Por Carlos Claá
“Hoy estamos inaugurando el Sanatorio Antártida, que en 90 días o un poco más abrirá sus puertas”, decía Hugo Moyano ante la atenta mirada del matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner, y una multitud sobre las tribunas del estadio de Vélez Sarfield. Era diciembre del 2009 y efectivamente el centro de salud de Camioneros se tardaría “un poco más”: unos 3.700 días más.
Finalmente, después de una década, y de dos inauguraciones fallidas, Hugo Moyano podrá abrir su sanatorio, aunque la habilitación sea sólo de carácter transitoria por el tiempo que dure la pandemia, luego de un acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y el gremialista. Y también de la anuencia de Ciudad de Buenos Aires para otorgarle un permiso: de esa manera, eventuales enfermos de Provincia podrán atenderse en una de las 330 camas que tiene el centro de salud de Caballito.
Pero algunas oscuridades rodean al Sanatorio de Moyano. La última tiene que ver con el dinero recibido por la Superintendencia de Servicios de Salud, que le dio a las dos obras sociales de Camioneros 228 millones de pesos. Si se tiene en cuenta la cantidad de afiliados que tienen, es entre dos o tres veces lo que le dieron al resto. Muchos germanistas estallaron de la bronca por el reparto que consideran “discrecional”.
Pero no es la única presunta irregularidad: la Justicia investiga una venta que se habría dado entre el Sindicato y la Obra Social, 32 veces más cara que la compra original, para poder pagarle a la constructora que hizo las refacciones del Sanatorio. La dueña de la empresa Aconra S.A. no sería otra que la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet.
De acuerdo a la investigación que presentó en Comodoro Py la diputada Graciela Ocaña, el dinero pasaba de un bolsillo a otro, pero siempre dentro de la casa del germanista más poderoso del país.
