Piden una pena de 10 años de prisión para Urribarri en otra causa por corrupción

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El ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador en Israel está acusado por cobrarle coimas a un empresario. Ya arrastra una condena de ocho años por peculado y negociaciones incompatibles.


El ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador de Alberto Fernández en Israel, Sergio Urribarri, podría enfrentar una nueva condena por corrupción: dos fiscales de esa provincia pidieron una pena de diez años de cárcel para él, en una causa por el supuesto pedido de coimas a un empresario local. Urribarri, quien junto con Gildo Insfrán y Jorge Capitanich integra el podio de los mandatarios provinciales más cercanos a Cristina Kirchner, ya tiene sobre sí una condena a ocho años de cárcel, por peculado y negociaciones incompatibles. También está bajo sospecha su copioso patrimonio, en un expediente por supuesto enriquecimiento ilícito en el que no pudo explicar el origen de nueve millones de dólares.

Urribarri fue investigado por el supuesto cobro de sobornos al empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, firma que fue contratista del Estado entre 2007 y 2015, el mismo período en que gobernó el ahora acusado. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano elevaron a juicio la causa, con un adelanto de la penas que solicitarán para todos los acusados cuando termine las audiencias orales. Para el ex gobernador también pidieron una multa de 540 mil pesos. Ahora el caso volvió a manos del juez de Garantías Julián Vergara, que corrió vista a las partes del pedido fiscal y les otorgó 30 días corridos para que analicen las evidencias y hagan sus planteos.

La causa, que comenzó en 2017 luego de una investigación periodística de la revista Análisis, que dirige Daniel Enz, investigó los contratos de la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, durante los dos gobiernos de Urribarri.

En el expediente se estableció que desde 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones al frente de la provincia, se favoreció a Relevamientos Castrales con sucesivos contratos para comprar software, “con el fin de generar un núcleo ilícito”.

La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de su empresa”. En esas maniobras, señala la imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios con los que luego se pagaron los sobornos a funcionarios.

Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo que dirigía Guillermo Smaldone, por 19 millones de pesos, para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral”. El acuerdo vencía en 2016, con un costo mensual de 550.000 pesos.

Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía, liderado por Diego Valiero. Fue por 7.833.600 pesos, también para el “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del ministerio.

La elevación a juicio oral recoge otros cuatro contratos más, todos con los mismos ingredientes: información privilegiada para las licitaciones, contratos sin competencia con otros oferentes, sobreprecios. Un calco bastante logrado de la operatoria que Néstor y Cristina Kirchner mantuvieron con su socio Lázaro Báez, según se comprobó en el juicio por el caso Vialidad.

Además de Urribarri, los fiscales pidieron una pena de 9 años para el empresario Cardona Herreros, 6 años ára Carlos Marcelo Haidar, 5 años para el ex ministro de Trabajo Guillermo Smaldone y para Luis Alfonso Erbes, 4 años y medio para Miguel Angel Ulrich y 3 años de ejecución condicional para José Humberto Flores.

En abril del año pasado, Urribarri ya fue condenado a 8 años de cárcel en un juicio que concentró cinco causas por diversas irregularidades. Se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.

Los camaristas del Tribunal de Juicios y Apelaciones analizaron si esas y otras contrataciones cuestionadas, como la de pautas publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tenían por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.

En el momento de la condena, el ex gobernador era el embajador en Tel Aviv, de donde fue removido de inmediato, aunque no regresó al país sino hasta varios meses después. Este año la sentencia en su contra fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

Urribarri también es investigado por enriquecimiento ilícito. Según información publicada por Análisis, Urribarri no pudo explicar un total de 11.546.772 pesos (unos 1.813.590 dólares en el momento de la instrucción); 7.245.441 dólares y 16.300 euros. Es decir, unos 9.077.031 dólares, que si se actualizan a valores de hoy superarían los 5.000 millones de pesos.

Información de Clarín