El proceso se iba a reanudar este miércoles a través del sistema de videoconferencia pero se registraron problemas con el sonido. Estiman que se solucionará para la próxima semana.
El reinicio del juicio por “la ruta del dinero K” que estaba previsto para este miércoles, finalmente se postergó para el 1 de julio luego de haberse registrado algunas fallas en la prueba técnicas: varios de los abogados defensores y hasta los propios jueces tuvieron inconvenientes con el sonido.
El Tribunal Oral Federal 4 había decidido retomar el proceso oral a partir del 24 de junio, mediante el sistema de videoconferencia, en el horario de 10 a 13 y luego de 14 a 16 horas. Se argumentó que la acusación contra Lázaro Báez y sus hijos “se encuentra entre aquellas causas a las que corresponde darle prioridad en el progreso de las diversas etapas procesales, máxime el avanzado estado en que se encuentra y a efectos de evitar que el transcurso del tiempo se traduzca en una situación de denegación de justicia”.
Aunque hubo varios reclamos. El ex titular de Austral Construcciones fue uno de los que se opuso al sistema de videoconferencia. Su defensa indicó que el sistema remoto dificulta la defensa de los imputados. No obstante, reclamó que en el caso que se retome el juicio de manera remota se cumplan una serie de requisitos técnicos como la posibilidad de compartir la pantalla de la computadora de cada uno de los abogados y que se acredite mediante la firma digital o el sistema del Registro Nacional de la Personas (RENAPER) la identidad de las partes.
Sin embargo, el tribunal decidió avanzar mediante el sistema de videoconferencia. El viernes pasado se hizo una la primer prueba técnica y hubo más fallas de las previstas. El TOF le pidió a la dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura que trabaje contrarreloj para llegar al miércoles y coordinó otra prueba para este lunes. Pero a media mañana, los abogados se enteraron que se había postergado.
De este modo la postergación del reinicio fue inevitable. “Sólo es posible con una modalidad mixta, con algunas partes en la sala y otras vía web es viable”, anticipó una fuente judicial.
El juicio contra Báez y sus hijos, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares, se había suspendido el 11 de marzo con la primera parte del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA), que todavía debe pedir las penas.
Si se aprueba la solicitud de Carlos Zannini, el ex vicepresidente volvería a percibir los haberes que le fueron inhabilitados por su condena. Recibiría entre 300 y 400 mil pesos mensuales.
El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, favoreció la semana pasada Amado Boudou al revocar el cobro de una pensión vitalicia al ex vicepresidente tras su condena a cinco años de prisión en la causa Ciccone. En el escrito, el funcionario opinó que las resoluciones de la Oficina Anticorrupción y la ANSeS “son nulas de nulidad absoluta” y de esta manera, el abogado del ex ministro de Economía podrá presentarse -si ya no lo hizo- ante la Justicia para reclamar una pensión equivalente a las dos terceras partes del sueldo de un juez de la Corte Suprema, es decir un monto que rondaría entre los 300 mil y 400 mil pesos, más los pagos atrasados durante los últimos cuatro años que alcanzarían los 20 millones de pesos. Sí, 20 millones de pesos.
Como si fuera poco, recordemos que el ex segundo de Cristina Kirchner está excarcelado por un polémico fallo relacionado con la pandemia del coronavirus.
Ante el repudio generalizado de la oposición y gran parte de la sociedad, trascendió un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, que describe las desigualdades que existen en el país -dictadas por ley- y además, señalan que de 5.7 millones de jubilados, sólo 57 mil superan el haber máximo, que está fijado actualmente en $113 mil pesos. Un monto muy inferior al que recibirá Amado Boudou.
Desde IDESA indicaron que el haber máximo que puede cobrar un jubilado es de $113 mi y sólo lo cobra un mínimo porcentaje del gigantesco universo de jubilados que tiene la Argentina, demostrando así, según el instituto, las desigualdades y privilegios que tiene la dirigencia política y judicial del país.
“Se abrió la posibilidad de que el ex vicepresidente Boudou reciba una jubilación del Estado cuyo monto, según trascendidos, rondaría entre los $300 mil y $400 mil mensuales. La norma que avala este otorgamiento es la Ley 24.018 que establece que los presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema pueden acceder a una pensión vitalicia cuando cesan en sus funciones”, explican desde el Instituto.
“Como el ex vicepresidente tiene causas penales y fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública, algunos interpretan que no debería otorgarse. El otro punto polémico es el monto del haber que resulta muy superior al haber máximo que expresamente contempla la ley, actualmente fijado en $113 mil”, detallan.
Según información publicada por la ANSES, de los 5,7 millones de jubilados y pensionados del sistema nacional, hay 57 mil que superan el haber máximo.
La discusión se centra en los alcances de ley N° 24.018 sobre las jubilaciones vitalicias para los vicepresidentes de la Nación, a partir del cese en sus funciones. La administración de Mauricio Macri consideró que un condenado por perjudicar al Estado, como en otros países del mundo, no puedo cobrar una pensión del Estado. En cambio, para Zannini la ley dice que solo no puede cobrar si el vicepresidente fue removido por un juicio político del Congreso.
Así se expresó Héctor Vicentin, uno de los dueños de la cerealera. El proyecto del gobernador santafesino pasó a ser la prioridad del Gobierno para evitar la expropiación.
A pesar del congelamiento del plan de expropiación que ideó el Gobierno para con Vicentin, los dueños de la empresa emblema del agro argentino no quieren saber nada con el proyecto alternativo que propuso el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, y que es mirado con buenos ojos por el presidente Alberto Fernández.
Fue Héctor Vicentin, uno de los propietarios de la firma, quien salió a repudiar esa iniciativa que habla de una intervención tripartita para manejar a la compañía. Exigió que a las empresas privadas “hay que dejarlas trabajar dentro del ámbito privado”.
“La propuesta de Perotti es más de lo mismo, es una expropiación light. Pero no hemos sido notificados formalmente de esa intención, ni la conocemos en detalle”, se quejó el empresario.
El viernes pasado, el gobernador santafesino propuso intervenir la cerealera en reemplazo de la actual conducción de los accionistas: estaría conformada por dos representantes del Estado nacional y un tercero propuesto por esa provincia. “¿Pero cómo podría llegar a funcionar una empresa mixta? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar hace muchos años de una forma distinta, solucionando nuestros problemas. Creemos que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar y solucionar sus problemas en el ámbito privado”, enfatizó Héctor.
El ejecutivo reconoció, además, que “tenemos problemas”, pero aclaró: “hay alternativas a una expropiación, a una intervención y a una empresa mixta. Hay que sentarse a dialogar y nos tienen que dejar trabajar e invertir, que es lo que sabemos hacer. La solución tiene que venir dentro del concurso de acreedores”. A su criterio, “somos una empresa que produce, que trabaja, no somos una empresa que se pone a lavar dinero, como dice mucha gente por ahí”.
Consultado sobre las denuncias por lavado de dinero que hizo el kirchnerismo sobre los directivos, precisó: “No hemos lavado dinero, pero si la Justicia quiere venir a investigar, tenemos la conciencia tranquila. Es más, queremos que venga la Justicia a investigar, pero seriamente“, aseguró Héctor Vicentin.
El pasado fin de semana se realizó un “banderazo” en apoyo a la no estatatización de la firma en distintos puntos del país, con epicentro en Avellaneda, Santa Fe, en las inmediaciones de la planta de la agroexportadora.
En esta oportunidad, multiplicaciones con resultados equivocados se viralizaron en las redes sociales. Crece el debate por la formación docente.
Tras el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el programa Seguimos Educando que se emite por la TV Pública se vio envuelto varias polémicas por numerosos errores que cometen los maestros que dictan las clases en vivo. A los conocidos casos de errores de ortografía y hasta en el nombre propio de una provincia argentina, en las últimas horas le tocó el turno a los matemáticos.
