo Calvo es por 737 millones de pesos; si lo hubiéramos hecho en el supermercado de la esquina, gastábamos 436 millones de pesos; hay un sobreprecio por 300 millones de pesos; es lo más miserable a lo que puede llegar un funcionario; robar con alimentos; y si a eso le sumas que lo hace en medio de la emergencia, aún es más miserable. Esta salvada del presidente de que Arroyo es buen tipo, no me parece acertado; un presidente tiene que investigar a todos. En medio de una pandemia, un funcionario que compra por 700 millones de pesos alimentos, que a su vez una parte de los lotes no fueron adjudicados, ¿podemos creer que un funcionario en soledad puede contratar por mil millones de pesos sin que nadie esté al tanto?; pues yo creo que no”.
El dirigente despedido había sido Secretario de Seguridad de Almirante Brown hasta el año pasado, cuando también fue desplazado tras ser filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.
Anteriormente, Calvo ya había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner y Carlos Castagneto, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa de la gestión de Arroyo, Cecilia María Lavot. De esta última depende la Dirección de Compras y Suministros que autorizó los pagos.
“La oportunidad en la que ocurren las cosas, hace todo más difícil de explicar; cuando lo vi ayer titubeando, era patético; tendríamos que tener funcionarios más eficientes”, se expresó Cabot y agregó: “Si efectivamente el Estado es un comprador bobo, por no decir cómplice, en medio de una emergencia donde cada peso cuesta, porque el sector privado se queda en su casa pero paga los impuestos; si tiene que convalidar precios casi al doble, porque tarda mucho en pagar, en una emergencia es determinante el cuidado de los recursos y tiene que modificar los procesos y ahorrar plata”.
Un día después de respaldar la operación y culpar a las empresas, el ministro de Desarrollo desplazó al titular de la secretaría de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo.
Luego del escándalo por los sobreprecios detectados en la compra de alimentos para sectores vulnerables, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, decidió pedirle la renuncia a Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social y el principal apuntado de haberse permitido esta operación.
«Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que propuso abrir una investigación dentro del Ministerio», había expresado el presidente Alberto Fernández horas atrás. Y la respuesta de su ministro llegó de forma fugaz, solo un día después de las declaraciones y a 48 horas de ocurrido el hecho.
Dentro de Desarrollo Social su función es articular la relación entre los jefes municipales y el ministerio. Según publica Clarín, se trata del mismo funcionario que renunció hace un año a la secretaría de Seguridad de Almirante Brown tras ser filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.
Anteriormente, Calvo ya había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner y Carlos Castagneto, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa de la gestión de Arroyo, Cecilia María Lavot. De esta última depende la Dirección de Compras y Suministros que autorizó los pagos.
La polémica
La cartera que dirige Arroyo admitió que los montos superaron hasta un 62% los precios máximos en góndola que dispuso la Secretaría de Comercio, que retrotrajo los valores a los vigentes del 6 de marzo último. Los productos que adquirió el ministerio fueron arroz, azúcar, aceite, lentejas y fideos.
Tras estallar la noticia, el funcionario dijo que las diferencias de precios se dieron, sobre todo, en azúcar y aceite, por la dificultad del Gobierno de conseguir proveedores que vendieran más barato ante la emergencia.
“En el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen. En todos los casos pedimos rebajas, decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir a cantidad de módulos. Aprovecho para pedirles a los proveedores que nos ayuden a bajar los precios”, explicó el ministro, quien fue defendido por el presidente Alberto Fernández.
Parte diario: 1.628 contagiados. 56 muertos. 338 recuperados.
Parece que en la Argentina somos incapaces de achatar la curva de la corrupción y la impunidad. Parece que los delincuentes de estado siempre encuentran una forma de escaparse del juicio y castigo que merecen. Amado Boudou está en su casa y en nuestro país hay una injusticia más y la indignación, para la mayoría de los ciudadanos que son honrados, se convirtió en pandemia.
