La Corte suspendió la entrega de tierras a una comunidad mapuche en Bariloche

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Se trata de 180 hectáreas ubicadas en el faldeo suroeste del cerro Otto, que eran reclamadas por el grupo Millalonco-Raunquhue. Pichetto celebró la noticia en redes: “Viva la Patria”.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar a un reclamo planteado por el Ejército Argentino y suspendió la entrega de tierras a una comunidad mapuche en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Vale recordar que la entrega de los terrenos había sido ordenado por un fallo de primera instancia, en favor de la comunidad Millalonco-Raunquhue, que reclamó la titularidad de los terrenos ubicados en el faldeo suroeste del cerro Otto, a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez.

En tanto, el Ejército sostiene que los terrenos son usados para el entrenamiento de los integrantes de la fuerza.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió con gran responsabilidad y prudencia suspender la entrega de 180 hectáreas del ejército a pseudomapuches en Bariloche, provincia de Río Negro. “Viva la patria”, celebró el dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto en Twitter, fiel defensor de la propiedad privada y uno de los principales denunciantes de las usurpaciones mapuches.

El planteo inicial de la comunidad mapuche recayó en el juzgado de la jueza subrogante Silvina Domínguez, quien resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional transfiriera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la posesión del predio, a fin de cedérselos a la comunidad. Tal decisión generó numerosas críticas en el seno de la sociedad barilochense, y en paralelo fue recurrido por los apoderados del Ejército. Así llegó trámite a la Cámara Federal, en segunda instancia, en donde fue considerado “extemporáneo”. Superada esa instancia, tanto el Ejército como la Procuración General de la Nación, acudieron a la Corte.

El Procurador Eduardo Casal, en su presentación, afirmó que el fallo de la jueza Domínguez incurría en “graves afectaciones de la legalidad, del debido proceso legal y de los intereses generales de la sociedad que se encuentran comprometidos, toda vez que el avance hacia el cumplimiento de la decisión profundizará aún más los perjuicios señalados”.

Tras ese derrotero, finalmente la Corte se expidió. El máximo tribunal dispuso que se suspenda el curso del proceso, por considerar que existe gravedad institucional en la gestión en la que intervinieron los organismos del Estado para ordenar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que los reclama.