Mediante las redes, cientos de usuarios difundieron dos ejemplos de errores en multiplicaciones con números decimales. En el primero se puede ver a la docente que, mientras dialoga con sus compañeros en el estudio, intenta hacer una simple multiplicación. Si bien en el margen superior izquierdo el videograph explica que se trata de contenidos para sexto y séptimo grado, los decimales le jugaron una mala pasada.
“4,35 X 10 = 40,35 [sic]”, escribe sin percatarse del error. 43,5 hubiese sido el resultado correcto. Por definición, al multiplicar un número decimal por 10, la ‘ , ‘ se corre un lugar a la derecha.
Otro de los videos compartidos por Twitter, muestra otro fragmento del programa en donde la docente resolvió otra operación de manera incorrecta. ¿En qué se equivocó? Sí, otra vez con números decimales. Después volvió a la carga con otra operación: 789,9 x 100. Aunque lejos de alcanzar el 78.990 deseado, escribió “789,9 x 100 = 7899”.
A raíz de estas groseras equivocaciones, se desató un debate intenso sobre la capacidad de las personas elegidas para desempeñar el rol docente en el ciclo televisivo. Otros fueron aún más lejos y se dirigieron directamente a la presidenta de Radio y Televisión Argentina SE, la periodista Rosario Lufrano.
“Han intentado reformas y cambios pero no han logrado resultados positivos. Muchos docentes provienen de formaciones muy malas y eso luego se nota en la enseñanza“, dice Guillermina Tiramonti, especialista en educación e investigadora de FLACSO.
El conductor de PPT focalizó su nueva editorial en la multitudinaria marcha que se vio distintas ciudades del país en defensa de la propiedad privada y en contra de la expropiación de Vicentin.
En una nueva edición de Periodismo para Todos (Box), el periodista Jorge Lanata volvió a disparar munición gruesa al Gobierno por el manejo de la gestión de la cuarentena y se refirió a la gran convocatoria que logró el banderazo nacional del 20 de junio en distintos puntos del país, cuyo eje principal de protesta era el proyecto de expropiación de la agroexportadora Vicentin. “No aprovechen la pandemia para tratar de imponer algo que no se votó”, se quejó.
En el Día de la Bandera, la libertad y la preocupación por las consecuencias económicas de la extensión del aislamiento social también fueron parte del clamor popular. El conductor analizó que el Ejecutivo junta pandemia y cuarentena cuando “una cosa depende de Dios o de la naturaliza, y la otra depende del Gobierno”. En ese sentido destacó “la primera etapa de la cuarentena”, a la que calificó como “ideal” ya que el oficialismo y la oposición trabajaron unidos con el asesoramiento de científicos. Aunque luego consideró que “se calculó mal y la pandemia se extendió más de lo esperado”, expresó el periodista.
“¿Qué pasó?, los científicos no alcanzaron, hacia falta un plan económico para el durante y para el después, y el plan nunca llegó. Hacia falta que la ayuda se coordinara y fuera efectiva, y vimos que ni siquiera saben regalar plata”, ironizó al referirse al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos que “no lo terminan de dar”.
En relación al caso de la cerealera, que por el momento el Gobierno habría congelado el proyecto de estatizarla, Lanata manifestó que en medio de esta crisis sanitaria y económica “hacía falta dejar afuera al oportunismo”.
“Que el Estado subsidie no quiere decir que el Gobierno llene la ciudad de afiches diciendo ‘fuimos nosotros’. Que el Estado ayude a las empresas no es que se agazape para ver si se pueden quedar con ellas”, señaló el periodista y agregó: “Que solo gobiernen los científicos es tan absurdo como que los químicos manejaran el Ministerio de Economía, o los infectólogos manejaran Relaciones Exteriores. La pandemia, que no es lo mismo que la cuarentena, llevó a que la presencia del Estado fuera casi total pero nadie votó que la presencia del Estado tenga que ser permanente ni que tenga que seguir poscuarentena”.
“Sienten que ninguna propiedad es del todo tuya o mía, sienten que ellos son el pueblo, y si solo ellos son el pueblo, ¿nosotros qué somos? No aprovechen la pandemia para tratar de imponer algo que no se votó”, enfatizó.
En otro tramo de su editorial, Lanata apuntó directamente contra el Presidente por compararse con el ex mandatario radical Raúl Alfonsín: “Alberto, yo que no voté a Alfonsín en aquel momento y que lo corría por izquierda, no tenes nada que ver. Alberto cambió mucho en estos 100 días”.
Gabriel Delgado, el interventor designado por el presidente, publicó un mensaje “conciliador” en Twitter tras la tensión que generó el anuncio.
La masiva protesta de este fin de semana que se replicó por todo el país contra la expropiación de la cerealera Vicentin parece haber logrado su objetivo, ya que el Gobierno desactivó esa posibilidad por el momento y espera los resultados del plan que propuso el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
Con @alferdez analizamos la situación de Vicentin. Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos. El propósito del gobierno es preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar. pic.twitter.com/CC29TxpFwi
El presidente Alberto Fernández ya había dado indicios del cambio de rumbo tras un encuentro con el interventor designado en la compañía, Gabriel Delgado, que ahora es el veedor por decisión del juez del concurso de acreedores Fabián Lorenzini. “Repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos”, explicó Delgado a través de su cuenta de Twitter, en una foto donde se lo ve junto al mandatario en Olivos. Luego añadió que la participación del Poder Ejecutivo es “preservar las fuentes de trabajo” y que los productores “puedan cobrar”.
En declaraciones radiales, antes de las manifestaciones del sábado, Alberto había dicho que “no había marcha atrás” con la intervención estatal y advirtió que los Vicentin se iban a tener que ir de la empresa. “El Estado se va a hacer cargo de la empresa por la herramienta posible; sea por intervención vía judicial o por la expropiación. Lo que ocurre es que el juez del concurso dictó hoy una ‘resolución absurda’. Por un lado dice que no hay inconstitucionalidad en el decreto de intervención y por otro remueve a los interventores y repone al directorio de Vicentin. Lo que ocurre es que en el marco de conflictividad el gobernador Omar Perotti me presentó una propuesta: pedirle al mismo juez del concurso la intervención”, explicó.
Otra voz importante del oficialismo que se expresó sobre la polémica iniciativa fue la del jefe de gabinete Santiago Cafiero, quien volvió a recalcar que a la agroexportadora la “fundió” Mauricio Macri. Y habló del banderazo: “Obviamente que es una protesta que también tiene que ver con comercios que no pueden abrir todavía, que pueden provocar algún hartazgo. Y se mezcla lo de Vicentin. La propuesta que trajo Perotti es la primer hipótesis de trabajo que tenemos; una política de rescate de una empresa que se fundió con el macrismo. Los que vinieron a pedir el rescate fueron los dueños, que ya empezaban en diciembre a tener conversaciones con funcionarios del gobierno”.
El diario francés Le Monde le dedicó hoy una extensa nota a la salud mental de los argentinos como caso testigo, al ser nuestro país el que exhibe la cuarentena más larga del mundo. El artículo señala que la dimensión psicológica del aislamiento no ha sido tomada en cuenta en ninguna de las decisiones del gobierno.
En la Argentina se ha sometido a la población a un confinamiento castrense sin matices, obligando a la gente a circular con permisos especiales, sin consideraciones y con un costo económico y emocional superior al de otros países, inclusive países de la región.
Desde que se declaró la cuarentena en marzo, advertimos en esta columna sobre los riesgos que implicaba para la salud psico-física y las consecuencias del colapso económico sobre la integridad anímica de la población. La cuarentena se manejó con un total desprecio del equilibrio emocional de las personas.
Las extensiones permanentes, la imposibilidad de continuar con los tratamientos psicológicos, el maltrato del presidente a los periodistas que los consultaron por la angustia que experimenta la gente, la ya folklórica conferencia de prensa para anunciar alargamientos cada dos semanas han agravado el cuadro psicológico de la población.
