A partir de julio, las audiencias se realizarán todos los miércoles de forma remota para cumplir con el distanciamiento social preventivo. El empresario seguiría el proceso desde su celda.
La Cámara Federal de Casación dio lugar el reinicio remoto del juicio oral a Lázaro Báez, sus hijos y otros procesados por presuntas maniobras de lavado de dinero calculadas en al menos 60 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones. Los actos delictivos se habrían registrado en Santa Cruz entre 2010 y 2013 durante la segunda gestión presidencial de Cristina Kirchner.
El máximo tribunal penal federal del país desestimó un recurso de queja de la defensa del empresario, quien se opuso a la reanudación del debate oral suspendido desde marzo pasado a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 4, que convocó a una audiencia virtual para el próximo miércoles 24 de junio a las 10 con el fin de continuar con la etapa final del debate, en el que ya se escucharon alegatos acusadores de la fiscalía, y las querellas de la Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera y AFIP.
Los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo rechazaron la queja de Báez, quien buscaba suspender el reinicio del debate con el argumento de haber nombrado un nuevo abogado que necesitaba tiempo para conocer el expediente. Así, el Tribunal respondió que la totalidad de la causa está a disposición de manera digital para todas las partes.
Las audiencias del juicio se harán todos los miércoles durante julio a través de la plataforma de videoconferencia “Jitsi Meet” o “aquella que resulte más adecuada·” para cumplir con el distanciamiento social preventivo, dispuso el Tribunal.
Báez podrá seguir la audiencia desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido. Además de él, son juzgados su ex abogado Jorge Chueco, su ex contador Daniel Pérez Gadín, Fariña, el empresario Fabián Rossi y el financista Federico Elaskar, entre otros.
Todos están procesados por presunto lavado de dinero, producto de supuestos ilícitos cometidos con la obra pública en Santa Cruz adjudicada a empresas del grupo Báez, según indica la acusación.
Se trata del segundo juicio con más de 20 acusados que se retoma desde marzo pasado en los tribunales federales de Retiro, tras el registro de los primeros casos de coronavirus en el país y la puesta en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar su propagación.
Referentes de Juntos por el Cambio festejaron la decisión del juez Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de la cerealera. “Un primer freno a la topadora de impunidad oficial”, dijo Patricia Bullrich.
La oposición celebró en las redes sociales el reciente dictamen del juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, en el que dispone la reposición del directorio original de la cerealera por un lapso de 60 días y por consecuente, los interventores del presidente Alberto Fernández pasarán a ser solo veedores de la firma.
El magistrado también se declaró “incompetente” para definir los planteos de constitucionalidad del DNU del Gobierno nacional y ahora será la Cámara de Apelaciones la que determinará si el juez debe o no definir este tema, aunque el trámite llevará su tiempo.
UN FALLO CONTRA EL “VAMOS POR TODO” El juez Lorenzini corrió al gobierno en el manejo exclusivo de Vicentín, y reestablece a sus directores otra vez en funciones. Es un primer freno a la topadora de impunidad oficial. Falta,pero este es el camino para la Argentina de la legalidad https://t.co/bJ448VraVe
“UN FALLO CONTRA EL ‘VAMOS POR TODO’. El juez Lorenzini corrió al gobierno en el manejo exclusivo de Vicentín, y reestablece a sus directores otra vez en funciones. Es un primer freno a la topadora de impunidad oficial. Falta, pero este es el camino para la Argentina de la legalidad“, se expresó Patricia Bullrich en Twitter.
El juez de Reconquista ha resuelto que la administración de la empresa #Vicentin continue en mano de sus accionistas y los “interventores”del gobierno,lo hagan en calidad de veedores.Una señal de Justicia y Legalidad.
En tanto, el jefe de la banca de JxC en Diputados Mario Negri, reflexionó: “El juez de Reconquista ha resuelto que la administración de la empresa #Vicentin continúe en mano de sus accionistas y que los “interventores” del gobierno lo hagan en calidad de veedores. Una señal de Justicia y Legalidad”.
El juez acaba de resolver que la administración de la empresa #Vicentin regrese a sus accionistas y que los actuales Interventores del Poder Ejecutivo permanezcan en calidad de veedores. Un tiro para el lado de la Justicia y la legalidad.
El diputado del PRO Luciano Laspina, por su parte indicó: “El juez acaba de resolver que la administración de la empresa #Vicentin regrese a sus accionistas y que los actuales Interventores del Poder Ejecutivo permanezcan en calidad de veedores. Un tiro para el lado de la Justicia y la legalidad“.