La bronca social no es solamente porque Amado Boudou salió de la cárcel de Ezeiza. Es, además, porque no hay un solo motivo, pero ni uno solo, que justifique semejante humillación a los compatriotas honestos. Habrá que investigar al juez Daniel Obligado para que cuente porque se sintió obligado a cometer semejante salvajada. Sus argumentos son de una fragilidad notable. ¿Está Boudou entre los grupos de riesgo? No. De ninguna manera. Según el informe médico que está en manos de la justicia, Amado Boudou tiene 57 años y está en perfecto estado de salud. ¿Estaba Boudou en una opinable prisión preventiva? No. De ninguna manera. Fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por haberse apropiado de Ciccone Calcográfica, la fábrica de billetes. Le recuerdo que esa condena surgió de un juicio con todas las garantías que duró un año.
Como si esto fuera poco, esta condena fue ratificada por unanimidad, en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal. Hace algunas horas, la propia Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso que habían presentado sus abogados defensores. Y escuche esto que directamente una locura: hace 10 días el mismo juez Obligado, junto a sus pares del tribunal, rechazó el pedido de detención domiciliaria. Y ahora que se quedó solo por la feria, cambió totalmente de opinión y lo mandó a la casa. ¿Qué pasó en el medio?
Sigamos buscando algún argumento más o menos razonable. ¿Hay un contagio masivo de coronavirus en las cárceles argentinas? No, De ninguna manera. No se ha registrado ni siquiera un solo caso sospechoso. Sin embargo el doctor Obligado lo liberó. Dijo que es por el riesgo del virus y porque la sentencia aún no está firme. Es un verdadero despropósito que en algún momento, el juez debería explicar ante el Consejo de la Magistratura que, en el caso de que existiera la justicia en este país, debería estudiar su destitución como magistrado. Pero hay otra flagrante injusticia y desigualdad ante la ley. Si se aplica el criterio del juez Obligado, los jueces deberían estar obligados a liberar a 20 o 30 mil presos que están en la misma condición. El 70% de los presos no tiene condena firme.
Esa es la dimensión de la locura de este fallo que depositó a Boudou junto a su esposa y sus dos hijos en su vivienda del barrio de Barracas. Encima, todo esto ocurrió en medio de la feria judicial que la Corte postergó hasta el 13 de abril. El caso Ciccone es un emblema de la corrupción de la cleptocracia K. Boudou y su testaferro José María Nuñez Carmona se apropiaron de Ciccone tal como lo confesó en el expediente hasta su empleado, Alejandro Vanderborele. Para concretar esa maniobra fraudulenta manipularon la AFIP y la Casa de la Moneda. Cuando Ciccone estuvo en sus manos, el gobierno de Cristina le encargó que fabricaran billetes y el Frente para la Victoria que confeccionaran las boletas electorales.
Después, cuando el periodismo independiente hizo saltar la perdiz y el escándalo, Cristina estatizó la empresa para ocultar las pruebas y lograron un record mundial: nadie reclamó la indemnización por esa empresa. Nunca visto en la historia. Y no lo digo yo. Lo denunció el actual presidente Alberto Fernández en una entrevista en televisión. Fue el mismo día que criticó los dos blanqueos que hizo Cristina y que uno de ellos lo tuvo abierto durante 4 años. Tal vez este paso hacia la impunidad tenga que ver con que Boudou fue vicepresidente de Cristina que hoy es vicepresidenta y que sus abogados son los mismos: Alejandro Rúa y Graciana Peñafort que además es directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
De los presos emblemáticos del kirchnerismo todavía quedan adentro Lázaro Báez y su hijo Martín, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López. Pronto estarán descansando en sus domicilios. Los que más complicados están son Ricardo Jaime porque es un corrupto confeso. El mismo dijo ante los tribunales que había robado. Y José López al que Julio de Vido definió como traidor y macrista y Cristina, entre lágrimas, dijo que había llegado a odiarlo. Tal vez porque a López lo agarraron in fraganti, con las manos en la masa o en los millones de dólares y dijo que era dinero que le había dado el secretario de Cristina. Por eso un día, José López aseguró que tenía miedo que lo mataran, porque Cristina era muy vengativa.
