Se trata del expediente que la investiga por corrupción en la obra pública. Las audiencias serían por Internet y requieren la conexión simultanea de unas 50 personas, pero desde el Consejo aún no pueden garantizar que funcione correctamente.
Bajo el contexto de cuarentena que vive la Argentina hace dos meses y una feria judicial de vacaciones, la Corte Suprema recomendó en las últimas horas a los Tribunales federales que planteen alguna estrategia para reactivar los juicios que se encontraban en pleno desarrollo previo a la pandemia.
El TOF 2 que juzga a Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, solicitó un informe al Consejo de la Magistratura para conocer si existe la posibilidad de llevar a cabo las audiencias de forma online, que demandaría unas 50 personas conectadas a la vez. Sin embargo la respuesta que llegó del organismo fue poco alentadora: indicaron que el sistema por ahora no lo resistiría, pero que se trabaja en mejoras para lograrlo.
La respuesta, a la que accedió Clarín, señala que “por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones que cuando los superiores así lo indiquen se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido”. Fue el primer planteo anticipando que las condiciones actuales no permiten la realización de forma virtual de un juicio con demasiados imputados. Así, ante los requerimientos formulados por el TOF 2 y otros Tribunales, “se está desarrollando una plataforma (con Arsat) que asegure mayor conectividad, tal como requieren los juicios grandes”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
El Consejo de la Magistratura es el responsable de las inversiones que deben volcarse al Poder Judicial, como también de la cobertura de sus gastos para el normal funcionamiento. Como informó Clarín, está requiriendo un salvataje del Tesoro Nacional de $ 16.000 millones para llegar a fin de año. Los fondos que poseen sólo logran la cobertura de los salarios (el 97% de su partida) hasta junio y gracias a la ayuda del Gobierno por más de $ 7.400 millones.
Señalan además que no todos los expedientes se encuentran digitalizados y que el sistema suele tener dificultades para garantizar fluidez en las audiencias. El LEX100 que registra todos los movimientos en las causas suele “caerse” lo que impide acceder al mismo, entre otros traspiés que han sufrido jueces y fiscales.
Con este panorama, más los recursos financieros que el Consejo está requiriendo para garantizar el funcionamiento de la Justicia, el informe remarca que la Dirección de Tecnología, “con buen criterio ha estado trabajando en modalidades que permitan esta nueva operatoria flexible. Hasta recibir nuevas indicaciones de los superiores no cuento con fechas ni detalles que pueda comunicar”.
Cristina comenzó a ser juzgada el 21 de mayo de 2019 por presuntos hechos de corrupción. El TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, inició las audiencias en las que se acusó a la ex Presidenta como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al haber direccionado obra pública vial a favor del Grupo Austral. En números, fueron 51 contratos por $ 46.000 millones, que según la imputación fueron adjudicados “bajo diversas irregularidades”.
Desde el radicalismo sostienen que fueron más de 100 los que pasaron la frontera en tiempos de pandemia para cobrar el Ingreso Familia de Emergencia y otros beneficios, como jubilaciones o AUH.
Martín Hernández, titular de la UCR de la provincia de Formosa, denunció públicamente y ante la Justicia que al menos 130 ciudadanos paraguayos cruzaron la frontera de manera ilegal para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros planes sociales que otorga el Gobierno a través de la Anses, como auxilio financiero para los habitantes de la Argentina en medio de la crisis que desató el coronavirus.
El dirigente insiste en que “no es una práctica nueva” ya que en 2011, con su espacio habían “denunciado a 5.000 extranjeros que utilizaban esta metodología”. “Hemos iniciado 87 causas en las que hay 4780 imputados, que comenzaron con domicilios falsos por razones electorales”, aunque lo más preocupante es que, según el dirigente, tienen el aval del gobernador peronista Gildo Insfrán.