En el documento, de 14 páginas, Lorenzini resolvió este viernes disponer “con carácter de medida autosatisfactiva y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Además, precisó “establecer, en el marco de la presente medida autosatisfactiva, que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
Así lo dictaminó Fabián Lorenzini al aceptar una medida cautelar de los dueños de la firma por 60 días. Los interventores pasarán a ser veedores.
En una medida que va contra las aspiraciones del Gobierno, el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, ordenó este mediodía que el directorio original de la cerealera vuelva a tomar las riendas de la empresa por un lapso de 60 días. De este modo, el fallo desplaza a los interventores que dispuso el presidente Alberto Fernández y pasarán a ser solo veedores de la firma.
El magistrado también se declaró “incompetente” para definir los planteos de constitucionalidad del DNU del Gobierno nacional y ahora será la Cámara de Apelaciones la que dispondrá si el juez debe o no definir este tema, aunque el trámite llevará tiempo.
Días atrás, la agroexportadora planteó a la Justicia que tras la oficialización del interventor del Gobierno, se vio afectado el normal funcionamiento de la firma y del “presente proceso concursal, como ser: La existencia de un proceso de verificación de créditos en curso, necesidad de resguardar el giro normal de las actividades de la empresa y de atender las obligaciones cuyo vencimiento se produce periódicamente, necesidad de abonar salarios de miles de trabajadores, continuidad de contratos”.
También recordaron el volumen agroexportador de la empresa -que representa aproximadamente el 9% del total de la oferta exportable de la República Argentina- “todo lo cual podría verse seriamente afectado por la situación de hecho generada merced al desplazamiento de los directores mencionados, con el consiguiente perjuicio a la concursada y por ende, también a sus acreedores, dado que el cobro de sus créditos depende principalmente de la continuidad operativa de la empresa”.
Con estos argumentos, solicitaron ante el juez Lorenzini “la inmediata restitución de los antes señalados en sus cargos, dentro del Directorio la sociedad anónima concursada y el desplazamiento de los interventores designados, con fundamento en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del citado decreto de necesidad y urgencia, sosteniendo su nulidad absoluta e insanable”.
Y así sucedió. En el documento, de 14 páginas, Lorenzini resolvió este viernes disponer “con carácter de medida autosatisfactiva y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme la a la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”.
Además, planteó “establecer, en el marco de la presente medida autosatisfactiva, que los señores interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
El empresario que evadió $10.000 millones en impuestos y que logró la excarcelación el año pasado, exige una indemnización por la quiebra de Oil Combustibles.
Desde la petrolera Oil Combustibles que pertenece a Cristóbal López, responsabilizaron a la AFIP por la quiebra de la empresa y le reclama al Estado una indemnización de $ 2.000 millones. La compañía acumuló durante el gobierno de Cristina Kirchner una deuda con el fisco por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y otros tributos que supera los $10.000 millones.
En el organismo recaudador explicaron que la petrolera le cobró a los clientes de su empresa ese impuesto, y que se quedó el dinero en lugar de girarlo al Estado.
Los abogados de Inversora M&S -controladora de la firma- plantearon que fue el fisco el que condujo a Oil a quebrar, y lo acusó de ser un “acreedor hostil” que no buscó “cobrar los créditos sino quebrar a la empresa”. Por ello, se niegan a pagar lo reclamado por la AFIP. Hasta tanto el juez defina la situación, se suspendieron por 90 días los remates de bienes.
El 11 de mayo se cumplieron dos años desde que la justicia comercial decretó la quiebra de Oil Combustibles SA (OCSA), donde Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron juzgados en el fuero penal por defraudación junto a Ricardo Echegaray por no haber pagado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de CFK. La causa se inició por una deuda que en ese momento era de $ 8.000 millones y derivó en la crisis financiera de la empresa.
Pese a los planes de facilidades de pago obtenidos durante el último período de Cristina Kirchner frente a la Casa Rosada y con Ricardo Echegaray frente a la AFIP, desde el año pasado hay un planteo que busca invertir las responsabilidades que investiga la justicia.
Los abogados de López y De Souza consideran que el organismo recaudador no es el principal acreedor de la petrolera, como indica el proceso de quiebra y la causa en el fuero penal que se encuentra actualmente en juicio oral. Ellos argumentan que la deuda mayor es con Inversora M&S, integrante del mismo conglomerado.
