La presidenta del PRO estuvo en Palabra de Leuco y se refirió a la escandalosa compra de alimentos con sobreprecios del Ministerio de Desarrollo Social que ya le costó el puesto a 15 funcionarios y dejó muy mal parado a Daniel Arroyo.
La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich no discimuló su enojó con el reciente caso de corrupción que se desató con la compra con sobreprecios de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social en el que se pagaron precios muy por encima de los máximos estipulados por el mismo Gobierno y desató una fuerte interna en la cartera de Daniel Arroyo, que ya anunció que 15 funcionarios serán echados por la compra sospechosa.
“Desde la oposición no podemos poner en cuarentena nuestros principios. Lo que pasó con la compra de alimentos en primer lugar es una aberración”, sentenció la presidenta del PRO en declaraciones a Palabra de Leuco.
“Lo que ha pasado es una acción de corrupción absolutamente lamentable porque el funcionario echado tenía antecedentes similares anteriores en su paso por Almirante Brown”, agregó Bullrich.
Para la ex funcionaria “acompañar no es mirar para otro lado” y aseguró que van a estar más atentos después de lo ocurrido en Desarrollo Social. “Me parece terrible que en medio de una situación de pandemia, donde hay 43 millones de argentinos sin ingresos o muchos argentinos sin ingresos, la plata se esté yendo en corrupción”, remarcó.
Lo anunció el presidente para el AMBA que es la que más movimiento de gente tiene y donde se encuentran los de mayor riesgo de salud. “No se va a flexibilizar la cuarentena, en centros urbanos seremos más estrictos”, advirtió Alberto Fernández.
A pesar de algunas versiones que indicaban que a partir del 13 de abril se iba a flexibilizar la cuarentena obligatoria por el coronavirus, el presidente aseguró luego de la reunión virtual con gobernadores e intendentes que la cuarentena se extenderá por lo menos hasta fines de abril y que en áreas sensibles como el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, las medidas serán más estrictas.
“No podemos tener una recaída: todo el esfuerzo hecho es muy importante. Nos estamos preparando para momentos más difíciles, para más contagios. Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”, dijo en declaraciones a Canal 13.
Además, el presidente advirtió que habrá más controles para que no se produzca un relajamiento de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno argentino para hacer frente a la pandemia de coronavirus, previendo que el pico estimado por los especialistas para el pico de la enfermedad se estima para la primera semana de mayo.
“Acá no hay ningún levantamiento de la cuarentena. En los centros urbanos vamos a estar mucho más estrictos. Flexibilizar la actividad económica significa tanto como liberar el transporte público, y es el principal foco infeccioso”, explicó.
Para los especialistas de la salud que asesoran a Alberto Fernández habrá más contagios y se elevará el número de internaciones. Es por eso que ven con cierta preocupación el alto tránsito que se da en algunos sectores de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
El periodista de La Nación fue quien reveló la millonaria compra que efectuó el Gobierno en alimentos para repartir en los barrios más vulnerables. Este martes, Daniel Arroyo despidió a Gonzalo Calvo, el apuntado por “permitir” los sobreprecios de hasta un 62%.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia este martes a Gonzalo Calvo, el responsable de la Secretaría de Asistencia Crítica que había estado a cargo de la polémica compra de alimentos con sobreprecios para los sectores más necesitados en medio de la pandemia del coronavirus.
Entrevistado en Le Doy mi Palabra por Radio Mitre, Diego Cabot, periodista de La Nación que dio a conocer esta escandalosa transacción, aseguró que “no es el único responsable porque acá se compró, se publicó y cualquiera lo puede chequear”.
Y detalló: “La compra que hizo Calvo es por 737 millones de pesos; si lo hubiéramos hecho en el supermercado de la esquina, gastábamos 436 millones de pesos; hay un sobreprecio por 300 millones de pesos; es lo más miserable a lo que puede llegar un funcionario; robar con alimentos; y si a eso le sumas que lo hace en medio de la emergencia, aún es más miserable. Esta salvada del presidente de que Arroyo es buen tipo, no me parece acertado; un presidente tiene que investigar a todos. En medio de una pandemia, un funcionario que compra por 700 millones de pesos alimentos, que a su vez una parte de los lotes no fueron adjudicados, ¿podemos creer que un funcionario en soledad puede contratar por mil millones de pesos sin que nadie esté al tanto?; pues yo creo que no”.