Pero volvamos a Amado Boudou. Le confieso que verlo caminando por la calle rumbo a su casa, con una tobillera electrónica, me hace hervir la sangre. Yo no quiero venganza ni persecución para nadie. Pero quiero que los ladrones de estado paguen con la cárcel por lo que hicieron. Pienso en Boudou tripulando su poderosa moto, haciéndose el galancito, y me acuerdo de Nicolás Wiñazki y todo lo que le costó y todo lo que tuvo que aguantar durante su investigación periodística rigurosa e implacable. Nico y todos los colegas que hurgaron en papeles, que buscaron testimonios, se jugaron la vida por la búsqueda de la verdad y una sociedad honesta. Padecieron amenazas y hostilidades de todo tipo. Había que tener mucho huevo para investigar al vicepresidente de la nación mientras era vicepresidente de la nación y gozaba de un poder tan grande que con una declaración, decapitó al procurador Esteban Righi que no era un oligarca. Era un gran amigo de Alberto Fernández y había sido ministro de Héctor Cámpora. Sin embargo, se fue calladito y humillado, a su casa. Incluso el juez inicial, Daniel Rafecas le daba consejos al abogado de Boudou para que supiera como defender a su cliente. Fue un brutal intento de obstaculizar la justicia. Y dicho sea de paso. Ese Daniel Rafecas es el que Alberto hoy quiere nombrar como Procurador General de la Nación.
El atorrante que se disfraza de revolucionario dijo en ese momento que esto era “una revancha de clase y una venganza del neoliberalismo”, como si él fuera un dirigente proletario.
Boudou, en su sobreactuación por ocultar los delitos que cometió pasó de Alsogaray a Perón y de María Julia al Che Guevara. Un ortodoxo neoliberal se convirtió en un defensor de la patria socialista. Un amante de Estados Unidos en un tardío lector de Marx. En eso también aprendió de Néstor. Utilizar los símbolos de la izquierda y los derechos humanos como escudo para ocultar sus estafas y su enriquecimiento ilícito lleno de testaferros y truchadas. Pienso en Amado Boudou, ovacionado por los jóvenes de La Cámpora como si fuera el Che Guevara y me hierve la sangre. Porque pienso en el pueblo pobre de Formosa al que le robaron dos millones de dólares con la complicidad del gobernador feudal Gildo Insfrán y otros funcionarios. Miles de formoseños que pasan hambre y no tienen agua ni cloacas y que hacen milagros para darle de comer a sus hijos van a sufrir el cachetazo de ver en su casa a uno de los que les sacó su dinero del bolsillo.
Ayer fue un día negro. Porque la señal que se envió a la sociedad fue de impunidad absoluta para los poderosos. Es como decirles a los ladrones de guantes blancos y dólares negros que no corren peligro, que sigan con sus delitos. Estos fallos fomentan el delito. Porque el costo por robar es tan bajo que conviene robar mucho y pasar algunos meses preso. Esa es la nefasta conclusión que muchos jóvenes funcionarios pueden sacar.
Estos virus son muy peligrosos. Hablo de los estafadores que se llevaron a su casa el dinero de los jubilados, de las cloacas, las escuelas y los hospitales que faltan, los abogados expertos en amparos, chicanas y patear la pelota lo más lejos posible y los jueces que no tienen vergüenza ni estómago.
Le confieso que también pensé en Laura Muñoz, la corajuda ex esposa de Alejandro Vandenbroele que se jugó todo para llegar a la verdad. Laura fue acusada de loca, le quisieron sacar a su hija y pasó por momentos terribles. Todo por ser honesta.
Conclusión: un violador serial de leyes como Amado Boudou no tiene otro lugar que la prisión. Ahí deben estar los delincuentes de estado.
El editorial de Alfredo Leuco en #LeDoyMiPalabra por Radio Mitre
En otra embestida al Gobierno, el dirigente social dijo que “tiene que haber responsables que paguen las consecuencias” de la escandalosa compra de alimentos con costos hasta 62% más caros.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, volvió a arremeter contra el Gobierno por la compra de alimentos que efectuó con valores que superaban el 60% de los Precios Máximos fijados por la Secretaría de Comercio. “Quiero ver rodar una cabeza. No puede ser que estas cosas pasen impunemente“, sentenció.
A través de su cuenta de Twitter, este lunes el dirigente había dicho que fue una maniobra de “estafa a los pobres” por pagar por alimentos “el triple” de lo que su organización podría haberlos conseguido.