Aunque el presidente se ponga nervioso y conteste de mala manera a los periodistas, si son mujeres les habla todavía con más prepotencia, que le preguntan lo que él no quiere escuchar, la verdad existe, no es una interpretación ni un relato. Muchos colegas que trabajan en el área de salud mental pública y privada me subrayan lo mismo: la gente no da más.
Los llamados de pacientes que solicitan atención psicológica gratuita se cuadruplicaron. El abuso de psicofármacos sin prescripción aumentó a niveles preocupantes, igual que el consumo de alcohol, y una enorme cantidad de pacientes interrumpieron terapias que en muchos casos requerían de un monitoreo permanente.
El martes hablamos de la responsabilidad ciudadana. Hacer ejercicio de la responsabilidad, de los derechos y de las obligaciones es, exactamente, vivir en libertad aún en la cuarentena.
Muchísimos países del mundo han manejado el confinamiento de una forma más inteligente y selectiva. Esta cuarentena sin planificación, eterna, se parece más a una especulación política que a una estrategia diseñada por profesionales de distintas disciplinas como se aconsejó desde el primer momento.
El presidente debería explicar por qué un profesional de la salud mental no puede atender bajo un protocolo, como cualquier otro agente de salud, cuando el tratamiento psicológico requiere aún menos cercanía que cualquier revisación médica. Mucho menor, de hecho, al abrazo que se dio con Insfrán.
¿Por qué se abandona a la gente con padecimientos psicológicos? ¿En qué momento el gobierno argentino decidió que el ser humano es solo un organismo plausible de contagiarse coronavirus y nada más? ¿A qué nos está llevando este reduccionismo obtuso y miope? ¿En qué condiciones de afrontar esta debacle económica que nos espera?
El gobierno ha puesto muchísima más energía en culpar a otros que en desarrollar protocolos meticulosos para cada actividad: la ciudad, los runners, los millenials, los que viajan, los que salen con los chicos…. Todos tienen su parte de culpa en el infierno de los pecadores que el kirchnerismo mira desde una superioridad moral que se otorgó a sí mismo.
Desde el principio del aislamiento hemos puesto el acento en el equilibrio emocional de los chicos, especialmente de los adolescentes. Nadie en el gobierno parece haberse detenido a pensar el impacto brutal que este confinamiento extendido sin horizonte tiene para esa franja etaria, de los 12 a los 18 aproximadamente.
Colegas que trabajan con pacientes de esa edad me están hablando de niveles de ansiedad inéditos, recaídas en trastornos de la alimentación, problemas con el alcohol, drogas compradas con los sistemas de delivery o take away, las nuevas formas de la distribución narco.
Es fácil decirle a la gente que se quede en sus casas por las buenas o por las malas, como amenazó el presidente, en lugar de construir una responsabilidad que incluyan la libertad y la conciencia como pilares democráticos, que deberían ser más sólidos aun en tiempos de pandemia.
El diputado de Juntos por el Cambio repudió el dictamen de Zannini que habilita al ex vicepresidente a cobrar una pensión de privilegio de 400 mil pesos.
Los diputados de Junto por el Cambio presentaron este viernes un proyecto de declaración de repudio contra el dictamen del Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, quien favoreció a Amado Boudou al revocar el cobro de una pensión vitalicia al ex vicepresidente tras su condena a cinco años de prisión en la causa Ciccone.
Alberto te cuida pero a Boudou lo cuida mejor.
Cambiemos repudia el dictamen de Zannini que habilita a Boudou a cobrar una pensión de privilegio – https://t.co/F06okqkp7G
Uno de los referentes de la coalición opositora que se expresó en contra de la resolución fue el diputado Fernando Iglesias, con una irónica frase dedicada al presidente: “Alberto te cuida, pero a Boudou lo cuida mejor”.
Con el fallo de Zannini, el abogado del ex ministro de Economía podrá presentarse -si ya no lo hizo- ante la Justicia para reclamar una pensión equivalente a las dos terceras partes del sueldo de un juez de la Corte Suprema, es decir unos 400 mil pesos, más los pagos atrasados durante los últimos cuatro años.
El debate se debe a los alcances de ley N° 24.018 sobre las jubilaciones vitalicias para los vicepresidentes de la Nación, a partir del cese en sus funciones. Para la administración de Mauricio Macri un condenado por perjudicar al Estado, como en otros países del mundo, no puedo cobrar una pensión del Estado.
En el mundo del revés del kirchnerismo, la ley dice que solo no puede cobrar si el vicepresidente fue removido por un juicio político del Congreso. Para colmo, Boudou está excarcelado desde hace poco más de un mes por un polémico fallo relacionado con el coronavirus.
Una catarata nacional de indignación y bronca produjo la orden de Carlos Zannini para favorecer a un delincuente condenado en segunda instancia como Amado Boudou. El procurador general del tesoro, que debe defender al estado, decidió que el estado al que Boudou defraudó, le pague 400 mil pesos por mes de jubilación para toda la vida. ¿Escuchó bien? En forma vitalicia. Y como si esto fuera poco, el ANSES tendrá que abonarle los sueldos que no percibió durante los cuatro años del gobierno de Macri. Estamos hablando de alrededor de 20 millones de pesos de arranque. ¿Hay otra forma más humillante de mojarle la oreja y provocar a la sociedad? Si. El caso del fallecido Daniel Muñoz.
Fue un integrante clave del Cartel de los Pinguinos enriquecidos en forma ilegal y colosal. Hablo de Rudy Ulloa Igor, Julio de Vido, Roberto Baratta, José López, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros patagónicos amigos, cómplices y socios del matrimonio Kirchner.
Las últimas imágenes del naufragio de Daniel Muñoz son escandalosas. El juez Marcelo Martínez de Giorgi envió un exhorto a Suiza y las Islas Vírgenes Británicas para que se congelen los fondos y se embarguen las cuentas de sus testaferros, cómplices y de varias sociedades fantasmas.
Mariana Zuvic, una de las principales denunciantes de estos ladrones de estado, escribió un tuit que dice: “Señor presidente, acá tiene 5 millones de dólares más para recuperar de la corrupción, con los que se podrían comprar 456 respiradores. ¿Y si recuperamos lo robado en vez de expropiar empresas? Esa cifra es la suma de tres operaciones que se hicieron, para la compra que hizo Muñoz de la empresa de nebulizadores y artículos médicos, llamada San-Up. Todo a través de testaferros como Carlos Temístocles Cortez, que fue procesado por lavado de dinero. De cuentas a su nombre se hicieron algunas de las increíbles compras de inmuebles en los Estados Unidos.
La repugnante historia corrupta de Daniel Muñoz parece una novela policial pero, lamentablemente, es la realidad. Muñoz era un petiso, rubio y gordito, muy parecido al humorista británico Benny Hill. Pero no era ningún gil. Por lo menos él se creía muy vivo. Conoció a los Kirchner cuando entró a trabajar como cobrador a su estudio jurídico. Se podría decir que siempre tuvo ese rol, el de cobrador. Porque fue el principal recaudador de fondos de coimas del gigantesco sistema de corrupción que instalaron los Kirchner. Muñoz era el encargado de recibir los bolsos, valijas y mochilas cargados de dólares y euros sucios, esconderlos en el sur y luego lavarlos.
Todos los caminos llevaban a Muñoz que, en casi todos los casos atendía en el departamento de Recoleta donde vivió el matrimonio presidencial y en donde todavía vive Cristina. Cuando Muñoz se incorporó al gobierno nacional como secretario privado de Néstor, declaró como único patrimonio un VW Gol modelo 99. Cuando se murió, según el cálculo de Víctor Manzanares, el arrepentido ex contador de los Kirchner, Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz tenía alrededor de 200 millones de dólares, invertidos en su mayoría en empresas y propiedades lujosas. ¿Escuchó bien? Doscientos millones de dólares. De un Gol modelo 99 a la fortuna propia de un magnate. La gran pregunta de ese momento fue si semejante riqueza era de Néstor y Muñoz actuaba solo como testaferro de su jefe o si Muñoz, se la había robado durante tantos años apostando al dicho del que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
De todos modos eso da una magnitud del total robado al pueblo argentino. Son cifras siderales. A eso hay que sumarle los 50 millones de dólares en billetes que Hugo Chávez compartió con Néstor según la denuncia de otro arrepentido y funcionario de mucha confianza de los Kirchner: Claudio Uberti. Está claro que fueron los patrones del mal de Santa Cruz.