El juez a cargo de la quiebra analiza el planteo y, por lo tanto, suspendió por 90 días el remate de bienes de Oil Combustibles SA. Si llega a determinar que la AFIP fue, como dicen López y De Sousa, “un acreedor hostil”, esto le quita al ente recaudador cualquier posibilidad de reclamar deudas, porque así lo establece la ley de quiebras y concursos.
A raíz de este argumento, realizaron una demanda por daños y perjuicios contra el organismo estatal, por considerarlo responsable de la quiebra. Con esta medida López busca excluir a la AFIP de la posibilidad de “recuperar su crédito del producido de la liquidación de la empresa”, sostuvo una fuente judicial.
En su demanda, los empresarios pidieron que todos los remates de bienes que se estaban realizando en el marco de la quiebra, queden suspendidos. “Entendemos que con la refinería que se remató (comprada por YPF) alcanza para pagarle a los acreedores, menos al fisco”, explicaron desde la defensa del empresario K.
Se trata de Christian Ramón Zabala. Tenía 41 años y era subcomisario de la Policía Federal. Investigan si se trató de un suicidio.
Un custodio de la vicepresidenta Cristina Kirchner y subcomisario de la Policía Federal fue hallado muerto en su casa de la localidad bonaerense de Castelar.
Christian Ramón Zabala, de 41 años, trabajaba en la fuerza como especialista en explosivos. En las últimas horas fue encontrado tirado sin vida en el piso de su vivienda, ubicada en la calle Zapiola al 1800, la cual no tenía ninguna puerta vandalizada según informaron fuentes policiales.
Hasta el momento, la principal hipótesis indica que se trataría de un suicidio. Debajo del cuerpo de Zabala, estaba su arma reglamentaria 9 milímetros y una vaina servida. Según allegados, el hombre tenía antecedentes psiquiátricos.
De acuerdo al relato de testigos y familiares, el hombre tenía antecedentes psiquiátricos y estaba en tratamiento, pero al parecer había señalado su intención de suicidarse en reiteradas ocasiones. Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 de Morón, a cargo de Mario Ferrario.
“Debe decidir si va a gobernar o va a dejar que maneje su gobierno Cristina Kirchner”, opinó la conductora de Telefé Noticias después del tenso cruce que mantuvo con Alberto Fernández en una entrevista.
En su programa “Confesiones en la noche” por Radio Mitre, la conductora Cristina Pérez se refirió este jueves por primera vez al tenso cruce que había tenido 24 horas atrás con Alberto Fernández en Telefe, el cual la convirtió en tendencia por ser de las pocas periodistas que ejerció su profesión sin ningún tipo de especulación y con mucho coraje a la hora de entrevistar al presidente.
“La verdad, no me esperaba que ayer Alberto Fernández me saliera a ‘chucear’ con eso de los adjetivos… Porque me conoce desde hace muchísimos años, y además con la diferencia de poder que hay entre un Presidente y yo.. ¿Qué necesidad tenía de querer humillarme al aire? Yo no me dejé humillar porque me enseñaron que no me deje humillar por nadie, pero me tocó a mí como le hubiera tocado a cualquiera, aunque acá de lo que hay que hablar es de una medida en la que se juega el estado de derecho en la Argentina. Es el Presidente el que tiene que leer la Constitución, no yo…”, aseguró la también locutora.
Consideró que “Alberto Fernández está en un momento en que debe decidir si va a gobernar o va a dejar que maneje su gobierno Cristina Kirchner”, y admitió que “todo esto me pone muy triste, porque el Presidente quiso cambiar el ángulo de mi pregunta, pero sabe que eso (por el proyecto de intervención Vicentin) es inconstitucional, y me manda a leer una ley de Videla, como si no supiera que la Constitución está por encima de las leyes…”.
“Si el Presidente sabe que eso es así (por inconstitucional), para qué seguir en forma evidente y ante la audiencia con una discusión así, donde está en juego su palabra…”, se preguntó Pérez, y recalcó: “Repito que me da pena lo que pasó, porque hay muchos que consideran que estamos tocando un límite, y me parece que Alberto Fernández traiciona a quienes lo creyeron un presidente moderado…”.