“Esto es una problemática en zona de frontera desde hace muchísimos años, que hoy se ve focalizada por esta situación de riesgo por la pandemia y la posibilidad de que el cruce por la frontera de muchos extranjeros pueda perjudicar nuestra situación sanitaria. La realidad de extranjeros que cobran beneficios sociales y previsionales en Argentina es parte también de una maniobra, hasta diría de una mafia, que se ha dedicado durante muchísimo tiempo a generar DNI truchos, con domicilios truchos, y entregar beneficios sociales y previsionales como parte de una maquinaria electoral”, denunció Hernández en diálogo con una radio de la provincia.
Como si fuera poco, la acusación también involucra a Luis Adolfo Benítez Perrier, tío del presidente guaraní Mario Abdo Benítez. Según la presentación, desde 2011 cobra una jubilación por moratoria de la Anses con un domicilio declarado en la ciudad formoseña de Clorinda, pese a no haber vivido nunca en Argentina y haberse jubilado en Paraguay como funcionario público.
“Ya de un delito electoral se convierte en un delito económico de fraude a la administración pública. Y en esta época de pandemia se suma que están cruzando y violando las normas de prevención sanitarias, trayendo el riesgo del coronavirus”, argumentó Hernández.
Según el referente de la UCR, la maniobra “tiene un elemento que es fundamental, que es el domicilio falso. Esta gente para cobrar un beneficio en la Argentina necesita declarar uno, como sucede en el caso del tío del Presidente (de Paraguay). El problema inicial es cuando el Registro Civil de Formosa le coloca en el DNI un documento trucho al paraguayo o a la persona extranjera que viene y lo solicita”.
Ignorando el distanciamiento social, de la comida participaron funcionarios de los tres poderes del Estado e intendentes de su provincia.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue denunciado penalmente por organizar un asado con funcionarios de los tres poderes del Estado e intendentes de su provincia a pesar de la cuarentena obligatoria que rige para detener el avance del coronavirus.
La referente local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Alejandra Martínez Romero y el abogado Gustavo Morales, fueron quienes radicaron la acusación. En el escrito, tomaron como fuente la columna publicada el sábado en el diario local La Gaceta, en la nota “Fraude al Octavo Mandamiento” que salió en la sección “Fuera de Contexto”, es redacta el secretario de Redacción Federico Türpe.
Según los denunciantes, la comida se habría realizado en la casa de la diputada Del Valle Medina y de su esposo, el intendente Monteros, en la localidad de Banda del Río Salí, 8 kilómetros al este de la capital tucumana.
Además del mandatario provincial, también están involucrados el vocal de la Corte Suprema local, Daniel Leiva; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; a los ministros del Interior, Miguel Acevedo, de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y de Salud, Rossana Chahla. Además acusaron a la diputada nacional del Frente de Todos Gladys del Valle Medina; al vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Gerónimo Vargas Aignasse; y a los intendentes peronistas Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes).
De acuerdo a lo presentado por Martínez Romero y Morales, los funcionarios “violaron lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/2020, en particular el artículo 4, donde se establece que ante un supuesto de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio corresponde la inmediata intervención de la Justicia Penal”.
El escrito especifica que los funcionarios incurrieron en un “delito doloso”, contemplado en el artículo 205 del Código Penal. “La doctrina nacional califica el delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal (al que hace referencia el decreto 297/20) como de peligro abstracto; es un delito doloso, y el autor debe conocer el deber impuesto por las medidas, la situación de riesgo de pandemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto“, precisa.
“El autor debe conocer el deber impuesto por las medidas sanitarias, la situación de riesgo de epidemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto“, sentenciaron en la denuncia.
Así se expresó la ex gobernadora en un videoconferencia con dirigentes del PRO de Córdoba.
En tiempos de pandemia, las charlas privadas y los encuentros virtuales se convirtieron en el ámbito preferido de María Eugenia Vidal para opinar sobre la coyuntura política y las tensiones entre el oficialismo y la oposición.