Muñoz era muy maltratado por Néstor. Era una costumbre del ex presidente, manosear el trasero o empujar o directamente pegarle un cachetazo a sus colaboradores de menor rango. Muñoz la ligaba siempre. Incluso le pegada delante de los periodistas. Varias veces se le tiraba encima de su cama durante la madrugada para despertar a Muñoz y le decía: “Dónde me guardaste las pastillas, gordo”. Manzanares se compadecía de ese sufrimiento y para darle una alegría le “fabricaba”, con los dibujos contables, dinero blanco para que se pudiera comprar lo que quisiera y acolchonar tanto sopapo.
El océano de billetes viajaba en el avión presidencial, algo que el propio piloto confirmó y en el aeropuerto nadie se atrevía a revisar la camioneta en la que se llevaban los bolsos a la casa de María Ostoic, la madre de Néstor. En su impunidad absoluta, llegaron a comprar un hotel flotante de 5 estrellas que navegaba por el Lago Argentino. La gran novedad de estas últimas horas es insólita. Por medio de familiares y testaferros, el matrimonio Muñoz compró
5 terrenos en el paradisíaco archipiélago de Turks and Caicos. Están al lado del lujoso hotel Amanyara y tenían pensado construir un resort para millonarios vip. Es que las 40 islas que pertenecen a Gran Bretaña tienen una barrera de coral de 14 millas y un hermoso mar cristalino. La justicia argentina quiso embargar esos bienes pero como se trata de un parque nacional, hay un conflicto legal con las autoridades que tratan de recuperar esas tierras tan valiosas. Por esto y por las propiedades que compraron en Miami y en Nueva York, intervino el FBI y las cosas se están poniendo más complicadas para el entorno de los K y para la propia Cristina. Porque la inquietud principal es: ¿De dónde sacaron los Muñoz esos 30 millones de dólares? ¿Y de dónde sacaron los Kirchner, semejante opulencia casi de jeque árabe? Corrupción. Coimas. Lavado. Delincuencia de estado. Esas son las respuestas y al FBI no le pueden ir con el cuentito ese de que los persiguen por ser revolucionarios.
Las empresas fantasmas y las cuentas de esta estafa kirchnerista liderada por Daniel Muñoz están ubicado en guaridas fiscales, Islas Vírgenes, Monterrey, Hong Kong, Andorra y todo eso los llevó a aparecer en la investigación de los Panamá Papers. Era tanto el dinero que también pudieron comprar en Argentina empresas del rubro petrolero, inmobiliario, de insumos farmacéuticos y en Miami hasta un supermercado. La frutilla del postre, la cima de la delincuencia es que se atrevieron a comprar un departamento en el legendario Plaza Hotel, en el corazón de Nueva York. Les costó 14 millones de dólares. Es un lugar reservado para las grandes figuras del mundo del espectáculo como Mick Jagger, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, o Frank Sinatra, entre otros. Hasta ese lugar llegó el secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner.
Manzanares le contó a la justicia, es decir que figura en el expediente de su declaración, que cuando murió Néstor y llegó al aeropuerto Daniel Muñoz, había varios desesperados de codicia que se peleaban por lo que llamaban “las llaves del tesoro”, donde estaba guardado el producto de la corrupción de estado. Fue tan grande la voracidad por los billetes que hasta Muñoz se sintió mal y dijo “Nunca podré olvidar la cara del Bochi Sanfelice.” Este personaje que era el socio de Néstor y Máximo en la inmobiliaria, vive actualmente en el barrio de chacras con puerto, donde tienen sus mansiones Julio de Vido, Máximo Kirchner y Fabian de Souza, entre otros. El contador Manzanares definió al Bochi “como el López Rega de Néstor”.
El juez Claudio Bonadío escribió que “esta era una organización criminal liderada por Cristina para recaudar fondos ilegales” y tal vez por eso, la ex presidenta dijo “menos mal que se murió Muñoz”. Todavía no se habían arrepentido tanto Carolina Pochetti como Víctor Manzanares. Ella estuvo 4 meses presa. Y el estuvo como testigo protegido hasta que renunció y se fue a Rio Gallegos donde pidió perdón públicamente a Dios, a su familia y al pueblo argentino”.
Manzanares fue el que contó con lujo de detalles como Néstor lo mandó a hablar a la SIDE con Javier Fernández y Norberto Oyarbide para dibujar una pericia contable. Ahora la jueza María Eugenia Capuchetti está investigando el cierre fraudulento que hizo Oyarbide que después lloró y dijo que lo habían agarrado del cogote. Pero en ese momento, celebraron y Manzanares pidió un té. Sus acompañantes se rieron y le dijeron: “Pibe, acá se toma champagne” y procedieron a descorchar. Será Justicia.
Esta es apenas un capítulo de la serie nefasta de Daniel Muñoz. De un auto modelo 99 pasó a ser un potentado ultra millonario, solo por ser el secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Un cadete, un corre ve y dile con 200 millones de dólares. Solo en la Argentina K podía ocurrir eso. Nunca trabajó de nada que no fuera secretario de Néstor. Por eso digo que Daniel Muñoz, se enriqueció como por arte de mafia.
Editorial de Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra, por Radio Mitre.
A partir de julio, las audiencias se realizarán todos los miércoles de forma remota para cumplir con el distanciamiento social preventivo. El empresario seguiría el proceso desde su celda.
La Cámara Federal de Casación dio lugar el reinicio remoto del juicio oral a Lázaro Báez, sus hijos y otros procesados por presuntas maniobras de lavado de dinero calculadas en al menos 60 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones. Los actos delictivos se habrían registrado en Santa Cruz entre 2010 y 2013 durante la segunda gestión presidencial de Cristina Kirchner.
El máximo tribunal penal federal del país desestimó un recurso de queja de la defensa del empresario, quien se opuso a la reanudación del debate oral suspendido desde marzo pasado a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 4, que convocó a una audiencia virtual para el próximo miércoles 24 de junio a las 10 con el fin de continuar con la etapa final del debate, en el que ya se escucharon alegatos acusadores de la fiscalía, y las querellas de la Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera y AFIP.
Los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo rechazaron la queja de Báez, quien buscaba suspender el reinicio del debate con el argumento de haber nombrado un nuevo abogado que necesitaba tiempo para conocer el expediente. Así, el Tribunal respondió que la totalidad de la causa está a disposición de manera digital para todas las partes.
Las audiencias del juicio se harán todos los miércoles durante julio a través de la plataforma de videoconferencia “Jitsi Meet” o “aquella que resulte más adecuada·” para cumplir con el distanciamiento social preventivo, dispuso el Tribunal.
Báez podrá seguir la audiencia desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido. Además de él, son juzgados su ex abogado Jorge Chueco, su ex contador Daniel Pérez Gadín, Fariña, el empresario Fabián Rossi y el financista Federico Elaskar, entre otros.
Todos están procesados por presunto lavado de dinero, producto de supuestos ilícitos cometidos con la obra pública en Santa Cruz adjudicada a empresas del grupo Báez, según indica la acusación.
Se trata del segundo juicio con más de 20 acusados que se retoma desde marzo pasado en los tribunales federales de Retiro, tras el registro de los primeros casos de coronavirus en el país y la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar su propagación.
Referentes de Juntos por el Cambio festejaron la decisión del juez Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de la cerealera. “Un primer freno a la topadora de impunidad oficial”, dijo Patricia Bullrich.
