Un reciente informe alerta que en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el área del Conurbano, ya fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se ocuparon predios donde se iban a construir barrios cerrados –como en Guernica y en Presidente Perón– y hasta complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas o paralizadas, como el denominado barrio ACUMAR, en González Catán. Lo que hoy sucede en Villa Mascardi, también se extiende a lo largo y ancho del territorio bonaerense.
Días atrás la ministra de Seguridad Nacional Sabina Frederic había asegurado que la situación “no es un tema de seguridad”, sino que se trata de una cuestión de “déficit habitacional”. Pero ahora la preocupación llegó hasta el despacho de Axel Kicillof, y fue el ministro Sergio Berni el encargado de salir a condenar esta problemática. «Es un delito que está organizado. Detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho. En la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten”.
En base a los informes realizados por la Policía Bonaerense respecto a las causas abiertas por delitos de usurpación, desde el pasado 1 de agosto se registraron 71 tomas judicializadas que culminaron con la detención de 258 personas, las cuales en su mayoría ya fueron liberadas por tratarse de un delito con pena menor a tres años de prisión.
Además, en ese mismo periodo de tiempo fueron realizadas 315 intervenciones policiales, caracterizadas por tener resoluciones pacíficas donde los usurpadores se quedan con los terrenos ocupados ilegalmente o son trasladados a otros cedidos por los distintos municipios.
Si se retrocede hasta comienzos de año los números empeoran, dando cuenta que 1.801 denuncian fuero realizadas en ese sentido, habiendo resultado detenidas 524 personas en 868 procedimientos policiales, la mayoría de ellas llevadas a cabo en los municipios de La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, y San Fernando.
Ante el crecimiento de la problemática varios fueron los intendentes en referirse de manera crítica al tema, como fue el caso de Diego Valenzuela, de Tres de Febrero. “Las tomas se han multiplicado. Tenemos esa preocupación y estamos transmitiendo con respeto pero con contundencia. Se necesita una decisión y una acción del más alto nivel”, expresó tiempo atrás en diálogo con Radio Mitre.
Héctor Gay, de Bahía Blanca, fue otro de los jefes comunales en opinar sobre el tema. “Le solicito al gobernador Kicillof que nos exprese su visión política sobre las tomas de tierras que se multiplican en nuestra ciudad y toda la provincia, que ante la situación crítica que atravesamos generan más miedo, angustia e incertidumbre en todos los vecinos”, pidió a través de sus redes sociales, y sumó: “La necesidad de algunos no puede generar el caos en todos. Esta problemática hoy se agrava frente al silencio y la inacción. Es importante tener un Estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo”.
Jorge Macri, por su parte, destacó que “las tomas son moneda corriente en el Conurbano. En la medida en que cada municipio tiene más tierra rural o semirrural, estos temas son más dramáticos. En el segundo o tercer cordón del Conurbano esto se agrava. En el primer cordón se da en casas o predios más pequeños y quienes avisan generalmente son los vecinos. Se ha instalado esta lógica de que uno puede usurpar con la excusa de no tener una vivienda”, y denunció: “Hay organizaciones que entran, hacen un pseudoloteo y después venden a alguien que sí tiene la necesidad”.
Información de Infobae