El ministro Daniel Arroyo admitió que pagó hasta 62% más que los “precios testigos” por la compra de alimentos para distribuir en barrios vulnerables. Por ejemplo, pagó $85,76 el paquete de medio kilo de fideos semolados a la empresa Sol Ganadera SRL (marca Doña Luisa/Sua Pasta) y $84,77 un paquete similar a la compañía Copacabana (marca Pastasole).
“Con los alimentos hay un problema en la compra y distribución que viene de arrastre”, dijo Grabois en diálogo con Viviana Canosa en FM Milenium. En este sentido, agregó que los alimentos del Estado “no estaban llegando” a los comedores comunitarios y que “muchos de los que mandaban eran de mala calidad”.
“Quiero darle tiempo para que se pueda encargar y no quiero permitir que los oportunistas como Patricia Bullrich, que jamás se preocupó por la comida de los pobres, se monten en el tema para gastar al Gobierno en un momento tan difícil”, expresó.
Horas después de la polémica, el Presidente Alberto Fernández adelantó que frenará la operación. “Como esta compra se hizo pero todavía no se pagó, le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que no se pueda hacer ninguna compra sin respetar los precios máximos que fija el Estado“.
“Queremos que vuelva lo mejor de lo que tuvimos antes, pero no la corrupción”, concluyó Grabois.
Tras el escándalo en el Ministerio de Desarrollo por la compra de alimentos con sobreprecios, la obra social de jubilados y pensionados ahora adquirió 1.500 unidades de 800 ml a casi 1100 pesos cada sachet. El litro en el mercado se puede conseguir a menos de 500 pesos.
Luego del escándalo que se generó por la compra de alimentos con sobreprecios por parte del Ministerio de Desarrollo Social para repartir en los barrios más vulnerables en medio de la pandemia, otra llamativa transacción deja en evidencia al Gobierno en su ambición de gestionar la compra de insumos con un valor más alto que el ofrecido al precio minorista.
La novedad surge en el PAMI, que este martes pagó hasta un 100% más del valor de mercado en una millonaria compra de alcohol en gel. El dato surge del expediente interno EX-2020-17139037 CDU 065-2020, en el que se tramita la adquisición directa de 1500 sachets de alcohol en gel de 800ml. El monto total fue de $1.629.855.
Según la resolución, el ente que dirige Luana Volnovich pagará a la firma “Servicios para la Higiene SA” $ 1086,57 por litro de esta sustancia tan elemental para el combate del coronavirus, cuando en el mercado el litro se consigue por $ 458,60.
Curiosamente, la página oficial del PAMI publicó el 16 de marzo pasado que recomendaban no adquirir alcohol en gel por más de 250 pesos el litro.
Al igual que ocurrió en la cartera que dirige Daniel Arroyo, la operación fue una “contratación directa” en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno y, por ello, se desvía del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
Luego de que la Justicia beneficie a Amado Boudou con la domiciliaria, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López aún permanecen tras las rejas. Cómo está la situación judicial de cada uno.
La llegada del Frente de Todos al poder generó un cambio de clima en los tribunales federales de Retiro y en cuestión de cuatro meses, varios ex funcionarios y empresarios que se encontraban presos al estar vinculados a las causas más escandalosas de corrupción del kirchnerismo, ya gozan del arresto domiciliario.
Los primeros casos relevantes tras la asunción de Alberto Fernández fueron los de Cristóbal López, Fabián De Sousa y el exministro Julio De Vido; mientras que con la explosión de la pandemia del coronavirus y las deficiencias sanitarias en las cárceles, días atrás se le otorgó el beneficio de forma transitoria a Luis D’Elía -quien se encuentra internado por síntomas compatibles al Covid-19-. Y luego de tanto insistir, llegó el premio para Amado Boudou. El ex vicepresidente condenado por la causa Ciccone dejó el penal de Ezeiza en la noche de este lunes para seguir detenido en su casa de Barracas con una tobillera electrónica.
De este modo sólo quedan seis detenidos relacionados a los expedientes K, aunque sólo tres son ex funcionarios de primera línea. Se trata de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el exsecretario de Obras Públicas José López, famoso por ser visto arrojando bolsos con millones de dólares a un convento de General Rodríguez. Todos insisten con sus pedidos de excarcelación pero hasta el momento la respuesta de los tribunales correspondientes siempre fue negativa.