El dirigente despedido había sido Secretario de Seguridad de Almirante Brown hasta el año pasado, cuando también fue desplazado tras ser filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.
Anteriormente, Calvo ya había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner y Carlos Castagneto, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa de la gestión de Arroyo, Cecilia María Lavot. De esta última depende la Dirección de Compras y Suministros que autorizó los pagos.
“La oportunidad en la que ocurren las cosas, hace todo más difícil de explicar; cuando lo vi ayer titubeando, era patético; tendríamos que tener funcionarios más eficientes”, se expresó Cabot y agregó: “Si efectivamente el Estado es un comprador bobo, por no decir cómplice, en medio de una emergencia donde cada peso cuesta, porque el sector privado se queda en su casa pero paga los impuestos; si tiene que convalidar precios casi al doble, porque tarda mucho en pagar, en una emergencia es determinante el cuidado de los recursos y tiene que modificar los procesos y ahorrar plata”.
Un día después de respaldar la operación y culpar a las empresas, el ministro de Desarrollo desplazó al titular de la secretaría de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo.
Luego del escándalo por los sobreprecios detectados en la compra de alimentos para sectores vulnerables, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, decidió pedirle la renuncia a Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de la Política Social y el principal apuntado de haberse permitido esta operación.
«Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que propuso abrir una investigación dentro del Ministerio», había expresado el presidente Alberto Fernández horas atrás. Y la respuesta de su ministro llegó de forma fugaz, solo un día después de las declaraciones y a 48 horas de ocurrido el hecho.
Dentro de Desarrollo Social su función es articular la relación entre los jefes municipales y el ministerio. Según publica Clarín, se trata del mismo funcionario que renunció hace un año a la secretaría de Seguridad de Almirante Brown tras ser filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.
Anteriormente, Calvo ya había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner y Carlos Castagneto, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa de la gestión de Arroyo, Cecilia María Lavot. De esta última depende la Dirección de Compras y Suministros que autorizó los pagos.
La polémica
La cartera que dirige Arroyo admitió que los montos superaron hasta un 62% los precios máximos en góndola que dispuso la Secretaría de Comercio, que retrotrajo los valores a los vigentes del 6 de marzo último. Los productos que adquirió el ministerio fueron arroz, azúcar, aceite, lentejas y fideos.
Tras estallar la noticia, el funcionario dijo que las diferencias de precios se dieron, sobre todo, en azúcar y aceite, por la dificultad del Gobierno de conseguir proveedores que vendieran más barato ante la emergencia.
“En el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen. En todos los casos pedimos rebajas, decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir a cantidad de módulos. Aprovecho para pedirles a los proveedores que nos ayuden a bajar los precios”, explicó el ministro, quien fue defendido por el presidente Alberto Fernández.
Parte diario: 1.628 contagiados. 56 muertos. 338 recuperados.
Parece que en la Argentina somos incapaces de achatar la curva de la corrupción y la impunidad. Parece que los delincuentes de estado siempre encuentran una forma de escaparse del juicio y castigo que merecen. Amado Boudou está en su casa y en nuestro país hay una injusticia más y la indignación, para la mayoría de los ciudadanos que son honrados, se convirtió en pandemia.
La bronca social no es solamente porque Amado Boudou salió de la cárcel de Ezeiza. Es, además, porque no hay un solo motivo, pero ni uno solo, que justifique semejante humillación a los compatriotas honestos. Habrá que investigar al juez Daniel Obligado para que cuente porque se sintió obligado a cometer semejante salvajada. Sus argumentos son de una fragilidad notable. ¿Está Boudou entre los grupos de riesgo? No. De ninguna manera. Según el informe médico que está en manos de la justicia, Amado Boudou tiene 57 años y está en perfecto estado de salud. ¿Estaba Boudou en una opinable prisión preventiva? No. De ninguna manera. Fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por haberse apropiado de Ciccone Calcográfica, la fábrica de billetes. Le recuerdo que esa condena surgió de un juicio con todas las garantías que duró un año.
