La entidad que nuclea a los magistrados nacionales emitió un comunicado y criticó la promoción de juicios políticos contra aquellos que otorguen domiciliarias en el marco de la pandemia.
En medio de la polémica por las libertades y arrestos domiciliarios que se otorgaron con la excusa del coronavirus, los jueces salieron al cruce del Ejecutivo luego de que el presidente y otros referentes del Gobierno se desligaran de cualquier decisión judicial
En un fuerte comunicado, aseguran que “ninguna de las soluciones sobre el deterioro de las cárceles y el hacinamiento está en los tribunales” y advirtieron que “resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve”.
“Para lograr la revisión de decisiones judiciales que puedan estimarse equivocadas existen numerosos recursos procesales que la ley confiere en plano de igualdad tanto a los imputados o condenados como a los interesados por el delito”, indicó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Tal como lo repitió en varias oportunidades, Alberto Fernández no dudó en afirmar que el Gobierno no dispone la libertad de los presos y que el tema es competencia de los jueces. Y advirtió: “Si un juez hizo algo indebido, tendrá que explicarlo”.
Ante estas palabras, la Asociación de Magistrados no demoró en contestar: dejó en claro que “ninguna solución al problema de fondo” de las cárceles, su deterioro y el hacinamiento se encuentra “en manos del Poder Judicial”. “Frente a tal tirantez, jueces y juezas deben resolver entre mantener la detención de un interno con probabilidades de enfermar con severidad, o bien disponer el arresto domiciliario o liberación de quien en otras circunstancias no podría aspirar a tales beneficios procesales. Y tal decisión, sea que resulte favorable o contraria al planteo, siempre tiene en consideración las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima si correspondiere (ley 27.372) y una infinidad de circunstancias propias del caso particular que se resuelve”.
Y completa: “Es el Poder Ejecutivo, tanto en su nivel nacional como provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros. En este particular escenario fáctico, a los jueces y juezas les concierne determinar el derecho que será afectado en menor medida para privilegiar de ese modo otro que podría resultar lesionado con mayor intensidad, siendo potestad y obligación de los administradores del sistema penitenciario articular las medidas necesarias para que tales situaciones no deban ser dirimidas en el ámbito jurisdiccional”.