El tramo más polémico de la entrevista
El miércoles por la noche Alberto Fernández había reaccionado a una pregunta en la que Pérez calificaba de “polémica y cuestionable” a la iniciativa K de intervenir y expropiar a la empresa Vicentin, una de las cerealeras más emblemáticas del agro argentino.
“Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios que ustedes pasaran de decir que eran ‘ideas locas’ que el Estado quisiera quedarse con las empresas a, en solo días, ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada, que estaba en manos de un juez su concurso, y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresarial”, comenzó la periodista y tras la introducción, preguntó: “¿Hay alguna chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación que, para muchos, compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecida por la Constitución?”.
Disconforme con la forma en que se formuló la pregunta, el mandatario aseguró: “La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”. Ante esto, Pérez replicó: “La periodista soy yo, y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca”.
“Yo se lo quiero marcar al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como ‘polémica y cuestionable’… Que diga: ‘Yo creo que es así’, entonces. Yo a eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree”, aseguró Fernández.
La conductora le respondió: “Le puedo decir por qué le dije ‘polémico’ y ‘cuestionable’… “. A lo que Alberto agregó: “Porque usted lo cree”. “No: porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo”, indicó la periodista.
Allí fue cuando el presidente le aclaró: “Está equivocada, así que lo que yo le recomiendo es que, además, lea la Constitución. El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes”.
Así lo exigió Carlos Zannini, el procurador general del Tesoro. Consideró “nula” una resolución de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que frenó el pago.
El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, favoreció a Amado Boudou al revocar el cobro de una pensión vitalicia al ex vicepresidente tras su condena a cinco años de prisión en la causa Ciccone.
En el dictamen, el funcionario opinó que las resoluciones de la Oficina Anticorrupción y la ANSeS “son nulas de nulidad absoluta”. De esta manera, el abogado del ex ministro de Economía podrá presentarse -si ya no lo hizo- ante la Justicia para reclamar una pensión equivalente a las dos terceras partes del sueldo de un juez de la Corte Suprema, es decir unos 400 mil pesos, más los pagos atrasados durante los últimos cuatro años.
La discusión se centra en los alcances de ley N° 24.018 sobre las jubilaciones vitalicias para los vicepresidentes de la Nación, a partir del cese en sus funciones. La administración de Mauricio Macri consideró que un condenado por perjudicar al Estado, como en otros países del mundo, no puedo cobrar una pensión del Estado. En cambio, para Zannini la ley dice que solo no puede cobrar si el vicepresidente fue removido por un juicio político del Congreso.
Recordemos que Boudou está excarcelado por un polémico fallo relacionado con el coronavirus.
“El beneficio solicitado, pese a su condición de titular del derecho subjetivo público a obtenerlo, aparece desprovista de fundamento legal, ya que introduce una hipótesis de inaplicabilidad de la Ley N.° 24.018 que ella no prevé, lo cual violenta la pauta interpretativa que desaconseja distinguir donde la ley no distingue”, precisa el texto firmado por Zannini.
“Desde esa perspectiva, deviene inoficioso ingresar en consideraciones acerca de la eventual existencia de sentencias condenatorias –firmes o no- contra el licenciado Boudou”, agrega. Desde el kirchnerismo duro sostienen que una condena está firme cuando la ratifica la Corte.
El jefe de gabinete brindó su primer informe de gestión en el Congreso y respondió preguntas de la oposición.
En medio del malestar de la oposición con el oficialismo por el incumplimiento del acuerdo de trabajo parlamentario durante la cuarentena, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero dio su primer informe de gestión en el Congreso con fuertes críticas al Gobierno de Mauricio Macri.
“Nuestro país ya estaba en emergencia antes de la pandemia” enfatizó Cafiero, pero recalcó que el cambio que generó el covid-19 a nivel mundial, necesitará del trabajo de todos para lograr “que el futuro que nos espera sea más justo y solidario. El peligro todavía no pasó. Antepongamos la responsabilidad por sobre nuestras diferencias”, insistió.
Vale destacar que la sesión se realizó en forma remota, como parte de las restricciones para reducir el riesgo de contagios de COVID-19. Aunque Cafiero asiste a la Cámara alta acompañado por asesores, la mayoría de los legisladores participa de manera virtual.
Las frases más destacadas:
“Entre 2015 y 2019 se perdieron 230.000 puestos de trabajo, 25 mil pymes cerraron, la pobreza aumentó al 35% y cuando llegamos las obras públicas estaban paralizadas”.