Como si esto fuera poco, esta condena fue ratificada por unanimidad, en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal. Hace algunas horas, la propia Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso que habían presentado sus abogados defensores. Y escuche esto que directamente una locura: hace 10 días el mismo juez Obligado, junto a sus pares del tribunal, rechazó el pedido de detención domiciliaria. Y ahora que se quedó solo por la feria, cambió totalmente de opinión y lo mandó a la casa. ¿Qué pasó en el medio?
Sigamos buscando algún argumento más o menos razonable. ¿Hay un contagio masivo de coronavirus en las cárceles argentinas? No, De ninguna manera. No se ha registrado ni siquiera un solo caso sospechoso. Sin embargo el doctor Obligado lo liberó. Dijo que es por el riesgo del virus y porque la sentencia aún no está firme. Es un verdadero despropósito que en algún momento, el juez debería explicar ante el Consejo de la Magistratura que, en el caso de que existiera la justicia en este país, debería estudiar su destitución como magistrado. Pero hay otra flagrante injusticia y desigualdad ante la ley. Si se aplica el criterio del juez Obligado, los jueces deberían estar obligados a liberar a 20 o 30 mil presos que están en la misma condición. El 70% de los presos no tiene condena firme.
Esa es la dimensión de la locura de este fallo que depositó a Boudou junto a su esposa y sus dos hijos en su vivienda del barrio de Barracas. Encima, todo esto ocurrió en medio de la feria judicial que la Corte postergó hasta el 13 de abril. El caso Ciccone es un emblema de la corrupción de la cleptocracia K. Boudou y su testaferro José María Nuñez Carmona se apropiaron de Ciccone tal como lo confesó en el expediente hasta su empleado, Alejandro Vanderborele. Para concretar esa maniobra fraudulenta manipularon la AFIP y la Casa de la Moneda. Cuando Ciccone estuvo en sus manos, el gobierno de Cristina le encargó que fabricaran billetes y el Frente para la Victoria que confeccionaran las boletas electorales.
Después, cuando el periodismo independiente hizo saltar la perdiz y el escándalo, Cristina estatizó la empresa para ocultar las pruebas y lograron un record mundial: nadie reclamó la indemnización por esa empresa. Nunca visto en la historia. Y no lo digo yo. Lo denunció el actual presidente Alberto Fernández en una entrevista en televisión. Fue el mismo día que criticó los dos blanqueos que hizo Cristina y que uno de ellos lo tuvo abierto durante 4 años. Tal vez este paso hacia la impunidad tenga que ver con que Boudou fue vicepresidente de Cristina que hoy es vicepresidenta y que sus abogados son los mismos: Alejandro Rúa y Graciana Peñafort que además es directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
De los presos emblemáticos del kirchnerismo todavía quedan adentro Lázaro Báez y su hijo Martín, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López. Pronto estarán descansando en sus domicilios. Los que más complicados están son Ricardo Jaime porque es un corrupto confeso. El mismo dijo ante los tribunales que había robado. Y José López al que Julio de Vido definió como traidor y macrista y Cristina, entre lágrimas, dijo que había llegado a odiarlo. Tal vez porque a López lo agarraron in fraganti, con las manos en la masa o en los millones de dólares y dijo que era dinero que le había dado el secretario de Cristina. Por eso un día, José López aseguró que tenía miedo que lo mataran, porque Cristina era muy vengativa.
Pero volvamos a Amado Boudou. Le confieso que verlo caminando por la calle rumbo a su casa, con una tobillera electrónica, me hace hervir la sangre. Yo no quiero venganza ni persecución para nadie. Pero quiero que los ladrones de estado paguen con la cárcel por lo que hicieron. Pienso en Boudou tripulando su poderosa moto, haciéndose el galancito, y me acuerdo de Nicolás Wiñazki y todo lo que le costó y todo lo que tuvo que aguantar durante su investigación periodística rigurosa e implacable. Nico y todos los colegas que hurgaron en papeles, que buscaron testimonios, se jugaron la vida por la búsqueda de la verdad y una sociedad honesta. Padecieron amenazas y hostilidades de todo tipo. Había que tener mucho huevo para investigar al vicepresidente de la nación mientras era vicepresidente de la nación y gozaba de un poder tan grande que con una declaración, decapitó al procurador Esteban Righi que no era un oligarca. Era un gran amigo de Alberto Fernández y había sido ministro de Héctor Cámpora. Sin embargo, se fue calladito y humillado, a su casa. Incluso el juez inicial, Daniel Rafecas le daba consejos al abogado de Boudou para que supiera como defender a su cliente. Fue un brutal intento de obstaculizar la justicia. Y dicho sea de paso. Ese Daniel Rafecas es el que Alberto hoy quiere nombrar como Procurador General de la Nación.
