A partir de julio, las audiencias se realizarán todos los miércoles de forma remota para cumplir con el distanciamiento social preventivo. El empresario seguiría el proceso desde su celda.
La Cámara Federal de Casación dio lugar el reinicio remoto del juicio oral a Lázaro Báez, sus hijos y otros procesados por presuntas maniobras de lavado de dinero calculadas en al menos 60 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones. Los actos delictivos se habrían registrado en Santa Cruz entre 2010 y 2013 durante la segunda gestión presidencial de Cristina Kirchner.
El máximo tribunal penal federal del país desestimó un recurso de queja de la defensa del empresario, quien se opuso a la reanudación del debate oral suspendido desde marzo pasado a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 4, que convocó a una audiencia virtual para el próximo miércoles 24 de junio a las 10 con el fin de continuar con la etapa final del debate, en el que ya se escucharon alegatos acusadores de la fiscalía, y las querellas de la Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera y AFIP.
Los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo rechazaron la queja de Báez, quien buscaba suspender el reinicio del debate con el argumento de haber nombrado un nuevo abogado que necesitaba tiempo para conocer el expediente. Así, el Tribunal respondió que la totalidad de la causa está a disposición de manera digital para todas las partes.
Las audiencias del juicio se harán todos los miércoles durante julio a través de la plataforma de videoconferencia “Jitsi Meet” o “aquella que resulte más adecuada·” para cumplir con el distanciamiento social preventivo, dispuso el Tribunal.
Báez podrá seguir la audiencia desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido. Además de él, son juzgados su ex abogado Jorge Chueco, su ex contador Daniel Pérez Gadín, Fariña, el empresario Fabián Rossi y el financista Federico Elaskar, entre otros.
Todos están procesados por presunto lavado de dinero, producto de supuestos ilícitos cometidos con la obra pública en Santa Cruz adjudicada a empresas del grupo Báez, según indica la acusación.
Se trata del segundo juicio con más de 20 acusados que se retoma desde marzo pasado en los tribunales federales de Retiro, tras el registro de los primeros casos de coronavirus en el país y la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar su propagación.