La oposición celebró en las redes sociales el reciente dictamen del juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, en el que dispone la reposición del directorio original de la cerealera por un lapso de 60 días y por consecuente, los interventores del presidente Alberto Fernández pasarán a ser solo veedores de la firma.
El magistrado también se declaró “incompetente” para definir los planteos de constitucionalidad del DNU del Gobierno nacional y ahora será la Cámara de Apelaciones la que determinará si el juez debe o no definir este tema, aunque el trámite llevará su tiempo.
UN FALLO CONTRA EL “VAMOS POR TODO” El juez Lorenzini corrió al gobierno en el manejo exclusivo de Vicentín, y reestablece a sus directores otra vez en funciones. Es un primer freno a la topadora de impunidad oficial. Falta,pero este es el camino para la Argentina de la legalidad https://t.co/bJ448VraVe
“UN FALLO CONTRA EL ‘VAMOS POR TODO’. El juez Lorenzini corrió al gobierno en el manejo exclusivo de Vicentín, y reestablece a sus directores otra vez en funciones. Es un primer freno a la topadora de impunidad oficial. Falta, pero este es el camino para la Argentina de la legalidad“, se expresó Patricia Bullrich en Twitter.
El juez de Reconquista ha resuelto que la administración de la empresa #Vicentin continue en mano de sus accionistas y los “interventores”del gobierno,lo hagan en calidad de veedores.Una señal de Justicia y Legalidad.
En tanto, el jefe de la banca de JxC en Diputados Mario Negri, reflexionó: “El juez de Reconquista ha resuelto que la administración de la empresa #Vicentin continúe en mano de sus accionistas y que los “interventores” del gobierno lo hagan en calidad de veedores. Una señal de Justicia y Legalidad”.
El juez acaba de resolver que la administración de la empresa #Vicentin regrese a sus accionistas y que los actuales Interventores del Poder Ejecutivo permanezcan en calidad de veedores. Un tiro para el lado de la Justicia y la legalidad.
El diputado del PRO Luciano Laspina, por su parte indicó: “El juez acaba de resolver que la administración de la empresa #Vicentin regrese a sus accionistas y que los actuales Interventores del Poder Ejecutivo permanezcan en calidad de veedores. Un tiro para el lado de la Justicia y la legalidad“.
En el documento, de 14 páginas, Lorenzini resolvió este viernes disponer “con carácter de medida autosatisfactiva y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Además, precisó “establecer, en el marco de la presente medida autosatisfactiva, que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
Así lo dictaminó Fabián Lorenzini al aceptar una medida cautelar de los dueños de la firma por 60 días. Los interventores pasarán a ser veedores.
En una medida que va contra las aspiraciones del Gobierno, el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, ordenó este mediodía que el directorio original de la cerealera vuelva a tomar las riendas de la empresa por un lapso de 60 días. De este modo, el fallo desplaza a los interventores que dispuso el presidente Alberto Fernández y pasarán a ser solo veedores de la firma.
El magistrado también se declaró “incompetente” para definir los planteos de constitucionalidad del DNU del Gobierno nacional y ahora será la Cámara de Apelaciones la que dispondrá si el juez debe o no definir este tema, aunque el trámite llevará tiempo.
Días atrás, la agroexportadora planteó a la Justicia que tras la oficialización del interventor del Gobierno, se vio afectado el normal funcionamiento de la firma y del “presente proceso concursal, como ser: La existencia de un proceso de verificación de créditos en curso, necesidad de resguardar el giro normal de las actividades de la empresa y de atender las obligaciones cuyo vencimiento se produce periódicamente, necesidad de abonar salarios de miles de trabajadores, continuidad de contratos”.
También recordaron el volumen agroexportador de la empresa -que representa aproximadamente el 9% del total de la oferta exportable de la República Argentina- “todo lo cual podría verse seriamente afectado por la situación de hecho generada merced al desplazamiento de los directores mencionados, con el consiguiente perjuicio a la concursada y por ende, también a sus acreedores, dado que el cobro de sus créditos depende principalmente de la continuidad operativa de la empresa”.
Con estos argumentos, solicitaron ante el juez Lorenzini “la inmediata restitución de los antes señalados en sus cargos, dentro del Directorio la sociedad anónima concursada y el desplazamiento de los interventores designados, con fundamento en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia, sosteniendo su nulidad absoluta e insanable”.
Y así sucedió. En el documento, de 14 páginas, Lorenzini resolvió este viernes disponer “con carácter de medida autosatisfactiva y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Además, planteó “establecer, en el marco de la presente medida autosatisfactiva, que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
El empresario que evadió $10.000 millones en impuestos y que logró la excarcelación el año pasado, exige una indemnización por la quiebra de Oil Combustibles.
Desde la petrolera Oil Combustibles que pertenece a Cristóbal López, responsabilizaron a la AFIP por la quiebra de la empresa y le reclama al Estado una indemnización de $ 2.000 millones. La compañía acumuló durante el gobierno de Cristina Kirchner una deuda con el fisco por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y otros tributos que supera los $10.000 millones.
En el organismo recaudador explicaron que la petrolera le cobró a los clientes de su empresa ese impuesto, y que se quedó el dinero en lugar de girarlo al Estado.
Los abogados de Inversora M&S -controladora de la firma- plantearon que fue el fisco el que condujo a Oil a quebrar, y lo acusó de ser un “acreedor hostil” que no buscó “cobrar los créditos sino quebrar a la empresa”. Por ello, se niegan a pagar lo reclamado por la AFIP. Hasta tanto el juez defina la situación, se suspendieron por 90 días los remates de bienes.
El 11 de mayo se cumplieron dos años desde que la justicia comercial decretó la quiebra de Oil Combustibles SA (OCSA), donde Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron juzgados en el fuero penal por defraudación junto a Ricardo Echegaray por no haber pagado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de CFK. La causa se inició por una deuda que en ese momento era de $ 8.000 millones y derivó en la crisis financiera de la empresa.
Pese a los planes de facilidades de pago obtenidos durante el último período de Cristina Kirchner frente a la Casa Rosada y con Ricardo Echegaray frente a la AFIP, desde el año pasado hay un planteo que busca invertir las responsabilidades que investiga la justicia.
Los abogados de López y De Souza consideran que el organismo recaudador no es el principal acreedor de la petrolera, como indica el proceso de quiebra y la causa en el fuero penal que se encuentra actualmente en juicio oral. Ellos argumentan que la deuda mayor es con Inversora M&S, integrante del mismo conglomerado.
El juez a cargo de la quiebra analiza el planteo y, por lo tanto, suspendió por 90 días el remate de bienes de Oil Combustibles SA. Si llega a determinar que la AFIP fue, como dicen López y De Sousa, “un acreedor hostil”, esto le quita al ente recaudador cualquier posibilidad de reclamar deudas, porque así lo establece la ley de quiebras y concursos.
A raíz de este argumento, realizaron una demanda por daños y perjuicios contra el organismo estatal, por considerarlo responsable de la quiebra. Con esta medida López busca excluir a la AFIP de la posibilidad de “recuperar su crédito del producido de la liquidación de la empresa”, sostuvo una fuente judicial.
En su demanda, los empresarios pidieron que todos los remates de bienes que se estaban realizando en el marco de la quiebra, queden suspendidos. “Entendemos que con la refinería que se remató (comprada por YPF) alcanza para pagarle a los acreedores, menos al fisco”, explicaron desde la defensa del empresario K.
Se trata de Christian Ramón Zabala. Tenía 41 años y era subcomisario de la Policía Federal. Investigan si se trató de un suicidio.
Un custodio de la vicepresidenta Cristina Kirchner y subcomisario de la Policía Federal fue hallado muerto en su casa de la localidad bonaerense de Castelar.
