El ex ministro de Hacienda y Finanzas durante el macrismo cuestionó la nueva oferta de Martín Guzmán hacia los acreedores.
El Gobierno anunció este domingo la nueva oferta para los acreedores, que una vez más se presentó como “la última”, y un nuevo vencimiento de suscripción que vencerá el día 4 de agosto de este año, lo que generó posiciones diferentes entre los economistas referentes de la oposición.
Mientras el exministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo aseguró que es “muy buena” la propuesta que lleva adelante Martín Guzmán, otro ex funcionario de Cambiemos que supo ocupar ese rol como Alfonso Prat-Gay, advirtió que es “un manual de cómo no se debe negociar”.
Apenas trascendió la oferta de canje que generó buenas reacciones en el mercado, Prat-Gay dijo en su cuenta de Twitter: “Fue la cuarta ‘última propuesta’: Promesa de pagos por US$ 15.000 millones más que en la primera. Más que un precedente mundial, un manual de cómo NO se debe negociar”.
48 horas después, el ex ministro de Hacienda publicó una catarata de tuits argumentando por qué el Gobierno no está en el sendero correcto:
1.Ante algunos comentarios recientes que buscan apañar la mala negociación del ministro Guzmán mediante la descalificación sin fundamentos de la rápida salida del default en 2016, abro un hilo (largo: perdón!) con algunas consideraciones pertinentes.
2.Aquella obligación no era una promesa de pago (bono) sino una sentencia firme en sede judicial, por un valor de US$15.000 millones exigible inmediatamente (el juez tenía embargado hasta futuras colocaciones de deuda) que la República terminó cancelando con pagos por US$10.500.
3. No hay muchos antecedentes de quitas del 29% sobre el monto de una sentencia judicial firme.
4.Recordemos que esa sentencia fue resultado de la pésima estrategia del kirchnerismo: primero ignoró el problema (adjudicándose una quita del 100% a los holdouts!) y cuando le estalló, su única defensa fue el ataque sistemático al juez, quien respondió con una durísima condena.
5.Recordemos también que fue el Congreso de la Nación quien ratificó cada acuerdo individual con aquellos litigantes, a través del anexo de la Ley 27.249 del 31/3/16 que contó con los votos de Massa y de todo el peronismo federal.
6.Los acreedores sabían que sin esa ley no podrían cobrar. Los pagos comenzaron a realizarse un mes después de aprobada la ley. No fue un ministro ni un gobierno, sino el Estado Nacional a través del Congreso, quien estableció los pagos.
7.Una sola propuesta aprobada x ley es una estrategia muy distinta a la actual: ya van por la cuarta “última oferta” sin consultar al Congreso y sin contar con ninguna garantía de aceptación por parte de la mayoría necesaria de acreedores, a pesar de tantas concesiones.
8.Apoyé públicamente la primera propuesta de Guzmán. Pero entre la primera y la cuarta, los pagos hasta el 2030 pasaron de US$32.000 millones a US$47.000 millones. US$15.000 millones es demasiado. Es una medida de lo que nos cuesta una mala negociación.
9.Una vez que modificás una “última oferta”, el acreedor te saca la ficha y te reclama cada vez más. Eso es lo que pasó y está pasando. Lo más beneficioso para el Estado hubiera sido negociar fuerte primero y ofrecer una única oferta ya acordada. Como en 2016.
10.En 2016 los acreedores llegaron con una sentencia firme por valor de US$15.000 y se fueron con US$10.400 millones. Hoy llegan con bonos con valor de mercado de $27.600 millones y se van con nuevos bonos que valen US$37.500 a la tasa de descuento de 10%.
11.En 2016, los litigantes dejaron US$5.000 millones en la mesa de negociación. Hoy, se llevan US$10.000 millones más de lo que traen a la mesa. Los bonos viejos valen hoy 40, no 100, como sugieren algunos “analistas” que desinforman. El gobierno les paga 53.
