El fiscal Carlos Altuve presentó un recurso de queja y ahora deberá expedirse la Corte bonaerense. Se trata de la resolución del juez Víctor Violini que permitió que unos dos mil presos de la Provincia obtengan la domiciliaria con la excusa del coronavirus.
El intenso reclamo por la masiva liberación de presos en medio de la pandemia llegó este lunes a la Suprema Corte de la Provincia luego de que el fiscal de Casación bonaerense Carlos Altuve, presentara su recurso de queja para que el organismo revise el hábeas corpus colectivo concedido por el juez Víctor Violini, quien habilitó mediante un fallo más de dos mil prisiones domiciliarias para detenidos considerados de “riesgo” ante el avance del coronavirus.
En la presentación, Altuve consideró “de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación” el fallo del magistrado que planteó la posibilidad de que los presos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves podrían acceder al beneficio del arresto domiciliario.
La Corte bonaerense planea brindar una respuesta rápida a este tema. Los miembros a cargo son Daniel Soria, el presidente, y los jueces Eduardo De Lázzari, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres. Ellos están en acuerdo permanente y se dieron la firma digital, que les permite dictar fallos a la distancia.
La discusión política estalló cuando se detectaron decisiones judiciales que beneficiaron a presos que tenían penas por delitos graves como violaciones, narcotráfico y asesinatos, entre otros. El Fiscal entiende que el fallo de Violini es “absurdo” y “arbitrario”. Su justificación es que no explica a quiénes alcanza ni están determinadas las categorías de delitos graves o leves.
Además, deja la decisión final al Poder Ejecutivo sobre a quién dar arresto domiciliario, porque señala que se otorgará a los presos que figuren en una lista que el Ministerio de Justicia bonaerense y los que se agreguen en el futuro, sin control de ningún juez.
Desde la Fiscalía también indicaron que el Ministerio de Justicia cuenta con 1.950 tobilleras electrónicas y todas están en uso. Es decir que las morigeraciones se están concediendo sin monitoreo a través de un dispositivo.
Teniendo en cuenta los casos de aquellos internos que cumplieron su condena, o que tienen otros regímenes como la libertad condicional o asistida, el número global de detenidos que dejaron los penales bonaerenses en estas semanas asciende a unos 2.200.
A raíz de esto, el Procurador General Julio Conte Grand, investiga 148 resoluciones a través de las cuales se concedieron morigeraciones “infundadas, por el tipo de delitos de las personas”.