“La pandemia y no la cuarentena es la que provocó una crisis de ingresos en las familias argentinas” y destacó que “actualmente 9 millones de personas están cobrando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.
“Hace falta un nuevo contrato social en Argentina que incluya tres ejes fundamentales: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental”.
“El coronavirus va a pasar. La pandemia va a pasar. En el mundo, en la Argentina. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Ahí hay un libro que todavía no se escribió. Vemos que hay un debate profundo sobre una nueva arquitectura institucional a nivel global”.
“Se aprobará por unanimidad la ley de restauración de la deuda pública, es un mensaje en voz alta que se escuchó en el mundo y es parte del reflejo para negociar una deuda contraída de manera irresponsable, que es impagable y se hace tremendamente injusta en la espada de los argentinos”.
“El “punto de partida” de la gestión del presidente Fernández en diciembre de 2019 fue una inflación del 53,8% y una “deuda pública que pasó a representar el 90% del PBI, además de una pobreza del 35%”.
“Nuestro país claramente ya estaba en pandemia. La arquitectura del gobierno anterior direccionaba la política pública hacia la especulación y la financialización de la economía. El peronismo debía torcer esa voluntad política de un gobierno que sólo había producido más miseria y pobreza”, insistió.
“La decisión estratégica de nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y la ejecución táctica de nuestro presidente para consolidar una unidad política que derrotara a un gobierno de hambre y miseria”.
“Con respecto a las jubilaciones es importante destacar que, con la fórmula del Gobierno anterior, los jubilados perdieron un 20% del poder adquisitivo entre 2017 y 2020. Ahora estamos transitando un momento en el que las jubilaciones le están ganando a la inflación”, aseguró Cafiero. En tanto, subrayó la adjudicación de bonos a los jubilados que cobran la mínima en diciembre, enero y marzo. “Esto es para nosotros llevar adelante una política de la ética y de la responsabilidad, que ponga a los últimos primeros”.
Si Alberto Fernández sigue por este camino, tal vez logre su objetivo de ser peor funcionario que Cristina.
Hasta ahora, yo creía que lo de Cristina Fernández, era insuperable. Hoy tengo mis dudas. Siempre le dije y no me canso de decir que la actual vice presidenta y jefa política del gobierno era la persona que más daño le había hecho a la democracia y a la convivencia de los argentinos y la que más daño le puede seguir haciendo. Pero debo reconocer que Alberto está haciendo méritos y le pone garra. Tal vez consiga superarla como la patrona del mal de nuestro bendito país.
Cristina es autoritaria, corrupta, altanera, mentirosa, vengativa, mezquina y maltratadora. Pero sabe a dónde va. Tiene muy claro su rumbo que es llevar este país hacia un régimen antidemocrático como el de Venezuela o el de Santa Cruz, al que fundaron y fundieron, junto a su difunto marido. Alberto ni siquiera sabe a dónde va. Está confundido, errático, va para allá y dice una cosa y después va para acá y dice otra. Ese truco falaz de decirle a cada uno lo que quiere escuchar, lo convirtió en esa patética marioneta que Lanata consagró en la tele y que en las redes se tradujo en los apodos de Alber- títere o Alverso.
Carlos Pagni esta mañana escribió que Alberto está a cargo del timón de un Titanic que ni siquiera tiene un témpano adelante. El contenido ideológico chavista lo pone Cristina y Alberto aporta la mala gestión y el fracaso de sus medidas. Vamos rumbo a los 100 días de la cuarentena más larga del mundo y Alberto se muestra desesperado porque viene el impacto más criminal de la pandemia. ¿Qué hicieron hasta ahora? ¿Tratar de culpabilizar a Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal de los dramas que se vienen?
Es la especialidad de este cuarto gobierno K: buscar culpables para tirarles el fardo en lugar de buscar soluciones a los problemas. Primero le apuntaron a los chetos que viajan, después a los porteños, a los millenials estúpidos, a los periodistas que fomentan la angustia, a los vendedores de ropa, a los contadores, a los más humildes que viven en los barrios vulnerables y sobre todo al enemigo principal: los runners que corren en los parques. No se puede creer, pero es cierto. Todos los días demonizaron a alguien. El diputado Waldo Wolf hizo un resumen y le pidió a Alberto que dejara de dividir a los argentinos y lo llamó “déspota”.
