La titular del organismo Fernanda Raverta argumentó que a pesar de su condena por corrupción, el ex vicepresidente “debe recibir ese pago desde que finalizó su mandato”.
La titular de la ANSES Fernanda Raverta, no tuvo dudas en salir a defender la pensión vitalicia que el Gobierno le restituyó a Amado Boudou y afirmó, que pese a estar condenado, el exvicepresidente tiene derecho por ley a recibir ese pago correspondiente a su jubilació.
Tras el fallo del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, el organismo habilitó el pago de unos $420.000 por mes al ex funcionario de Cristina Kirchner aunque aún no podrá cobrar los retroactivos que alcanzarían los 20 millones de pesos según reclama su abogado.
“Boudou es un ciudadano argentino que por haber sido vicepresidente tenía el derecho a recibir una pensión no contributiva una vez terminado su mandato, A igual que Mauricio Macri y Gabriela Michetti, que también lo solicitaron. Nuestra obligación como organismo es liquidar los derechos de esos tres ciudadanos“, explicó la dirigente del Frente de Todos a TN.
En ese sentido, Raverta remarcó que el pago de retroactivos para las pensiones tanto de Boudou como de Macri y Michetti han sido “temporalmente suspendidas”. “La demora en cada uno de esos pagos resultó en un retroactivo que por ahora decidimos no afrontar para estar a la altura de este tiempo de emergencia sanitaria, social y económica“.
Un mes atrás, Zannini revocó la resolución por la cual el Gobierno de Cambiemos había decidido no concederle a Boudou el cobro de su pensión vitalicia como ex vicepresidente. En la gestión anterior se dictaminó que el ex segundo de CFK no debía cobrar esa pensión al estar condenado por cohecho y negociaciones incompatibles por la adquisición de la ex calcográfica Ciccone.
Durante el macrismo, la entidad previsional había considerado que por la sentencia que recibió a cinco años y diez meses de prisión con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, Boudou no estaba en condiciones de recibir ese beneficio que le aseguraría cobrar mensualmente y de por vida unos $ 420.000.
Ahora Zannini consideró que era atendible el reclamo y que según él, la ley dice que “solo no puede cobrar si el vicepresidente fue removido por un juicio político del Congreso”.
