Un juez desautorizó el informe que se brindó desde la Magistratura, en el que algunos miembros del Consejo advirtieron que no era posible retomar los procesos orales de forma remota ya que la red no resistiría.
Los grandes juicios por corrupción entre los que tienen como principal acusada a Cristina Kirchner, agitaron las aguas en el Consejo de la Magistratura, que cuenta con mayoría K, respecto a los presuntos problemas de Internet para garantizar la continuidad de estos procesos de forma virtual.
Los consejeros Pablo Tonelli, Juan Pablo Mas Vélez, Marina Sánchez Herrero, Silvia Giaccoppo, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta habían criticado en las últimas horas un informe del Consejo que avaló la suspensión de los juicios orales por la dificultad de garantizar la conexión a la red a la hora de realizarlos a distancia.
Este viernes, el presidente del cuerpo, Alberto Lugones, sostuvo que ese informe no refleja la opinión del Consejo. “A quien se sindica (en el informe) como respondiendo en nombre de este Cuerpo, Sr. Noziglia Wilde, no es persona autorizada para hacerlo”, indicó en un escrito.
Según publica Clarín, en el Consejo de la Magistratura hay 278 pedidos de diferentes Tribunales que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que modificó la forma de trabajar en el Poder Judicial, solicitaron la habilitación de una plataforma on line para llevar adelante los juicios pendientes. Ante esos pedidos, la Dirección de Tecnología del Conejo les mandó una nota con la firma de Noziglia a algunos Tribunales de Comodoro Py -entre ellos el TOF 2 que juzga a la vicepresidenta, a Lázaro Báez y a otros catorce imputados más- en la que sostuvo: “Por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones. La disponibilidad de recursos habilitados asciende a 122 puertos (de conexión) para todo el país, y requiere la instalación de un cliente (un usuario) y una vpn (conexión directa a las computadoras del tribunal) por cada participante”.
Ante la queja de un grupo de Consejeros, Lugones se desligó de esta notificación. Argumentó que “la respuesta no emanó de esta Presidencia ni de la Dirección de Tecnología” y dijo que la conoció “al igual que ustedes, cuando se publicó la noticia”. El presidente de la Magistratura aclaró que el responsable del área es David Conte y desestimó la información que firmó Noziglia.
En una nota, el consejero Tonelli en representación de un grupo de integrantes del Consejo, había manifestado su preocupación por la situación, y consideró como “una falta de respeto a los consejeros que esa respuesta, que habría dado el director de Tecnología, se haya producido sin nuestro conocimiento (ni anterior ni tampoco posterior). Y me llama la atención que el tema no haya sido mencionado en la reunión de Labor del pasado martes, momento en el cual la respuesta ya habría sido enviada”.
Los consejeros señalaron además, que prevalece la inquietud ante “una respuesta que dice que no podemos asistirlos para la realización de un juicio oral de manera remota ”porque aún no hemos desarrollado una plataforma adecuada”.
El presidente del Consejo respondió en una nota que se trató de una “actividad desarrollada a espaldas de todos nosotros, por el agente mencionado, quien sin autorización de ninguna clase, disparó respuestas automáticas a diversos tribunales, por motivos que aún no se ha podido determinar”.
Los soportes tecnológicos con los que cuenta el Poder Judicial son proporcionados por el Consejo de la Magistratura, que el año pasado declaró la emergencia estructural y tecnológica del sector durante un año. La idea era contar con un plan de inversiones que logre realizar una puesta en valor, pero el 97% de los fondos se destinan al pago de salarios y la pandemia impactó en las vías de recaudación propia, lo que profundizó la necesidad de salvataje financiero por parte del Tesoro Nacional.
Con información de Clarín