La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires viene manteniendo reuniones con intendentes, legisladores y militantes del PRO. Y este martes le tocó el turno a la militancia de Córdoba, con la diputada nacional, Soher El Sukaria, titular del PRO Córdoba de la Capital; y el jefe del bloque en Diputados Cristian Ritondo, como moderadores.
Además de una breve exposición, el sistema permitía que Vidal responda preguntas de los participantes. Entre otras consultas, surgió: “¿Fuimos ingenuos?”. La ex mandataria bonaerense respondió, seria: “No me arrepiento de haber hecho muchas cosas bien aunque políticamente no fueran redituables”.
Al preguntarle si la Argentina podría ser un país “libre y con justicia”, Vidal afirmó: “Depende de nosotros. De nadie más. De nuestro compromiso. Yo estoy, no me creo que puedo sola, y estoy para empujar el carro que estaba encajado (citando la metáfora que usó Mauricio Macri en 2018 en plena crisis económica). Sin preguntar quién encajó el carro, si fue ayer, si fue hace un mes, si hay uno que mira y no ayuda, estoy para empujar el carro”.
En otro tramo del Zoom, la ex funcionaria planteó que la crisis supone una oportunidad para “pelearla en serio, y de verdad. Como lo hicimos alguna vez. El PRO ya pasó por esto. Estamos acostumbrados a arrancar bien desde abajo y, con método, trabajo, profesionalismo, y con compromiso, hacer la diferencia. Ya lo hicimos una vez. Y no tengo dudas que podemos volver a hacerlo”.
“Yo estoy, estoy para pelearla, para acompañar, para estar cerca de la gente, para mostrar que hay otro camino. Porque estoy convencida que hay otro camino”, agregó. Sin dar nombres, también apuntó a los que “no tienen humildad”, y cerró: “También tenemos que mostrar nuestra capacidad de aprender, siempre desde humildad. Nadie es infalible y siempre me da miedo un dirigente que cree que no se equivoca. Creo en otra forma de hacer política: creo en un hacer diciendo la verdad, reconociendo errores, en equipo”.
El ex secretario de Salud de Mauricio Macri aseguró que “probablemente tengamos entre 80 y 100 mil contagiados reales en el país”.
El Ministerio de Salud confirmó este martes 438 nuevos contagios de coronavirus en el país y marcó un nuevo récord diario desde que se desató la pandemia. Al momento, la cantidad de infectados llega a 8.809 mientras que la cifra de víctimas fatales asciende a 393.
En medio de la cuarentena y las medidas de flexibilización que se tomaron en muchas provincias y juridiscciones, la curva de contagios va creciendo con el paso de los días y en el Gobierno tienen decidido extender el aislamiento estricto en AMBA hasta el 8 de junio.
Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud durante la gestión de Mauricio Macri, reveló en Palabra de Leuco que “de los casi 9 mil casos que hay ahora reflejados en el país, probablemente tengamos entre 80 y 100 mil. No hay una aceleración de casos más allá de que suba la curva, pero estamos detectando los casos que ya existen, los que son reales”.
“Es muy interesante”, dijo el ministro de Trabajo Claudio Moroni. La iniciativa fue impulsada por la diputada Fernanda Vallejos y afectaría a las compañías que sean asistidas por la pandemia.
En medio de una crisis agobiante que atraviesa el empresariado por efecto de la pandemia y la incertidumbre de cuánto durará la cuarentena, una propuesta del ala dura del kirchnerismo generó aún más preocupación en el sector. Ayer la diputada Fernanda Vallejos planteó que el Estado “se quede con parte” de las compañías a las que ayuda económicamente para sobrepasar esta etapa.
“Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.