El atorrante que se disfraza de revolucionario dijo en ese momento que esto era “una revancha de clase y una venganza del neoliberalismo”, como si él fuera un dirigente proletario.
Boudou, en su sobreactuación por ocultar los delitos que cometió pasó de Alsogaray a Perón y de María Julia al Che Guevara. Un ortodoxo neoliberal se convirtió en un defensor de la patria socialista. Un amante de Estados Unidos en un tardío lector de Marx. En eso también aprendió de Néstor. Utilizar los símbolos de la izquierda y los derechos humanos como escudo para ocultar sus estafas y su enriquecimiento ilícito lleno de testaferros y truchadas. Pienso en Amado Boudou, ovacionado por los jóvenes de La Cámpora como si fuera el Che Guevara y me hierve la sangre. Porque pienso en el pueblo pobre de Formosa al que le robaron dos millones de dólares con la complicidad del gobernador feudal Gildo Insfrán y otros funcionarios. Miles de formoseños que pasan hambre y no tienen agua ni cloacas y que hacen milagros para darle de comer a sus hijos van a sufrir el cachetazo de ver en su casa a uno de los que les sacó su dinero del bolsillo.
Ayer fue un día negro. Porque la señal que se envió a la sociedad fue de impunidad absoluta para los poderosos. Es como decirles a los ladrones de guantes blancos y dólares negros que no corren peligro, que sigan con sus delitos. Estos fallos fomentan el delito. Porque el costo por robar es tan bajo que conviene robar mucho y pasar algunos meses preso. Esa es la nefasta conclusión que muchos jóvenes funcionarios pueden sacar.
Estos virus son muy peligrosos. Hablo de los estafadores que se llevaron a su casa el dinero de los jubilados, de las cloacas, las escuelas y los hospitales que faltan, los abogados expertos en amparos, chicanas y patear la pelota lo más lejos posible y los jueces que no tienen vergüenza ni estómago.
Le confieso que también pensé en Laura Muñoz, la corajuda ex esposa de Alejandro Vandenbroele que se jugó todo para llegar a la verdad. Laura fue acusada de loca, le quisieron sacar a su hija y pasó por momentos terribles. Todo por ser honesta.
Conclusión: un violador serial de leyes como Amado Boudou no tiene otro lugar que la prisión. Ahí deben estar los delincuentes de estado.
El editorial de Alfredo Leuco en #LeDoyMiPalabra por Radio Mitre
En otra embestida al Gobierno, el dirigente social dijo que “tiene que haber responsables que paguen las consecuencias” de la escandalosa compra de alimentos con costos hasta 62% más caros.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, volvió a arremeter contra el Gobierno por la compra de alimentos que efectuó con valores que superaban el 60% de los Precios Máximos fijados por la Secretaría de Comercio. “Quiero ver rodar una cabeza. No puede ser que estas cosas pasen impunemente“, sentenció.
A través de su cuenta de Twitter, este lunes el dirigente había dicho que fue una maniobra de “estafa a los pobres” por pagar por alimentos “el triple” de lo que su organización podría haberlos conseguido.
El ministro Daniel Arroyo admitió que pagó hasta 62% más que los “precios testigos” por la compra de alimentos para distribuir en barrios vulnerables. Por ejemplo, pagó $85,76 el paquete de medio kilo de fideos semolados a la empresa Sol Ganadera SRL (marca Doña Luisa/Sua Pasta) y $84,77 un paquete similar a la compañía Copacabana (marca Pastasole).
