Se trata del expediente que la investiga por corrupción en la obra pública. Las audiencias serían por Internet y requieren la conexión simultanea de unas 50 personas, pero desde el Consejo aún no pueden garantizar que funcione correctamente.
Bajo el contexto de cuarentena que vive la Argentina hace dos meses y una feria judicial de vacaciones, la Corte Suprema recomendó en las últimas horas a los Tribunales federales que planteen alguna estrategia para reactivar los juicios que se encontraban en pleno desarrollo previo a la pandemia.
El TOF 2 que juzga a Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, solicitó un informe al Consejo de la Magistratura para conocer si existe la posibilidad de llevar a cabo las audiencias de forma online, que demandaría unas 50 personas conectadas a la vez. Sin embargo la respuesta que llegó del organismo fue poco alentadora: indicaron que el sistema por ahora no lo resistiría, pero que se trabaja en mejoras para lograrlo.
La respuesta, a la que accedió Clarín, señala que “por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones que cuando los superiores así lo indiquen se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido”. Fue el primer planteo anticipando que las condiciones actuales no permiten la realización de forma virtual de un juicio con demasiados imputados. Así, ante los requerimientos formulados por el TOF 2 y otros Tribunales, “se está desarrollando una plataforma (con Arsat) que asegure mayor conectividad, tal como requieren los juicios grandes”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
El Consejo de la Magistratura es el responsable de las inversiones que deben volcarse al Poder Judicial, como también de la cobertura de sus gastos para el normal funcionamiento. Como informó Clarín, está requiriendo un salvataje del Tesoro Nacional de $ 16.000 millones para llegar a fin de año. Los fondos que poseen sólo logran la cobertura de los salarios (el 97% de su partida) hasta junio y gracias a la ayuda del Gobierno por más de $ 7.400 millones.
Señalan además que no todos los expedientes se encuentran digitalizados y que el sistema suele tener dificultades para garantizar fluidez en las audiencias. El LEX100 que registra todos los movimientos en las causas suele “caerse” lo que impide acceder al mismo, entre otros traspiés que han sufrido jueces y fiscales.
Con este panorama, más los recursos financieros que el Consejo está requiriendo para garantizar el funcionamiento de la Justicia, el informe remarca que la Dirección de Tecnología, “con buen criterio ha estado trabajando en modalidades que permitan esta nueva operatoria flexible. Hasta recibir nuevas indicaciones de los superiores no cuento con fechas ni detalles que pueda comunicar”.
Cristina comenzó a ser juzgada el 21 de mayo de 2019 por presuntos hechos de corrupción. El TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, inició las audiencias en las que se acusó a la ex Presidenta como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al haber direccionado obra pública vial a favor del Grupo Austral. En números, fueron 51 contratos por $ 46.000 millones, que según la imputación fueron adjudicados “bajo diversas irregularidades”.
