La vicepresidenta está acusada de direccionar fondos a la empresa de Lázaro Báez. La cuarentena congeló el proceso que inició hace un año.
Transcurrieron 365 días desde que arrancó el juicio por la Obra Pública -el 21 de mayo de 2019- que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner por ser la “jefa de la asociación ilícita que se dedicó a defraudar al Estado” al favorecer a su socio Lázaro Báez con 51 contratos viales por $ 46.000 millones”.
Parecía ser la puerta de acceso a otros juzgamientos en su contra, ya que acumula ocho causas elevadas a instancia oral, pero un año después los indicadores se revirtieron: el expediente está paralizado por el coronavirus y no tiene fecha para reactivarse.
Un contexto que le cayó como anillo al dedo a la vicepresidenta. Curiosamente, el Consejo de la Magistratura negó que por el momento exista la posibilidad de llevar a cabo las audiencias de forma online, que demandaría unas 50 personas conectadas a la vez, ya que el Internet no resistiría.
Son más de 4.000 fojas las que constituyen la causa por corrupción. Con esa documentación resguardada en más de 60 cajas se llegó a juicio. La acusación entonces formulada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, demandó cinco audiencias para su lectura.
Los números explican la magnitud de lo que se está juzgando. Son 16 los imputados -solo tres declararon-, 180 testigos, 51 licitaciones sospechadas, $ 10.000 en embargos, un perjuicio de $ 46.000 millones al Estado, una demanda civil por $ 21.600 millones.
Para la Justicia, esta maniobra de direccionamiento de la obra pública, fue el delito precedente de otras investigaciones de lavado de dinero que unen a Báez y a los Kirchner.