Estigmatizar a personas que trotan al aire libre en una locura. Según todos los estudios, esa actividad es de bajísimo riesgo de contagio y por el contrario son los geriátricos, los hospitales, los lugares cerrados donde más se multiplica el virus. Pero además, el Conurbano está lleno de gente por las calles. Y en los sectores más pobres, el gobernador Kicillof no controla nadie. Muy pocos están haciendo la cuarentena estricta en la provincia. Axel y Alberto ven la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio. Y como si esto fuera poco, la persona que más viajó por las provincias y que menos se cuidó fue el propio presidente. Sin barbijo, a los besos y los abrazos, con gente apretujada y sacándose selfies con medio mundo. Igual que un reto a chicos de jardín de infantes, Alberto dijo: “querían pasear, querían correr, salgan, ahí tienen las consecuencias”. Incomprensible.
Pero anoche por televisión, Alberto mostró otras caras peores que esta. Primero, minimizando la hecatombe económica que se ha generado y la bomba de fragmentación que significaría entrar en el noveno default. Argentina campeón del mundo. Dijo que no le preocupaba tanto el tema del default. Tiró la pelota afuera frente a las graves complicaciones que pueden potenciarse para conseguir un crédito para el estado, las provincias y las empresas privadas. Su postura canchera y displicente es un crimen de lesa irresponsabilidad.
Y como si esto fuera poco anunciaron que se prolonga por 180 días la suspensión de la movilidad jubilatoria. Eso significa que a los adultos mayores les van a meter otra vez la mano en el bolsillo. También informaron que van a pagar en cuotas el aguinaldo de los empleados públicos. Hasta sindicalistas chavistas como Hugo Godoy o peronistas como Andrés Rodríguez, pusieron el grito en el cielo y repudiaron la decisión. Los 500 trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes cortaron el puente Pueyrredón reclamando que el gobierno expropiara esa empresa. Por ahora no hay respuesta. El dueño, es un capanga insensible llamado Ricardo Bruzzese. Es el amigo de Cristina que inventó el programa “carne para todos”. Ahora podría hacer el “desocupación para todos”.
En plena crisis, donde miles y miles de puestos de trabajo se destruyen, Latam se va del país y deja a 1.500 trabajadores en la calle y el gobierno y la Cámpora lo sienten como un gran triunfo. Lograron echar a Latam. Le hicieron la vida imposible desde la fuerza que conduce Máximo Kirchner y gracias a un salvaje como Pablo Biró que además, propuso que el estado se quede con los aviones. ¿Cuántos juicios vamos a tener que pagar los argentinos después de este pésimo gobierno? ¿Soberanía aeronáutica o monopolio ineficiente de Aerolíneas? El mundo entero se rompe el lomo para facilitar inversiones privadas y Alberto y Cristina celebran que quiebren las empresas o que se vayan. Es cierto que la pandemia afecto a todas las empresas de aeronavegación. Pero Latam, que opera en muchos países, solamente se fue de un lugar: de Argentina. Una ironía de tuiter decía: “A partir de este momento Argentina anuncia que ha dejado de operar”.
Pero lo más grave desde lo institucional y republicano fue el desconocimiento que demostró de las leyes y el maltrato de machirulo del que hizo gala, tras una pregunta de nuestra compañera de radio Mitre, Cristina Pérez. Esta mañana, Marcelo Longobardi dijo que Cristina le hizo “algunas preguntas muy apropiadas que generaron una reacción muy molesta del presidente. Se ve que no le gustan algunas preguntas. Alberto anoche, dijo Marcelo, mostró una versión más agresiva y más molesta de un presidente más radicalizado y más nervioso. Alberto ya lo había anticipado cuando dijo que los argentinos lo íbamos a entender “por las buenas o por las malas”.
Cristina Pérez fue muy profesional. Preguntó a fondo y puso el dedo en la llaga por la apropiación de Vicentín. Para eso estamos los periodistas, para incomodar al poder. Para ser la piedra en el zapato. Para ser abogados del hombre común y fiscales del poder. Por eso Cristina Pérez paró en seco al presidente y le dijo: “La periodista soy yo y tengo derecho a preguntar lo que me parezca”.
Alberto montó en cólera y le quiso dar clases de periodismo. Dijo que no debía utilizar tantos adjetivos. ¿En dónde está escrito eso, profesor Fernández? ¿En qué facultad estudió periodismo usted? Después le quiso dar cátedra de su especialidad, el derecho. Y allí también se equivocó. El doctor Alejandro Fargosi aseguró como profesor de Concursos y Quiebras de varias universidades que, si un alumno le daba como respuesta lo que dijo el Presidente, lo bochaba y lo calificaba con un uno.
