Interino en su cargo, Eduardo Casal no se dará por vencido. El Gobierno quiere desplazarlo del cargo y continuar en su avance sobre el Poder Judicial. Los K buscan el juicio político, aunque no tienen los votos.
En las últimas semanas, el kirchnerismo puso en marcha una ofensiva en el Congreso para tratar de desplazar al Procurador interino Eduardo Casal, incluyendo todo tipo de denuncias por mal desempeño en la comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal y la activación de la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera tratar una decena de presentaciones contra el jefe de los fiscales.
Aún así, el funcionario público resiste y anticipa que se quedará en su cargo. “No voy a renunciar. No hay ningún motivo por el que tenga que hacerlo“, le aseguró en una nota con Clarín.
Desde que asumió como interino tras la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017, todos sus actos fueron apegados a las normas. “La ley me asignó una función y la voy a cumplir como lo he hecho siempre”, se defiende ante este diario. Días atrás, empezó a recibir mensajes de apoyo de colegas, jueces y abogados. Ya prepara una defensa con datos e informes por si llegan a citarlo al Parlamento.
En su entorno entienden que el oficialismo lleva adelante un operativo de desgaste con denuncias para forzar su salida de un cargo que consideran clave.
Casal es observado por los K sobre todo por su actuación en el caso del fiscal del caso de los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli, un enemigo declarado de la vicepresidenta Cristina Kirchner quien está procesada en esa causa como jefa de una asociación ilícita. El kirchnerismo consideran que no fue lo suficientemente firme con Stornelli cuando estuvo en rebeldía por negarse a ir a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla, que lo investigaba por las supuestas vinculaciones con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
Sin los votos suficientes en el Senado para nombrar como Procurador al juez Daniel Rafecas -se necesitan dos tercios-, el kirchnerismo apunta a una salida forzada de Casal. Si dejara su cargo, en su lugar asumiría como interino Víctor Abramovich, actual procurador ante la Corte. Abramovich integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cercano a Horacio Verbitsky y el kirchnerismo. Un perfil que en principio parece ser más amigable con los intereses del Frente de Todos.
La movida para sacar a Casal se da paralelamente a otros avances sobre la Justicia. Con la reforma judicial y el Consejo Consejo Consultivo para evaluar los cambios en la Corte Suprema como bandera, el oficialismo también cambió el rumbo de la Oficina Anticorrupción que se retiró de expedientes contra ex funcionarios y busca desplazar jueces que investigan a la vicepresidenta con la excusa de que fueron mal trasladados, entre otras medidas.