Caso por caso, Jaime enfrenta el juicio oral por el delito de administración fraudulenta, y el TOF 6, a cargo de ese proceso, había rechazado el cese de su prisión preventiva. Jaime apeló a la Casación. La sala de feria de ese tribunal declaró inadmisible su planteo y consideró que debe seguir en prisión.
Schiavi tampoco logró obtener el beneficio del arresto domiciliario. Lo solicitó en el marco de la causa por la Tragedia de Once -donde ya se dictó sentencia-, al igual que otros condenados por el mismo caso, como el empresario Claudio Cirigliano y el exejecutivo de TBA Víctor Astrella .
Mientras que López, que está condenado por el delito de enriquecimiento ilícito, recibió una pena de seis años de prisión y cumple con la condena en una “mini cárcel” dentro del penal de Marcos Paz. Como declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas y apuntó contra varios exmiembros del gobierno que integró -incluida Cristina Kirchner-, López se encuentra dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados.
Entre otras figuras importantes que se vieron involucradas en las irregularidades de la gestión de Cristina Kirchner, se encuentra el empresario Lázaro Báez, detenido con prisión preventiva desde abril de 2016 en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero”. Báez pidió su excarcelación varias veces y le fue denegada.
Al dueño de Austral Construcciones le declinaron su petición porque se considera que siguen vigentes los riesgos procesales.
Sin el apoyo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados intentará un acuerdo con la oposición pero es mayoritaria la negativa a reducir los sueldos de la política.
Luego de que Alberto Fernández tildara de “hipócritas” y “demagogos”, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa quedó sin el relpaldo necesario para tratar de implementar una quita del 40% de los sueldos jerárquicos del sector político y público y los más probable es que finalmente esa reducción quede en la nada.
El proyecto de Massa que presentó a fines de marzo contemplaba una reducción de un 40% los sueldos de los diputados, la suspensión de los ingresos de asesores, el remate de autos y la restricción de pasajes y viajes durante 5 meses. Y proponía generar un fondo de 200 millones de pesos para ser destinados a la Cruz Roja”.
Con escaso apoyo en el Frente de Todos y sin ningún pronunciamiento de Cristina Kirchner en la Cámara Alta, la propuesta de Massa se fue diluyendo hasta que chocó de frente con las declaraciones absolutamente opuestas de Alberto Fernández. “No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros. No seamos demagogos y ganémonos nuestro sueldo como corresponde. Yo soy parte de un Gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están y los llamas a la 1 de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo”, dijo Alberto en una entrevista.
En la Cámara Baja sólo hubo un apoyo público de Cambiemos que por intermedio de Mario Negri presentó un proyecto avalado por todo el bloque para avalar una reducción de sueldos de los cargos políticos y los cargos jerárquicos del sector público, como así también a los cargos más altos del Poder Judicial de la Nación. Con este panorama, Massa daría marcha atrás para alinearse con Alberto Fernández y no habrá reducción en los sueldos de la política.
En una entrevista televisiva dijo que como todavía no se habían pagado van a revisar todo antes de continuar con la compra. Se habían detectado sobreprecios elevados en aceite y azúcar.
El presidente Alberto Fernández se refirió a la escandalosa compras con sobreprecios que había llevado adelante el ministerio de Desarrollo Social en la que se detectaron irregularidades y se pagaron varios productos mucho más que el precio máximo pautado por el propio Gobierno para productos como el aceite, los fideos y el azúcar.
“Esta compra todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se haga sin respetar los precios máximos que el Estado fija”, dijo Alberto Fernández en Desde el Llano por TN. Y agregó: “Creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que me dijo que va a abrir una investigación para ver qué es lo que pasó. Me planteó que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Esto habla de la cartelización de algunos sectores que no son capaces de flexibilizar sus posiciones. El primero que va a perseguir a un corrupto es el Presidente”.
La explicación de Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, tampoco se hizo esperar y desde temprano se encargó en remarcar que se habían aceptado esos precios por la posición de los proveedores. “Azúcar y aceite sí estuvieron por encima de los precios fijados. Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí, pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia”, explicó Arroyo.
Y desde el ministerio de Arroyo aseguraron que todas las compras que se hicieron fueron mediante licitaciones abiertas y con la lupa de la Sigen (Sindicatura General de la Nación):”las licitaciones son abiertas y, en todos los casos, el ministerio pidió rebajas de precios”, dijeron.