“Con los alimentos hay un problema en la compra y distribución que viene de arrastre”, dijo Grabois en diálogo con Viviana Canosa en FM Milenium. En este sentido, agregó que los alimentos del Estado “no estaban llegando” a los comedores comunitarios y que “muchos de los que mandaban eran de mala calidad”.
“Quiero darle tiempo para que se pueda encargar y no quiero permitir que los oportunistas como Patricia Bullrich, que jamás se preocupó por la comida de los pobres, se monten en el tema para gastar al Gobierno en un momento tan difícil”, expresó.
Horas después de la polémica, el Presidente Alberto Fernández adelantó que frenará la operación. “Como esta compra se hizo pero todavía no se pagó, le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que no se pueda hacer ninguna compra sin respetar los precios máximos que fija el Estado“.
“Queremos que vuelva lo mejor de lo que tuvimos antes, pero no la corrupción”, concluyó Grabois.
Tras el escándalo en el Ministerio de Desarrollo por la compra de alimentos con sobreprecios, la obra social de jubilados y pensionados ahora adquirió 1.500 unidades de 800 ml a casi 1100 pesos cada sachet. El litro en el mercado se puede conseguir a menos de 500 pesos.
Luego del escándalo que se generó por la compra de alimentos con sobreprecios por parte del Ministerio de Desarrollo Social para repartir en los barrios más vulnerables en medio de la pandemia, otra llamativa transacción deja en evidencia al Gobierno en su ambición de gestionar la compra de insumos con un valor más alto que el ofrecido al precio minorista.
La novedad surge en el PAMI, que este martes pagó hasta un 100% más del valor de mercado en una millonaria compra de alcohol en gel. El dato surge del expediente interno EX-2020-17139037 CDU 065-2020, en el que se tramita la adquisición directa de 1500 sachets de alcohol en gel de 800ml. El monto total fue de $1.629.855.
Según la resolución, el ente que dirige Luana Volnovich pagará a la firma “Servicios para la Higiene SA” $ 1086,57 por litro de esta sustancia tan elemental para el combate del coronavirus, cuando en el mercado el litro se consigue por $ 458,60.
Curiosamente, la página oficial del PAMI publicó el 16 de marzo pasado que recomendaban no adquirir alcohol en gel por más de 250 pesos el litro.
Al igual que ocurrió en la cartera que dirige Daniel Arroyo, la operación fue una “contratación directa” en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno y, por ello, se desvía del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
Luego de que la Justicia beneficie a Amado Boudou con la domiciliaria, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López aún permanecen tras las rejas. Cómo está la situación judicial de cada uno.
La llegada del Frente de Todos al poder generó un cambio de clima en los tribunales federales de Retiro y en cuestión de cuatro meses, varios ex funcionarios y empresarios que se encontraban presos al estar vinculados a las causas más escandalosas de corrupción del kirchnerismo, ya gozan del arresto domiciliario.
Los primeros casos relevantes tras la asunción de Alberto Fernández fueron los de Cristóbal López, Fabián De Sousa y el exministro Julio De Vido; mientras que con la explosión de la pandemia del coronavirus y las deficiencias sanitarias en las cárceles, días atrás se le otorgó el beneficio de forma transitoria a Luis D’Elía -quien se encuentra internado por síntomas compatibles al Covid-19-. Y luego de tanto insistir, llegó el premio para Amado Boudou. El ex vicepresidente condenado por la causa Ciccone dejó el penal de Ezeiza en la noche de este lunes para seguir detenido en su casa de Barracas con una tobillera electrónica.
De este modo sólo quedan seis detenidos relacionados a los expedientes K, aunque sólo tres son ex funcionarios de primera línea. Se trata de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el exsecretario de Obras Públicas José López, famoso por ser visto arrojando bolsos con millones de dólares a un convento de General Rodríguez. Todos insisten con sus pedidos de excarcelación pero hasta el momento la respuesta de los tribunales correspondientes siempre fue negativa.
Caso por caso, Jaime enfrenta el juicio oral por el delito de administración fraudulenta, y el TOF 6, a cargo de ese proceso, había rechazado el cese de su prisión preventiva. Jaime apeló a la Casación. La sala de feria de ese tribunal declaró inadmisible su planteo y consideró que debe seguir en prisión.
