Tras la desvinculación de Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social, otros 14 funcionarios fueron cesados de sus cargos y se investigará por qué se pagó con sobreprecios para definir las responsabilidades.
Tras la polémica por la compra con sobreprecios por parte del Ministerio de Desarrollo Social de productos esenciales para repartir en comedores y barrios humildes durante la cuarentena, echaron a 15 funcionario.
El primer funcionario desvinculado por decisión del ministro Daniel Arroyo fue Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social, apuntado como el responsable de las compras.
La decisión por parte del Gobierno se tomó cuando se comprobó que, en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se autorizaba a la compra de cinco toneladas de alimentos por un total de $534 millones que incluía aceite, arroz y fideos, entre otros.
Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica, es otro de los que fue despedido luego del sumario que inició el propio Arroyo, que revocó esta compra.
Como consecuencia de esta situación, el Estado no podrá pagar bienes por encima de los precios fijados como máximos.
Los otros funcionarios que fueron relevados son el coordinador de abordaje territorial Fabio Frega, el coordinador de Depósito Metropolitano Pedro Procopio, la directora de Emergencia Ana Barchetta, la coordinadora de asistencia técnica directa Carolina D`Ambrossio, la directora de Asistencia Crítica Florencia Plano.
También fueron despedidos la directora de Asistencia Institucional Agustina Brea, el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle, el director de Ayudas emergentes Christian Escudero, el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales Víctor Oviedo, el coordinador de Gestión de ayudas urgentes Ignacio Sabaini, el director de Talleres familiares Gabriel Giurliddo, el director nacional de Articulación Social Federico Ludueña y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.