Mirá la entrevista completa de Joaquín Morales Solá con Alberto Fernández por acá.
El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó hoy el beneficio de la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por la compra venta de la imprenta Ciccone. Con esta resolución el expresidente y ministro de Economía será trastladado desde Ezeiza hasta Barracas.
Boudou tendrá que utilizar además una tobillera electrónica porque será ingresado en el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Según el fallo, “la supervisión y asistencia de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, para lo que se librará correo electrónico ordenando que con carácter urgente se incorpore a Amado Boudou a dicho programa”.
Los abogados de defensores de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían solicitado que pudiera cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio fuera del penal de Ezeiza. El recurso había llegado la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó tratar el tema, luego de que el TOF 4 le negara el beneficio en una primera instancia.
Al negarse a analizar el caso, el máximo tribunal recomendó que el Tribunal Oral Federal 4 debía definir al respecto, y ahora los magistrados de ese cuerpo decidieron concederle la prisión domiciliaria.
El intendente de Capitán Sarmiento cuestionó el decreto lanzado por el Gobierno que les permite a los distritos aplicar la ley de defensa de la competencia en sus distritos para controlar las subas de precios de los alimentos en pequeños comercios.
Mientras que el Gobierno nacional avanza en la implementación de controles de precios junto con los intendentes del conurbano bonaerense, el jefe comunal de Capitán Sarmiento Javier Iguacel salió al cruce de la iniciativa y acusó al Ejecutivo “sacarse el lazo”.
El funcionario se mostró en contra del decreto que le concede a cada municipio las facultades para controlar los precios de los pequeños comercios en sus distritos. “Estamos conviviendo todo el tiempo con nuestros vecinos y somos conscientes del problema de la inflación y los precios. Trabajamos con los comerciantes que son vecinos que quieren el bien para el pueblo; el problema es que los precios aumentan al por mayor. No es el comerciante de barrio el que quiere hacer una diferencia abismal en contra de sus vecinos. Y este intento de hacer un control de policía sobre nuestra gente, es sacarse el lazo porque la responsabilidad de que no haya inflación, es del gobierno nacional”, indicó el dirigente.
Y amplió: “Cómo pueden los productores y distribuidores contener los precios con una emisión monetaria que supera cualquier previsión. Obviamente habrá aumentos pero echarle la responsabilidad a quienes tenemos otras responsabilidades, es sacarse el lazo”.
Respecto a las investigaciones judiciales que se iniciaron durante su gestión en el mandato de Mauricio Macri, el ex secretario de Energía precisó: “Quiero creer que no van a quedar cajoneadas; este periodo va a pasar; unos días antes de que se estableciera el aislamiento obligatorio, me tocaba ir a declarar en la causa de Vialidad Nacional y se suspendió; espero que cuando termine la cuarentena, la causa continúe”.
Estos días me escribió una lectora, oyente de este programa y de los Encendidos, que me comentaba que, a raíz de la cuarentena, había vuelto a leer “Los amantes bajo el Danubio”.
Se trata de una novela que escribí hace algunos años y que cuenta la historia de una matrimonio húngaro que escondió en el sótano de su casa a otro matrimonio, una pareja judía, durante la ocupación nazi de Budapest.
Pero estas dos personas que ocultan en el sótano, tienen un pasado muy particular. La mujer es la ex esposa del dueño de casa, casada en segundas nupcias con el hombre con el cual el protagonista cree que le fue infiel.
Esta historia, además, es cierta. Es la historia de mi abuelo Béla y mi abuela Margarita que le salvaron la vida a muchísimos judíos durante el nazismo, en esa misma Hungría de la que luego ellos mismos se tuvieron que escapar.
La novela habla de la condición humana bajo el encierro en sótano, mucho más trágico por cierto, que este que nos toca vivir ahora a nosotros. Así que acá comparto con los oyentes de Mitre un pequeño fragmento para compartir en estos días de cuarentena.
“En el sótano de la casa Persay el tiempo se había detenido. Las agujas del reloj de Andris se movían sin sentido; hubieran podido ir en una dirección o en la contraria. Era indiferente. Incluso, si de pronto el minutero hubiese girado en sentido opuesto a la aguja horaria, nada habría cambiado.