A pesar del repudio masivo de la oposición, este martes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que “le parece muy interesante”. En diálogo con Radio con Vos, el funcionario afirmó que esta idea “se está discutiendo a nivel mundial” y es un “tema realmente interesante”, aunque aclaró que hay “algunos problemas operativos” para aplicar una medida así. “Tendríamos que hacer una modificación legal, no está dentro del ámbito de las posibilidades de una resolución del Ministerio”, copinó.
Entre los referentes de Juntos por el Cambio que expresaron su enojo por la propuesta, se destaca Patricia Bullrich, quien apuntó en Twitter: “El Presidente manda a Vallejos a presentar un proyecto que convierte a la Argentina en la Venezuela de Chávez. Hambre y pobreza extrema al grito de ‘exprópiese’. El dinero es de la gente, no son los dueños del país”.
“Y después dicen que la Venezuela de Maduro es idea de la oposición. El Presidente tampoco sabía de esto mientras los argentinos seguimos en el hogar?“, escribió el legislador Waldo Wolff.
Mientras la inmensa mayoría de los argentinos está preocupado y ocupado con el drama de la pandemia, Cristina y su tropa, aprovechan para consolidar su proyecto chavista que incluye una repudiable autoamnistía.
La ley de autoamistía fue el último intento de fuga de la dictadura militar. El candidato a presidente del peronismo, en 1983, Italo Luder en campaña electoral, prometió garantizar la vigencia de semejante ilegalidad e inmoralidad que pretendía darle impunidad al terrorismo de estado. Luder perdió las elecciones, pero Cristina y Néstor, lo apoyaron con su militancia desde Río Gallegos.
Hoy Cristina está liderando un plan sistemático para lograr impunidad para ella, sus hijos y el cártel de los Pinguinos. Eso se llama autoamnistía.
Cristina sabe que mientras el cuarto gobierno kirchnerista esté en el poder, ella jamás va a ir a la cárcel. Pero, para quedarse absolutamente tranquila, quiere voltear todas las causas y a todos los jueces que la involucraron en los 8 procesamientos y juicios orales que tiene en marcha. Quiere hacer borrón y cuenta nueva. Que su prontuario quede virgen, en blanco, como si nunca hubiera sido la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al estado. Y ya le dije que está muy apurada, casi desesperada por hacerlo cuanto antes. Todos los días hay un paso más, todos los días hay una señal del copamiento absoluto que están haciendo de la justicia. Lidera esto, el vice ministro Juan Martín Mena quien fue segundo jefe de los espías de la presidencia de Cristina.
Todas las piezas fueron distribuidas estratégicamente en ese ajedrez de la “Injusticia Legítima”. Carlos Zannini, alter ego judicial de la actual vice, es el jefe de los abogados del estado. Después del reclamo de Oscar Parrilli, el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, hoy también pidió ante la Justicia la nulidad de la acusación en su contra en la causa por la firma del tenebroso pacto firmado con Irán. Asimismo, exigió que quede sin efecto la elevación a juicio oral del caso que tienen como principal acusada a Cristina Kirchner a Juan Martin Mena y al propio Zannini.
Hay que recordar que el 7 de diciembre de 2017 fue el juez Claudio Bonadio el que pidió el desafuero y prisión preventiva de la ex Presidenta. En aquel momento, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA. Según la justicia, la ex Presidenta y sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.
Los privilegios que le dieron a Amado Boudou van claramente hacia el mismo lado. El juez Daniel Obligado lo mandó a su casa pese a que diez días antes había rechazado esa prisión domiciliaria. El fiscal Javier de Luca se negó a apelar semejante arbitrariedad. En consecuencia, Boudou por ahora, no volverá a la cárcel hasta que la Corte Suprema de Justicia lo decida. ¿Qué tema para la Corte, no? ¿Callará la Corte? En este caso más que nunca, el que calla, otorga.
Javier de Luca, obviamente, es un abogado parido por Eugenio Zaffaroni, un soldado de Cristina que incluso en su momento, ya había determinado que en el caso Ciccone, no había delito. Y nadie olvida que pidió tres veces que se desestimara la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina por el encubrimiento a los terroristas que volaron la AMIA. A De Luca solo le falta proponer que le hagan un monumento tanto a Cristina como a ese malandra de estado llamado Amado.
