Así lo decidió Alberto Fernández tras el fracaso del plan que impulsó Omar Perotti para crear un fideicomiso con participación estatal.
Con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Alberto Fernández hizo oficial la derogación del DNU 522 que dispuso hace dos meses para la intervención transitoria de la cerealera Vicentin. La decisión llegó luego de que el gobernador santafesino Omar Perotti desistiera de su intento de poner al frente del grupo concursado un interventor nombrado por la provincia.
Dicha iniciativa del mandatario provincial fue rechazada por el juez de Reconquista que está a cargo del concurso de acreedores de la cerealera, Fabián Lorenzini. El magistrado ya había tomado una decisión similar el mes pasado, cuando, por medio del DNU 522 del 9 de junio, el jefe de Estado designó dos interventores. Lorenzini consideró “veedores” a esos dos funcionarios nacionales y repuso en el manejo de la empresa concursada al directorio que habían nombrado los accionistas de Vicentin.
En una serie de tuits, el Presidente explicó este viernes que “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió Fernández. Y adelantó que instruyó “a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
En una entrevista días atrás, el propio presidente consideró como una equivocación su idea de expropiar la compañía emblema del agro. “Pensé que iban a salir todos a festejar”, confesó.
En rigor, aquella medida recibió un amplio rechazo de la oposición, de los vecinos de Reconquista y Avellaneda -las ciudades del norte santafesino donde está la sede del grupo empresario-, y también de todo el sector agropecuario y de las principales empresas del país.