El feminismo es una bendición que lucha por los derechos, la igualdad y en contra de la violencia de género. Pero cuando una parte del movimiento es cooptada por el cristinismo, se transforma en una Unidad Básica que oculta los ataques a los que no piensan como ellas. Eso le quita legitimidad a esa lucha. La parcializa. Hasta ahora esas agrupaciones no han dicho nada de la forma belicosa en la que Alberto se dirigió a Cristina. A Cristina Pérez, por supuesto. Con la vice, siempre se queda con la última palabra: “Si, Cristina, Si Cristina”.
Con la Pérez fue un matón. Pero con la Kirchner ni se inmutó cuando ella le expropió el sillón de Rivadavia. Fue por la soberanía cristinista.
Editorial de Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra, por Radio Mitre.
Con gran decepción nos llegó la noticia del cierre de la filial en nuestro país de la empresa Latam. Desde hace tiempo la compañía venía luchando contra las miles de trabas impuestas desde el mismo sector aeronáutico que, en sintonía con el oficialismo de entonces, saboteaban su normal funcionamiento y hoy se concreta la batalla perdida, se va del país y deja a más de 1700 trabajadores en la calle.
Podemos hacer una cronología de las acciones que erosionaron a Latam y que terminaron obligando su cierre, sin dejar de reconocer que también esto es producto del impacto que está teniendo la pandemia del Covid-19 en todos los sectores económicos.
Víctima de un largo proceso de sabotaje, encabezado principalmente por Aerolíneas Argentinas, al que se le sumaron los gremios liderados por Pablo Biró, entes de aprobación, aeropuertos, servicios de apoyo terrestre y la infaltable mano de La Cámpora.
La compañía en 2012 tuvo el primer inconveniente al intentar incorporar una nueva aeronave, lo cual fue impedido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), encabezada por Alejandro Granados, hijo del intendente de Ezeiza.
Un año después, el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA), también manejado por La Cámpora, le informó a la empresa que debía desalojar en 10 días el hangar que manejaba en Aeroparque, desde donde la firma operaba hacia 13 destinos locales con 10 aviones. El mismo ORSNA ya había salido al cruce de la compañía cuando frenó la incorporación de un Airbus 320 para el mercado local y de un Boeing 767 para aumentar sus frecuencias internacionales.
Intercargo se unió al boicoteo del servicio de rampas para LAN. Por ellos, Jorge Said Yarur, empresario chileno y accionista de LAN y LATAM, denunció el pago de un sobreprecio para poder continuar operando. Yarur señaló a María Cecilia García, titular de Intercargo.
Tras la salida del kirchnerismo del gobierno, los sindicatos aeronáuticos afines a La Cámpora acusaron al Gobierno de Cambiemos de de favorecer a la compañía en contra de Aerolíneas, debido a la designación como vicejefe de Gabinete de Gustavo Lopetegui, ex gerente de Latam.
Paralelamente a esto, una imputación por el pago de una coima tenía como protagonistas funcionarios del kirchnerismo, Julio De Vido y Ricardo Jaime. Según trascendió, tras el hallazgo de miles de mails que guardaban las computadoras de Jaime Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte, LAN había desembolsado más de un millón de dólares por una consultoría inexistente, que sirvieron para pagar la falsa auditoría después de que Jaime firmara la autorización para que la empresa instalara su filial en Argentina.
A Latam nunca se le permitió una competencia justa y así se fueron erosionado todos sus flancos de operación. En el último tiempo, frente a lo devastador que significó la pandemia del Coronavirus, los sindicatos coercitivamente le impidieron a la empresa reducir sueldos, como si lo admitieron otros gremios en distintas actividades
Debe tenerse presente que la compañía sigue operando perfectamente en otros países vecinos, en ninguno de los cuales ha sufrido como en el nuestro, la cantidad de problemas y obstáculos que ha debido sortear aquí.
Sin dudas, el objetivo de todas las maniobras era sacar del mercado a la línea aérea chilena para lograr así el ansiado monopolio al que aspiraba Aerolíneas Argentinas, en contra de todo pronóstico. De esta forma están matando el turismo, están matando empleos, están matando empresas y están aumentando los problemas de la economía.
Artículo escrito en Infobae por Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y diputado nacional por Juntos por el Cambio.