El caso Boudou en clave por varios motivos. Primero porque fue el vice de Cristina elegido solo por ella. Segundo porque está condenado en doble instancia a 5 años y 8 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y todavía tiene varias causas graves por delante, como la de enriquecimiento ilícito o la coima de dos millones de dólares que le pagó el gobernador de Formosa, Gildo Insfran. Y además, queda claro que no estaba en prisión preventiva, ni tenía ningún riesgo ante el virus. Sin embargo ahora está en su casa con su familia. La situación más explosiva es que Cristina quiere salvar a Boudou, pero para Alberto, eso es tragar un sapo del tamaño de Casa Rosada. Alberto no lo quiere, porque Boudou volteó de un plumazo a Esteban Righi, uno de sus mejores amigos y porque en televisión dio por sentado que era culpable e involucró en el tema a su actual jefa, Cristina. Dijo que las dos máculas con las que se iba a ir Cristina del gobierno eran la estatización de Ciccone para borrar pruebas y el Pacto con Irán.
Otra pieza del rompecabezas de la autoamnistía es Felix Crous. El jefe de la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en dos de las causas en la que Cristina y sus hijos están hasta las manos junto a sus dos socios: Lázaro y Cristóbal. Hablo de Hotesur y Los Sauces. Juan Martín Mena, también está a cargo del programa de los testigos que se arrepintieron y denunciaron con pelos y señales los mecanismos del gobierno más corrupto de la historia democrática. Esa gente siente pánico. Los tiraron a la jaula de los leones.
El rol de Horacio Pietragalla operando para que liberen a Luis D’Elía, Ricardo Jaime y Martín, el hijo de Lázaro Báez es parte de ese engranaje del nacional populismo que se hace la víctima y que justifica todos los delitos que cometieron como si fueran perseguidos políticos. Ni ellos se creen esas falsedades.
Los Kirchner nunca respetaron los fallos judiciales. En Santa Cruz no cumplieron ninguna de las 6 órdenes que les dio la Corte para reponer al procurador Eduardo Sosa, separado de su cargo por su honradez y valentía. Ya vimos como Cristina en su alegato histórico, repitiendo palabras de Fidel Castro, dijo que la historia la había absuelto y que los jueces iban a tener que responder preguntas.
Esa es la consolidación del vamos por todo. Y ese el nombre del totalitarismo. Apropiarse del estado para instalar un gobierno eterno que nunca más se vaya del poder. Tal como hicieron en Santa Cruz. El chavismo vino después como justificación ideológica. Pero el feudalismo ladri progresista fue un modelo que nació en Santa Cruz. Clientelismo feroz con catarata de empleados públicos, justicia domesticada y legislatura con mayorías absolutas. Si a eso le sumamos a los medios y los periodistas puestos de rodilla con pauta o látigo, llegamos a la suma del poder público. Eso fue y es Santa Cruz. Eso es Venezuela y en eso quieren convertir a nuestra sufrida Argentina.
Este objetivo demuestra que volvieron mucho peores, con actitud revanchista, y que tienen muy claro el rumbo. El proyecto de la diputada Fernanda Vallejos no es una casualidad o el descuelgue de alguien marginal de la política. Es la expresión ideológica de los que quieren quedarse primero con las acciones de las empresas a las que ayudan y después quedarse con todas las empresas. Esa fue una verdadera innovación en la corrupción K. Ni Menem lo había hecho. Hostigar desde el estado a las empresas privadas y luego comprarlas a precio vil. Ellos o sus testaferros. Perseguirlas con la AFIP y los servicios de inteligencia, sabotearlas con los gremios y, finalmente, quedarse con todo. Por eso es una actitud extorsiva. Mafiosa.