Christian Ramón Zabala, de 41 años, trabajaba en la fuerza como especialista en explosivos. En las últimas horas fue encontrado tirado sin vida en el piso de su vivienda, ubicada en la calle Zapiola al 1800, la cual no tenía ninguna puerta vandalizada según informaron fuentes policiales.
Hasta el momento, la principal hipótesis indica que se trataría de un suicidio. Debajo del cuerpo de Zabala, estaba su arma reglamentaria 9 milímetros y una vaina servida. Según allegados, el hombre tenía antecedentes psiquiátricos.
De acuerdo al relato de testigos y familiares, el hombre tenía antecedentes psiquiátricos y estaba en tratamiento, pero al parecer había señalado su intención de suicidarse en reiteradas ocasiones. Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 de Morón, a cargo de Mario Ferrario.
“Debe decidir si va a gobernar o va a dejar que maneje su gobierno Cristina Kirchner”, opinó la conductora de Telefé Noticias después del tenso cruce que mantuvo con Alberto Fernández en una entrevista.
En su programa “Confesiones en la noche” por Radio Mitre, la conductora Cristina Pérez se refirió este jueves por primera vez al tenso cruce que había tenido 24 horas atrás con Alberto Fernández en Telefe, el cual la convirtió en tendencia por ser de las pocas periodistas que ejerció su profesión sin ningún tipo de especulación y con mucho coraje a la hora de entrevistar al presidente.
“La verdad, no me esperaba que ayer Alberto Fernández me saliera a ‘chucear’ con eso de los adjetivos… Porque me conoce desde hace muchísimos años, y además con la diferencia de poder que hay entre un Presidente y yo.. ¿Qué necesidad tenía de querer humillarme al aire? Yo no me dejé humillar porque me enseñaron que no me deje humillar por nadie, pero me tocó a mí como le hubiera tocado a cualquiera, aunque acá de lo que hay que hablar es de una medida en la que se juega el estado de derecho en la Argentina. Es el Presidente el que tiene que leer la Constitución, no yo…”, aseguró la también locutora.
Consideró que “Alberto Fernández está en un momento en que debe decidir si va a gobernar o va a dejar que maneje su gobierno Cristina Kirchner”, y admitió que “todo esto me pone muy triste, porque el Presidente quiso cambiar el ángulo de mi pregunta, pero sabe que eso (por el proyecto de intervención Vicentin) es inconstitucional, y me manda a leer una ley de Videla, como si no supiera que la Constitución está por encima de las leyes…”.
“Si el Presidente sabe que eso es así (por inconstitucional), para qué seguir en forma evidente y ante la audiencia con una discusión así, donde está en juego su palabra…”, se preguntó Pérez, y recalcó: “Repito que me da pena lo que pasó, porque hay muchos que consideran que estamos tocando un límite, y me parece que Alberto Fernández traiciona a quienes lo creyeron un presidente moderado…”.
El tramo más polémico de la entrevista
El miércoles por la noche Alberto Fernández había reaccionado a una pregunta en la que Pérez calificaba de “polémica y cuestionable” a la iniciativa K de intervenir y expropiar a la empresa Vicentin, una de las cerealeras más emblemáticas del agro argentino.
“Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios que ustedes pasaran de decir que eran ‘ideas locas’ que el Estado quisiera quedarse con las empresas a, en solo días, ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada, que estaba en manos de un juez su concurso, y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresarial”, comenzó la periodista y tras la introducción, preguntó: “¿Hay alguna chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que, para muchos, compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecida por la Constitución?”.
Disconforme con la forma en que se formuló la pregunta, el mandatario aseguró: “La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”. Ante esto, Pérez replicó: “La periodista soy yo, y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca”.
“Yo se lo quiero marcar al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como ‘polémica y cuestionable’… Que diga: ‘Yo creo que es así’, entonces. Yo a eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree”, aseguró Fernández.
La conductora le respondió: “Le puedo decir por qué le dije ‘polémico’ y ‘cuestionable’… “. A lo que Alberto agregó: “Porque usted lo cree”. “No: porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo”, indicó la periodista.
Allí fue cuando el presidente le aclaró: “Está equivocada, así que lo que yo le recomiendo es que, además, lea la Constitución. El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes”.
Así lo exigió Carlos Zannini, el procurador general del Tesoro. Consideró “nula” una resolución de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que frenó el pago.
El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, favoreció a Amado Boudou al revocar el cobro de una pensión vitalicia al ex vicepresidente tras su condena a cinco años de prisión en la causa Ciccone.
En el dictamen, el funcionario opinó que las resoluciones de la Oficina Anticorrupción y la ANSeS “son nulas de nulidad absoluta”. De esta manera, el abogado del ex ministro de Economía podrá presentarse -si ya no lo hizo- ante la Justicia para reclamar una pensión equivalente a las dos terceras partes del sueldo de un juez de la Corte Suprema, es decir unos 400 mil pesos, más los pagos atrasados durante los últimos cuatro años.
La discusión se centra en los alcances de ley N° 24.018 sobre las jubilaciones vitalicias para los vicepresidentes de la Nación, a partir del cese en sus funciones. La administración de Mauricio Macri consideró que un condenado por perjudicar al Estado, como en otros países del mundo, no puedo cobrar una pensión del Estado. En cambio, para Zannini la ley dice que solo no puede cobrar si el vicepresidente fue removido por un juicio político del Congreso.
Recordemos que Boudou está excarcelado por un polémico fallo relacionado con el coronavirus.
“El beneficio solicitado, pese a su condición de titular del derecho subjetivo público a obtenerlo, aparece desprovista de fundamento legal, ya que introduce una hipótesis de inaplicabilidad de la Ley N.° 24.018 que ella no prevé, lo cual violenta la pauta interpretativa que desaconseja distinguir donde la ley no distingue”, precisa el texto firmado por Zannini.
“Desde esa perspectiva, deviene inoficioso ingresar en consideraciones acerca de la eventual existencia de sentencias condenatorias –firmes o no- contra el licenciado Boudou”, agrega. Desde el kirchnerismo duro sostienen que una condena está firme cuando la ratifica la Corte.
El jefe de gabinete brindó su primer informe de gestión en el Congreso y respondió preguntas de la oposición.
En medio del malestar de la oposición con el oficialismo por el incumplimiento del acuerdo de trabajo parlamentario durante la cuarentena, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero dio su primer informe de gestión en el Congreso con fuertes críticas al Gobierno de Mauricio Macri.
“Nuestro país ya estaba en emergencia antes de la pandemia” enfatizó Cafiero, pero recalcó que el cambio que generó el covid-19 a nivel mundial, necesitará del trabajo de todos para lograr “que el futuro que nos espera sea más justo y solidario. El peligro todavía no pasó. Antepongamos la responsabilidad por sobre nuestras diferencias”, insistió.
Vale destacar que la sesión se realizó en forma remota, como parte de las restricciones para reducir el riesgo de contagios de COVID-19. Aunque Cafiero asiste a la Cámara alta acompañado por asesores, la mayoría de los legisladores participa de manera virtual.
Las frases más destacadas:
“Entre 2015 y 2019 se perdieron 230.000 puestos de trabajo, 25 mil pymes cerraron, la pobreza aumentó al 35% y cuando llegamos las obras públicas estaban paralizadas”.
“La pandemia y no la cuarentena es la que provocó una crisis de ingresos en las familias argentinas” y destacó que “actualmente 9 millones de personas están cobrando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.
“Hace falta un nuevo contrato social en Argentina que incluya tres ejes fundamentales: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental”.
“El coronavirus va a pasar. La pandemia va a pasar. En el mundo, en la Argentina. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Ahí hay un libro que todavía no se escribió. Vemos que hay un debate profundo sobre una nueva arquitectura institucional a nivel global”.
“Se aprobará por unanimidad la ley de restauración de la deuda pública, es un mensaje en voz alta que se escuchó en el mundo y es parte del reflejo para negociar una deuda contraída de manera irresponsable, que es impagable y se hace tremendamente injusta en la espada de los argentinos”.