La ausencia de ciclos tan sencillos como el día y la noche, la luz y la oscuridad, demostraba que el tiempo era una mera teoría incontrastable con la realidad del subsuelo.
Andris padecía la peor de las claustrofobias: no podía escapar de la celda de sus sombrías ideas. En circunstancias mucho más gratas, prefería el mar a las montañas.
La extensión abierta de los paisajes marítimos le permitía a Andris expandir el pensamiento hacia el horizonte infinito. Las montañas, en cambio, le devolvían el eco de los fantasmas que habitaban dentro de su espíritu.
Si unas relajadas vacaciones en los Alpes daban origen a las más profundas angustias, el encierro entre esas cuatro paredes oscuras lo sumía en la desesperación.
Andris necesitaba huir del sótano, pero ante la imposibilidad material de liberar ese impulso, su cuerpo producía todos los humores que el organismo necesita para escapar. El corazón de Andris latía con el ritmo y la frecuencia del de un velocista.
Sudaba profusamente y tenía la respiración agitada como si, en efecto, se hubiese dado a la fuga. Sentía palpitaciones, cerrazón en la garganta y espasmos en el vientre. Creía estar al borde de un colapso fatal.
Todo este cuadro no hacía más que aumentar la zozobra en una espiral que alimentaba el malestar con angustia y la angustia, con malestar. En esos momentos tenía la certeza de que iba a morir.
Hanna conocía el carácter hipocondríaco de su marido y sabía cómo tranquilizarlo. Sin embargo, en aquel escenario, le resultaba cada vez más difícil devolverlo a la calma. Por añadidura, no tenía en qué ocupar el pensamiento.
Sometido a aquel presente perpetuo, Andris sentía que ya no había porvenir para él. Lo había perdido todo: la casa, el consultorio y los ahorros. Para completar el cuadro anímico, su único y delgado nexo con la vida se lo debía a la generosidad de su peor enemigo.
Hanna se refugiaba en la escritura. Hubiese preferido leer a escribir. Pero como no tenía ningún libro a mano, entonces ella misma escribía las páginas que habría querido leer en esa situación.
Tal vez, pensaba Hanna, en esto radicara la esencia última del oficio del escritor. Acaso los escritores buscaban dentro de su alma las páginas que necesitaban leer y que nadie había escrito aún. Hanna era una lectora compulsiva.
Podía leer en cualquier lugar y circunstancia (…) Durante la extensa estadía en el subsuelo, Hanna escribía la mayor parte del tiempo con un doble propósito: por una parte se había convertido en autora para poder continuar siendo lectora.
Por otra, había descubierto que sus páginas servían para rescatar a Andris del abismo. El encierro les había revelado a ambos la naturaleza de la literatura de manera mucho más clara que cualquier teoría surgida de la Academia de Letras de Budapest.
Para el común de la gente, el ejercicio de la escritura era una muestra de refinamiento, cultura y sensibilidad; los libros adornaban el espíritu del mismo modo que una biblioteca decoraba una sala.
Hanna pudo comprobar que en aquellos días de clausura las letras no eran una vana materia de polémica de salón (…); la escritura se había convertido en una cuestión de vida o muerte.
Hanna dibujaba en su anotador unas letras diminutas y apretadas para aprovechar al máximo el breve espacio entre los renglones. No temía a la página en blanco; al contrario, le daba terror la idea de quedarse sin hojas.
Estiró el anotador cuanto pudo, pero un día, fatalmente, llegó a la última página. Continuó entonces en ambas caras de la tapa y la contratapa.
Nada le daba más alegría que descubrir una nueva superficie libre: papeles sueltos en el fondo de las cajas, cartones de embalajes y hasta en las maderas de los cajones.
Cualquier espacio servía para extender un texto: las paredes, el cemento del piso y hasta la palma de su mano. La escritura y la lectura se convirtieron en el único medio para evadir el encierro y alcanzar un estado semejante a la felicidad”.
Estos son algunos fragmentos de “Los amante bajo el Danubio”.