Es lo mismo que diseñan para el campo o la producción agropecuaria. La Junta Nacional de Granos, dinamitar el Mercosur, no darle créditos a los que ahorren más del 5% de soja o trigo, según lo que ellos ordenen y hasta la reforma agraria que propuso Juan Grabois, son mojones de un camino que nos lleva derechito a una autocracia sin división de poderes ni libertad de expresión. Ellos hablan de una revolución por etapas. Esta idea absolutamente antidemocrática incluye cooptar a parte de la oposición y debilitar su poderío.
Por eso le digo que Cristina, no para de tirar más leña al fuego de una grieta que está al borde de caer en la violencia callejera. Es de una irresponsabilidad gigantesca. Con tal de salvarse es capaz de incendiar todo. No paran nunca. Más dinero, más impunidad. Los super poderes para que Santiago Cafiero maneje como se le cante, sin control y en contra de la Constitución, la friolera de 498 mil millones de pesos, son un mamarracho que vacía de contenido el presupuesto y el Congreso de la Nación.
Divide y reinarás sigue siendo el lema monárquico de la reina. Ya lo lograron con Ricardito Alfonsín, que es muy poco representativo. Pero van a ir por otros. Ya se habla de que algunos legisladores del radicalismo o del Pro serían capaces de votar a Daniel Rafecas como el próximo jefe de todos los fiscales. Esa sería la frutilla de la torta de la impunidad absoluta y de la colonización total de la justicia.
Todo lo que sea legal y pacífico aporta a la defensa de la República, la democracia y la libertad. En eso estamos.
Editorial de Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra, por Radio Mitre
La titular el PRO fustigó al Gobierno por los aumentos “a dedo” que decretan ahora para los jubilados y recordó los incidentes en el Congreso en 2017.
La oposición salió al cruce del Gobierno tras conocerse el nuevo aumento por decreto del 6,12% que cobrarán los jubilados a partir de junio. La presidenta del PRO y otros dirigentes opositores recordaron los incidentes que se produjeron en el Congreso por la ley sancionada en 2017, que de seguir vigente hubiese otorgado un incremento mayor al anunciado.
Hace 2 años arrojaron 14 toneladas de piedras al Congreso porque decían que nuestra ley perjudicaba a los jubilados. Ahora, por decreto, les reducen casi un 50% de lo que les correspondería. Estafan a los jubilados y el Presidente ni su sueldo piensa bajarse. Paradojas del poder.
“Hace 2 años arrojaron 14 toneladas de piedras al Congreso porque decían que nuestra ley perjudicaba a los jubilados. Ahora, por decreto, les reducen casi un 50% de lo que les correspondería. Estafan a los jubilados y el Presidente ni su sueldo piensa bajarse. Paradojas del poder”, se quejó la titular del PRO, Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter.
La ex ministra de Seguridad hace hincapié en la modificación que lleva adelante el presidente Alberto Fernández en los criterios para disponer la suba en los haberes. Desde el mes de marzo, este tipo de aumentos para jubilados y pensionados se lleva adelante por decreto, luego de que se suspendiera la ley de movilidad a raíz de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
La anterior fórmula jubilatoria había sido aprobada en el Congreso a fines de 2017, en una recordada batalla campal en las afueras y al interior del Palacio Legislativo. Como lo fue siempre durante los cuatro años de Cambiemos, la resistencia fue encabezada por el kirchnerismo.
Según la fórmula suspendida en diciembre 2019, en junio se hubiese aplicado una suba general de 10,9 por ciento. Ese porcentaje se desprende de la combinación de alza de los incrementos entre octubre y diciembre de 2019 de 11,72% de la inflación, y 9% de la Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (Ripte).
El alza incluye la movilidad de las pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares.
Se trata del peronista Mario Secco, jefe comunal de Ensenada. “Tenemos miedo de esta locura. Acá no vivimos en un country todos separados”, dijo sobre su municipio.