“El “punto de partida” de la gestión del presidente Fernández en diciembre de 2019 fue una inflación del 53,8% y una “deuda pública que pasó a representar el 90% del PBI, además de una pobreza del 35%”.
“Nuestro país claramente ya estaba en pandemia. La arquitectura del gobierno anterior direccionaba la política pública hacia la especulación y la financialización de la economía. El peronismo debía torcer esa voluntad política de un gobierno que sólo había producido más miseria y pobreza”, insistió.
“La decisión estratégica de nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y la ejecución táctica de nuestro presidente para consolidar una unidad política que derrotara a un gobierno de hambre y miseria”.
“Con respecto a las jubilaciones es importante destacar que, con la fórmula del Gobierno anterior, los jubilados perdieron un 20% del poder adquisitivo entre 2017 y 2020. Ahora estamos transitando un momento en el que las jubilaciones le están ganando a la inflación”, aseguró Cafiero. En tanto, subrayó la adjudicación de bonos a los jubilados que cobran la mínima en diciembre, enero y marzo. “Esto es para nosotros llevar adelante una política de la ética y de la responsabilidad, que ponga a los últimos primeros”.
Si Alberto Fernández sigue por este camino, tal vez logre su objetivo de ser peor funcionario que Cristina.
Hasta ahora, yo creía que lo de Cristina Fernández, era insuperable. Hoy tengo mis dudas. Siempre le dije y no me canso de decir que la actual vice presidenta y jefa política del gobierno era la persona que más daño le había hecho a la democracia y a la convivencia de los argentinos y la que más daño le puede seguir haciendo. Pero debo reconocer que Alberto está haciendo méritos y le pone garra. Tal vez consiga superarla como la patrona del mal de nuestro bendito país.
Cristina es autoritaria, corrupta, altanera, mentirosa, vengativa, mezquina y maltratadora. Pero sabe a dónde va. Tiene muy claro su rumbo que es llevar este país hacia un régimen antidemocrático como el de Venezuela o el de Santa Cruz, al que fundaron y fundieron, junto a su difunto marido. Alberto ni siquiera sabe a dónde va. Está confundido, errático, va para allá y dice una cosa y después va para acá y dice otra. Ese truco falaz de decirle a cada uno lo que quiere escuchar, lo convirtió en esa patética marioneta que Lanata consagró en la tele y que en las redes se tradujo en los apodos de Alber- títere o Alverso.
Carlos Pagni esta mañana escribió que Alberto está a cargo del timón de un Titanic que ni siquiera tiene un témpano adelante. El contenido ideológico chavista lo pone Cristina y Alberto aporta la mala gestión y el fracaso de sus medidas. Vamos rumbo a los 100 días de la cuarentena más larga del mundo y Alberto se muestra desesperado porque viene el impacto más criminal de la pandemia. ¿Qué hicieron hasta ahora? ¿Tratar de culpabilizar a Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal de los dramas que se vienen?
Es la especialidad de este cuarto gobierno K: buscar culpables para tirarles el fardo en lugar de buscar soluciones a los problemas. Primero le apuntaron a los chetos que viajan, después a los porteños, a los millenials estúpidos, a los periodistas que fomentan la angustia, a los vendedores de ropa, a los contadores, a los más humildes que viven en los barrios vulnerables y sobre todo al enemigo principal: los runners que corren en los parques. No se puede creer, pero es cierto. Todos los días demonizaron a alguien. El diputado Waldo Wolf hizo un resumen y le pidió a Alberto que dejara de dividir a los argentinos y lo llamó “déspota”.
Estigmatizar a personas que trotan al aire libre en una locura. Según todos los estudios, esa actividad es de bajísimo riesgo de contagio y por el contrario son los geriátricos, los hospitales, los lugares cerrados donde más se multiplica el virus. Pero además, el Conurbano está lleno de gente por las calles. Y en los sectores más pobres, el gobernador Kicillof no controla nadie. Muy pocos están haciendo la cuarentena estricta en la provincia. Axel y Alberto ven la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio. Y como si esto fuera poco, la persona que más viajó por las provincias y que menos se cuidó fue el propio presidente. Sin barbijo, a los besos y los abrazos, con gente apretujada y sacándose selfies con medio mundo. Igual que un reto a chicos de jardín de infantes, Alberto dijo: “querían pasear, querían correr, salgan, ahí tienen las consecuencias”. Incomprensible.
Pero anoche por televisión, Alberto mostró otras caras peores que esta. Primero, minimizando la hecatombe económica que se ha generado y la bomba de fragmentación que significaría entrar en el noveno default. Argentina campeón del mundo. Dijo que no le preocupaba tanto el tema del default. Tiró la pelota afuera frente a las graves complicaciones que pueden potenciarse para conseguir un crédito para el estado, las provincias y las empresas privadas. Su postura canchera y displicente es un crimen de lesa irresponsabilidad.
Y como si esto fuera poco anunciaron que se prolonga por 180 días la suspensión de la movilidad jubilatoria. Eso significa que a los adultos mayores les van a meter otra vez la mano en el bolsillo. También informaron que van a pagar en cuotas el aguinaldo de los empleados públicos. Hasta sindicalistas chavistas como Hugo Godoy o peronistas como Andrés Rodríguez, pusieron el grito en el cielo y repudiaron la decisión. Los 500 trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes cortaron el puente Pueyrredón reclamando que el gobierno expropiara esa empresa. Por ahora no hay respuesta. El dueño, es un capanga insensible llamado Ricardo Bruzzese. Es el amigo de Cristina que inventó el programa “carne para todos”. Ahora podría hacer el “desocupación para todos”.
En plena crisis, donde miles y miles de puestos de trabajo se destruyen, Latam se va del país y deja a 1.500 trabajadores en la calle y el gobierno y la Cámpora lo sienten como un gran triunfo. Lograron echar a Latam. Le hicieron la vida imposible desde la fuerza que conduce Máximo Kirchner y gracias a un salvaje como Pablo Biró que además, propuso que el estado se quede con los aviones. ¿Cuántos juicios vamos a tener que pagar los argentinos después de este pésimo gobierno? ¿Soberanía aeronáutica o monopolio ineficiente de Aerolíneas? El mundo entero se rompe el lomo para facilitar inversiones privadas y Alberto y Cristina celebran que quiebren las empresas o que se vayan. Es cierto que la pandemia afecto a todas las empresas de aeronavegación. Pero Latam, que opera en muchos países, solamente se fue de un lugar: de Argentina. Una ironía de tuiter decía: “A partir de este momento Argentina anuncia que ha dejado de operar”.
Pero lo más grave desde lo institucional y republicano fue el desconocimiento que demostró de las leyes y el maltrato de machirulo del que hizo gala, tras una pregunta de nuestra compañera de radio Mitre, Cristina Pérez. Esta mañana, Marcelo Longobardi dijo que Cristina le hizo “algunas preguntas muy apropiadas que generaron una reacción muy molesta del presidente. Se ve que no le gustan algunas preguntas. Alberto anoche, dijo Marcelo, mostró una versión más agresiva y más molesta de un presidente más radicalizado y más nervioso. Alberto ya lo había anticipado cuando dijo que los argentinos lo íbamos a entender “por las buenas o por las malas”.
Cristina Pérez fue muy profesional. Preguntó a fondo y puso el dedo en la llaga por la apropiación de Vicentín. Para eso estamos los periodistas, para incomodar al poder. Para ser la piedra en el zapato. Para ser abogados del hombre común y fiscales del poder. Por eso Cristina Pérez paró en seco al presidente y le dijo: “La periodista soy yo y tengo derecho a preguntar lo que me parezca”.
Alberto montó en cólera y le quiso dar clases de periodismo. Dijo que no debía utilizar tantos adjetivos. ¿En dónde está escrito eso, profesor Fernández? ¿En qué facultad estudió periodismo usted? Después le quiso dar cátedra de su especialidad, el derecho. Y allí también se equivocó. El doctor Alejandro Fargosi aseguró como profesor de Concursos y Quiebras de varias universidades que, si un alumno le daba como respuesta lo que dijo el Presidente, lo bochaba y lo calificaba con un uno.