Quienes han sufrido persecuciones y han debido vivir años ocultos, encerrados, sin ver la luz del sol, nos enseñan que lo único que nos salva de sucumbir es mantener la dignidad y la condición humana aún, y sobre todo, en las circunstancias más adversas.
El gran peligro es que nosotros nos convirtamos en el peor de los virus.
Lejos de aceptar la reducción de sueldos en la dirigencia política, el diputado busca que paguen más los que entraron al blanqueo. La iniciativa cuenta con un total respaldo del Ejecutivo y todo el arco kirchnerista, pero la oposición lo rechaza de plano. “Es populismo puro”, advierten en JxC.
Tras la negativa de Alberto Fernández a la posibilidad de reducir los salarios de los funcionarios, era de esperar que el kirchnerismo avale un nuevo proyecto presentado este lunes por Máximo Kirchner sobre crear un impuesto extraordinario para aquellos trabajadores que ingresaron en el blanqueo.
La iniciativa del oficialismo, impulsada por el titular de la banca del Frente de Todos en Diputados y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller busca gravar los grandes patrimonios y así poder financiar al Estado en el marco de la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. La misma despertó una ola de críticas en la oposición, que anticipó su rechazo.
El hijo de la vicepresidenta, quien se mantiene en llamativo silencio, busca tres condiciones para su proyecto: gravar de manera “excepcional” a los bienes y capitales declarados en el último blanqueo en 2017; limitar las ganancias de los supermercados; y recortar sobre los legisladores de mayor patrimonio.
La medida surge en medio de los intensos pedidos de un sector de la sociedad y por parte de la oposición para que toda la dirigencia política reduzca su salario para paliar los efectos negativos de la cuarentena.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, confirmó a los medios que el legislador K le encomendó avanzar en la presentación de uno o más proyectos de ley, para plasmar estas medidas. “Pensamos en las grandes ganancias, grandes empresas exportadoras, cadenas de supermercados. Los muy ricos de la Argentina, sean personas o empresas”, precisó el titular de Presupuesto y aclaró: “Hay que estudiarlo bien y no generar temores en el grueso de la gente. La lógica es que hay que generar recursos extraordinarios, tenemos un Estado desfinanciado y en este momento todos le piden partidas para atender la crisis”.
En este contexto, recordó que en el blanqueo de 2017 se registraron bienes por US$ 116.800 millones.
Rechazo unánime de la oposición
Muchas voces opositoras advirtieron que un gravamen de este estilo a las grandes empresas, en momentos de severa recesión económica, “no hará otra cosa que ralentizar la salida de la crisis”. “Es inconstitucional”, enfatizaron en Juntos por el Cambio.
“El proyecto del oficialismo es populismo puro. Es una discusión que solo se da en la Argentina”, insistió Luciano Aspina (JxC), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.
Desde el lavagnismo también se manifestaron en contra. “Las empresas son las que tienen la mayor espalda para responder más rápidamente a la crisis económica. ¿Por qué las vamos a castigar con un impuesto?”, se preguntó un dirigente cercano al exministro de Economía.
El ministro Daniel Arroyo aseguró que al tratarse de compras de emergencia, los abastecedores no quisieron cobrar menos. Fuerte repudio de la oposición y hasta de dirigentes cercanos al kirchnerismo.
En pleno combate contra el coronavirus y atravesando una severa crisis económica, el Ministerio de Desarrollo Social avanzó este lunes con compras millonarias de arroz, azúcar, aceite, lentejas y fideos para distribuir en los barrios de población más vulnerables frente a los riesgos de la pandemia. Sin embargo, los altísimos costos que le generó esta operación al Gobierno desató otra polémica.
En números precisos, los montos superaron hasta un 62% los precios máximos en góndola que dispuso la Secretaría de Comercio, que retrotrajo los valores a los vigentes del 6 de marzo último. Luego de la catarata de críticas que lanzaron desde la oposición, la cartera que dirige Daniel Arroyo admitió que hubo sobreprecios.
El funcionario aclaró en diálogo con TN que las diferencias se dieron, sobre todo, en azúcar y aceite, por “la dificultad de conseguir proveedores que vendieran más barato ante la emergencia”.
“En el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen. En todos los casos pedimos rebajas, decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir a cantidad de módulos. Aprovecho para pedirles a los proveedores que nos ayuden a bajar los precios”, explicó.