El intendente de Ensenada, Mario Secco, se suma a la lista de dirigentes kirchneristas que agigantan el relato bonaerense para responsabilizar a la administración de Horacio Rodríguez Larreta ante una eventual catástrofe en plena lucha contra el coronavirus.
El jefe comunal apuntó contra la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad tras la reapertura de algunos comercios y alertó que “van a matar a un montón de gente” por tomar esas medidas.
“Lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires es una locura. La verdad que no lo van a poder sostener, se van a contaminar y van a matar a un montón de gente”, indicó Secco, en la misma sintonía con lo que expresó su par Mayra Mendoza de Quilmes y hasta el propio gobernador Axel Kicillof.
En declaraciones radiales, Secco remarcó la imposibilidad de cumplir el distanciamiento en su municipio y disparó contra Larreta: “Tenemos miedo de esta locura. Acá no vivimos en un country todos separados, acá vive uno arriba del otro. Vos me tirás un par de contaminados en un barrio y me mataste 500 en un abrir y cerrar de ojos e hiciste colapsar todo el esfuerzo que hicimos. Larreta se tiene que dejar de joder, porque nos va a joder a todos”.
Además, puntualizó que en su municipio el Gobierno se está “moviendo muy fuertemente para combatir la pandemia”: “Ahora, si el virus entra a la Ciudad y nos manda a mil compañeros al hospital, nos va a hacer colapsar todo el sistema sanitario”.
“Imagínense que hay ciudades más importantes que la nuestra, en países más desarrollados, con más tecnología, que fracasaron, explotaron en el aire. La mejor manera es cuidarnos en casa. Mantener la cuarentena. Hicimos un esfuerzo tremendo. No los vamos a tirar por la ventana con el sacrificio que hicimos”, completó.
Con otro filosa respuesta a la oposición, el presidente ratificó que seguirá privilegiando “la vida y salud de la gente”. “El aislamiento va a continuar porque está visto que es lo que tenemos que hacer”, agregó.
Este martes se habilitaron nuevas actividades en el conurbano bonaerense y el presidente Alberto Fernández recorrió junto al gobernador Axel Kicillof la fábrica automotriz de Volkswagen en General Pacheco, que pondrá en marcha los protocolos sanitarios en la empresa para volver a operar desde esta semana.
Allí, el mandatario destacó el rol de los dirigentes sindicales, sociales y políticos, en la aplicación de las medidas de aislamiento social preventivo por coronavirus. Dejó en claro que “aún estamos lejos de terminar bien” y aprovechó para volver a criticar a la oposición.
“Fue un trabajo social, conjunto, magnífico que hasta acá nos dio buenos resultados. Vamos a seguir cuidando a la gente. No porque, como algún tonto repite, `nos enamoramos de la cuarentena´: vamos a seguir haciendo eso porque está visto que es lo que tenemos que hacer”, lanzó en su discurso ante los trabajadores de la planta ubicada en el municipio bonaerense de Tigre.
Y agregó: “La verdad es que no está dicho que quienes no fueron severos con estos cuidados y dejó que la economía su curso, le haya ido mejor en ese aspecto, y así lo demostré con el ejemplo sueco”.
El jefe de Estado insistió que el país está “muy lejos de haber terminado el problema” de la pandemia de coronavirus y ratificó que seguirá privilegiando “la vida y salud de la gente”. “Solo Suecia fue el más flexible con el tema y tiene los mismos resultados económicos de los que hicieron la cuarentena. El problema no es nuestro, es del mundo. Si se paraliza parte de la economía (mundial), no hay forma de sacarla adelante”.
El comentario de Alberto Fernández apunta a las críticas de Juntos por el Cambio, que días atrás cuestionaron al Gobierno al evaluar que la pandemia “le ha dado la excusa para empoderarse y aparece lo peor del kirchnerismo”.
