La Justicia ratificó que el protocolo de sesiones virtuales está vencido

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El fallo va en línea del reclamo de la oposición, que este martes se presentó en la Cámara Baja pese a la negativa del oficialismo. Esto podría invalidar las sanciones que finalmente se aprobaron sin la presencia de JxC.


Tras el escándalo vivido el martes pasado en el Congreso por diferencias entre el oficialismo y legisladores de Juntos por el Cambio por la modalidad de cómo sesionar, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, celebró en Twitter que la Justicia ratificara que “el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto estaba vencido”, lo que potencialmente podría invalidar las sanciones que finalmente se aprobaron sin la presencia de la coalición opositora.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dio por vencido el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara de Diputados ante un pedido de mayo pasado de la diputada de Juntos por el Cambio, Mónica Frade.

La sala IV de ese tribunal de alzada, integrada por Marcelo Duffi, Jorge Morán y Rogelio Vincenti, estableció que “está vencido” el protocolo para el funcionamiento virtual que había sido aprobado el 13 de marzo por «consenso» y debía ser renovado cada 30 días como «condición necesaria y obligatoria». Lo hizo al rechazar por inoficioso un amparo de la diputada Frade quien reclamaba que hubiera sesiones presenciales.

Tras casi ocho horas de reunión, con dos cuartos intermedios en el despacho deSergio Massa, días atrás fracasaba el intento de acuerdo entre oficialismo y oposición para acordar la manera de sesionar y la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto. Desde Juntos por el Cambio habían adelantado que acudirían a la Justicia para invalidar la sesión por considerar que el reglamento de funcionamiento remoto no puede prorrogarse a través de una votación virtual porque ya está vencido. Además, los jefes de los interbloques sostienen que se aproximan debates de gran envergadura que requieren ser debatidos de manera presencial, en alusión a la reforma judicial y la movilidad jubilatoria.