Tucumán: denuncian a Manzur por hacer un asado con otros políticos en cuarentena

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Ignorando el distanciamiento social, de la comida participaron funcionarios de los tres poderes del Estado e intendentes de su provincia.


El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue denunciado penalmente por organizar un asado con funcionarios de los tres poderes del Estado e intendentes de su provincia a pesar de la cuarentena obligatoria que rige para detener el avance del coronavirus.

La referente local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Alejandra Martínez Romero y el abogado Gustavo Morales, fueron quienes radicaron la acusación. En el escrito, tomaron como fuente la columna publicada el sábado en el diario local La Gaceta, en la nota “Fraude al Octavo Mandamiento” que salió en la sección “Fuera de Contexto”, es redacta el secretario de Redacción Federico Türpe.

Según los denunciantes, la comida se habría realizado en la casa de la diputada Del Valle Medina y de su esposo, el intendente Monteros, en la localidad de Banda del Río Salí, 8 kilómetros al este de la capital tucumana.

Además del mandatario provincial, también están involucrados el vocal de la Corte Suprema local, Daniel Leiva; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; a los ministros del Interior, Miguel Acevedo, de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin y de Salud, Rossana Chahla. Además acusaron a la diputada nacional del Frente de Todos Gladys del Valle Medina; al vicepresidente primero de la Legislatura provincial, Gerónimo Vargas Aignasse; y a los intendentes peronistas Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes).

De acuerdo a lo presentado por Martínez Romero y Morales, los funcionarios “violaron lo ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional en el decreto 297/2020, en particular el artículo 4, donde se establece que ante un supuesto de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio corresponde la inmediata intervención de la Justicia Penal”.

El escrito especifica que los funcionarios incurrieron en un “delito doloso”, contemplado en el artículo 205 del Código Penal. “La doctrina nacional califica el delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal (al que hace referencia el decreto 297/20) como de peligro abstracto; es un delito doloso, y el autor debe conocer el deber impuesto por las medidas, la situación de riesgo de pandemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto“, precisa.

“El autor debe conocer el deber impuesto por las medidas sanitarias, la situación de riesgo de epidemia y la obligación de cumplir con dichas medidas en el caso concreto“, sentenciaron en la denuncia.