Lejos de aceptar la reducción de sueldos en la dirigencia política, el diputado busca que paguen más los que entraron al blanqueo. La iniciativa cuenta con un total respaldo del Ejecutivo y todo el arco kirchnerista, pero la oposición lo rechaza de plano. “Es populismo puro”, advierten en JxC.
Tras la negativa de Alberto Fernández a la posibilidad de reducir los salarios de los funcionarios, era de esperar que el kirchnerismo avale un nuevo proyecto presentado este lunes por Máximo Kirchner sobre crear un impuesto extraordinario para aquellos trabajadores que ingresaron en el blanqueo.
La iniciativa del oficialismo, impulsada por el titular de la banca del Frente de Todos en Diputados y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller busca gravar los grandes patrimonios y así poder financiar al Estado en el marco de la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. La misma despertó una ola de críticas en la oposición, que anticipó su rechazo.
El hijo de la vicepresidenta, quien se mantiene en llamativo silencio, busca tres condiciones para su proyecto: gravar de manera “excepcional” a los bienes y capitales declarados en el último blanqueo en 2017; limitar las ganancias de los supermercados; y recortar sobre los legisladores de mayor patrimonio.
La medida surge en medio de los intensos pedidos de un sector de la sociedad y por parte de la oposición para que toda la dirigencia política reduzca su salario para paliar los efectos negativos de la cuarentena.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, confirmó a los medios que el legislador K le encomendó avanzar en la presentación de uno o más proyectos de ley, para plasmar estas medidas. “Pensamos en las grandes ganancias, grandes empresas exportadoras, cadenas de supermercados. Los muy ricos de la Argentina, sean personas o empresas”, precisó el titular de Presupuesto y aclaró: “Hay que estudiarlo bien y no generar temores en el grueso de la gente. La lógica es que hay que generar recursos extraordinarios, tenemos un Estado desfinanciado y en este momento todos le piden partidas para atender la crisis”.
En este contexto, recordó que en el blanqueo de 2017 se registraron bienes por US$ 116.800 millones.
Rechazo unánime de la oposición
Muchas voces opositoras advirtieron que un gravamen de este estilo a las grandes empresas, en momentos de severa recesión económica, “no hará otra cosa que ralentizar la salida de la crisis”. “Es inconstitucional”, enfatizaron en Juntos por el Cambio.
“El proyecto del oficialismo es populismo puro. Es una discusión que solo se da en la Argentina”, insistió Luciano Aspina (JxC), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.
Desde el lavagnismo también se manifestaron en contra. “Las empresas son las que tienen la mayor espalda para responder más rápidamente a la crisis económica. ¿Por qué las vamos a castigar con un impuesto?”, se preguntó un dirigente cercano al exministro de Economía.