Schiavi tampoco logró obtener el beneficio del arresto domiciliario. Lo solicitó en el marco de la causa por la Tragedia de Once -donde ya se dictó sentencia-, al igual que otros condenados por el mismo caso, como el empresario Claudio Cirigliano y el exejecutivo de TBA Víctor Astrella .
Mientras que López, que está condenado por el delito de enriquecimiento ilícito, recibió una pena de seis años de prisión y cumple con la condena en una “mini cárcel” dentro del penal de Marcos Paz. Como declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas y apuntó contra varios exmiembros del gobierno que integró -incluida Cristina Kirchner-, López se encuentra dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados.
Entre otras figuras importantes que se vieron involucradas en las irregularidades de la gestión de Cristina Kirchner, se encuentra el empresario Lázaro Báez, detenido con prisión preventiva desde abril de 2016 en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero”. Báez pidió su excarcelación varias veces y le fue denegada.
Al dueño de Austral Construcciones le declinaron su petición porque se considera que siguen vigentes los riesgos procesales.
Sin el apoyo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados intentará un acuerdo con la oposición pero es mayoritaria la negativa a reducir los sueldos de la política.
Luego de que Alberto Fernández tildara de “hipócritas” y “demagogos”, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa quedó sin el relpaldo necesario para tratar de implementar una quita del 40% de los sueldos jerárquicos del sector político y público y los más probable es que finalmente esa reducción quede en la nada.
El proyecto de Massa que presentó a fines de marzo contemplaba una reducción de un 40% los sueldos de los diputados, la suspensión de los ingresos de asesores, el remate de autos y la restricción de pasajes y viajes durante 5 meses. Y proponía generar un fondo de 200 millones de pesos para ser destinados a la Cruz Roja”.
Con escaso apoyo en el Frente de Todos y sin ningún pronunciamiento de Cristina Kirchner en la Cámara Alta, la propuesta de Massa se fue diluyendo hasta que chocó de frente con las declaraciones absolutamente opuestas de Alberto Fernández. “No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros. No seamos demagogos y ganémonos nuestro sueldo como corresponde. Yo soy parte de un Gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están y los llamas a la 1 de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo”, dijo Alberto en una entrevista.
En la Cámara Baja sólo hubo un apoyo público de Cambiemos que por intermedio de Mario Negri presentó un proyecto avalado por todo el bloque para avalar una reducción de sueldos de los cargos políticos y los cargos jerárquicos del sector público, como así también a los cargos más altos del Poder Judicial de la Nación. Con este panorama, Massa daría marcha atrás para alinearse con Alberto Fernández y no habrá reducción en los sueldos de la política.
En una entrevista televisiva dijo que como todavía no se habían pagado van a revisar todo antes de continuar con la compra. Se habían detectado sobreprecios elevados en aceite y azúcar.
El presidente Alberto Fernández se refirió a la escandalosa compras con sobreprecios que había llevado adelante el ministerio de Desarrollo Social en la que se detectaron irregularidades y se pagaron varios productos mucho más que el precio máximo pautado por el propio Gobierno para productos como el aceite, los fideos y el azúcar.
“Esta compra todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se haga sin respetar los precios máximos que el Estado fija”, dijo Alberto Fernández en Desde el Llano por TN. Y agregó: “Creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que me dijo que va a abrir una investigación para ver qué es lo que pasó. Me planteó que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Esto habla de la cartelización de algunos sectores que no son capaces de flexibilizar sus posiciones. El primero que va a perseguir a un corrupto es el Presidente”.
La explicación de Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, tampoco se hizo esperar y desde temprano se encargó en remarcar que se habían aceptado esos precios por la posición de los proveedores. “Azúcar y aceite sí estuvieron por encima de los precios fijados. Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí, pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia”, explicó Arroyo.
Y desde el ministerio de Arroyo aseguraron que todas las compras que se hicieron fueron mediante licitaciones abiertas y con la lupa de la Sigen (Sindicatura General de la Nación):”las licitaciones son abiertas y, en todos los casos, el ministerio pidió rebajas de precios”, dijeron.
Mirá la entrevista completa de Joaquín Morales Solá con Alberto Fernández por acá.