El feminismo es una bendición que lucha por los derechos, la igualdad y en contra de la violencia de género. Pero cuando una parte del movimiento es cooptada por el cristinismo, se transforma en una Unidad Básica que oculta los ataques a los que no piensan como ellas. Eso le quita legitimidad a esa lucha. La parcializa. Hasta ahora esas agrupaciones no han dicho nada de la forma belicosa en la que Alberto se dirigió a Cristina. A Cristina Pérez, por supuesto. Con la vice, siempre se queda con la última palabra: “Si, Cristina, Si Cristina”.
Con la Pérez fue un matón. Pero con la Kirchner ni se inmutó cuando ella le expropió el sillón de Rivadavia. Fue por la soberanía cristinista.
Editorial de Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra, por Radio Mitre.
Con gran decepción nos llegó la noticia del cierre de la filial en nuestro país de la empresa Latam. Desde hace tiempo la compañía venía luchando contra las miles de trabas impuestas desde el mismo sector aeronáutico que, en sintonía con el oficialismo de entonces, saboteaban su normal funcionamiento y hoy se concreta la batalla perdida, se va del país y deja a más de 1700 trabajadores en la calle.
Podemos hacer una cronología de las acciones que erosionaron a Latam y que terminaron obligando su cierre, sin dejar de reconocer que también esto es producto del impacto que está teniendo la pandemia del Covid-19 en todos los sectores económicos.
Víctima de un largo proceso de sabotaje, encabezado principalmente por Aerolíneas Argentinas, al que se le sumaron los gremios liderados por Pablo Biró, entes de aprobación, aeropuertos, servicios de apoyo terrestre y la infaltable mano de La Cámpora.
La compañía en 2012 tuvo el primer inconveniente al intentar incorporar una nueva aeronave, lo cual fue impedido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), encabezada por Alejandro Granados, hijo del intendente de Ezeiza.
Un año después, el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA), también manejado por La Cámpora, le informó a la empresa que debía desalojar en 10 días el hangar que manejaba en Aeroparque, desde donde la firma operaba hacia 13 destinos locales con 10 aviones. El mismo ORSNA ya había salido al cruce de la compañía cuando frenó la incorporación de un Airbus 320 para el mercado local y de un Boeing 767 para aumentar sus frecuencias internacionales.
Intercargo se unió al boicoteo del servicio de rampas para LAN. Por ellos, Jorge Said Yarur, empresario chileno y accionista de LAN y LATAM, denunció el pago de un sobreprecio para poder continuar operando. Yarur señaló a María Cecilia García, titular de Intercargo.
Tras la salida del kirchnerismo del gobierno, los sindicatos aeronáuticos afines a La Cámpora acusaron al Gobierno de Cambiemos de de favorecer a la compañía en contra de Aerolíneas, debido a la designación como vicejefe de Gabinete de Gustavo Lopetegui, ex gerente de Latam.
Paralelamente a esto, una imputación por el pago de una coima tenía como protagonistas funcionarios del kirchnerismo, Julio De Vido y Ricardo Jaime. Según trascendió, tras el hallazgo de miles de mails que guardaban las computadoras de Jaime Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte, LAN había desembolsado más de un millón de dólares por una consultoría inexistente, que sirvieron para pagar la falsa auditoría después de que Jaime firmara la autorización para que la empresa instalara su filial en Argentina.
A Latam nunca se le permitió una competencia justa y así se fueron erosionado todos sus flancos de operación. En el último tiempo, frente a lo devastador que significó la pandemia del Coronavirus, los sindicatos coercitivamente le impidieron a la empresa reducir sueldos, como si lo admitieron otros gremios en distintas actividades
Debe tenerse presente que la compañía sigue operando perfectamente en otros países vecinos, en ninguno de los cuales ha sufrido como en el nuestro, la cantidad de problemas y obstáculos que ha debido sortear aquí.
Sin dudas, el objetivo de todas las maniobras era sacar del mercado a la línea aérea chilena para lograr así el ansiado monopolio al que aspiraba Aerolíneas Argentinas, en contra de todo pronóstico. De esta forma están matando el turismo, están matando empleos, están matando empresas y están aumentando los problemas de la economía.
Artículo escrito en Infobae por Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y diputado nacional por Juntos por el Cambio.
Otro embate del kirchnerismo al máximo tribunal de Justicia. En un audio que se viralizó, se lo escucha al juez Alberto Lugones pidiéndole a otros magistrados que “no lloren”, garantizando que iban a cobrar el aguinaldo completo.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quedó en el centro de la polémica luego de que se filtrara un audio de WhatsApp, en el que le afirma a un grupo de jueces que sólo podrán contar con el dinero del fondo anticíclico que tiene la Corte cuando “haya una mayoría diferente” en el máximo tribunal.
“No lloren, che. Se les están pagando, el aguinaldo del Poder Judicial se paga ahora. Y el sueldo de julio también lo van a cobrar íntegro. A ver. Tengan un poquito más de fe en la conducción y en la muñeca. No pueden ser tan llorones. Y la Corte no va a largar un mango en la puta vida”, dice la voz viralizada en los chats de varios magistrados.
Lugones está al mando del órgano que se ocupa de seleccionar e integrar las ternas de candidatos para ocupar juzgados nacionales y sancionar su disciplina. Asumió en febrero, cuando fue elegido como representante de la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados, afín al oficialismo. Antes de ello, Lugones había sido uno de los adherentes originales de la agrupación ultra K Justicia Legítima.
En las últimas semanas el juez protagonizó varias controversias por sus dilaciones en responderle a los tribunales orales federales que están a cargo de causas por corrupción en el kirchnerismo, que le pedían al Consejo ayuda tecnológica para poder continuar con las audiencias por vía online mientras dure la cuarentena.
Al TOF 2, que juzga a Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, le respondió que debía esperar a que antes le contestaran a otros 300 pedidos, que habían llegado antes al Consejo o eran considerados “más urgentes”. Cuando los miembros del Tribunal objetaron esa decisión, y la cuestión llegó a los medios, Lugones volvió a sorprender, diciéndoles que hubiera preferido que se reclamo se hubiese mantenido en reserva.
Como administrador del presupuesto del Poder Judicial -excepto la pequeña fracción que maneja directamente la Corte para sus gastos- el Consejo de la Magistratura es el órgano al que llegan todos los reclamos para cubrir necesidades salariales y materiales de los juzgados y tribunales nacionales. Con una notable caída de ingresos propios causada por la reducción de actividades por la feria judicial extraordinaria disparada por el coronavirus, y aumentos salariales comprometidos desde el año pasado, la Magistratura le solicitó a la Corte que le transmita al gobierno un pedido de 4.000 millones de pesos para poder pagar los sueldos y aguinaldos.
Aunque la cifra necesaria para cubrir las necesidades hasta fin de año es cuatro veces más grande. El máximo tribunal no respondió ese pedido, que venía acompañado por otro: que la misma Corte colaborara con un envío de fondos provenientes de sus ahorros, depositados en un fondo anticíclico cuyo valor rondaría los 30.000 millones de pesos.
En ese marco, Lugones envió su polémico audio. “Creo que lo único que puede largar es cubrir los gastos que hicimos de insumos para el tema salubridad, higiene y todas las demás cosas que se aprobaron en los últimos días. Eso se va a aprobar. Es lo único que van a dar. Después olvídense. Olvídense. Olvídenlo. La Corte eso lo tiene no sé para qué pero lo tiene. Habrá que cambiar a los ministros de la Corte, que haya una mayoría diferente y en consecuencia, con una mayoría diferente, se podrá disponer del capital ese que tienen guardado y los intereses, de manera que sea productivo para el Poder Judicial”, concluye.
