Juntos por el Cambio rechazó el nuevo protocolo de “ciberpatrullaje”

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El espacio cuestionó varios puntos de la medida publicada esta martes en el Boletín Oficial y considera que “viola las garantías constitucionales”.


El sistema de “ciberpatrullaje” impulsado hace unos meses por el Ministerio de Seguridad volvió a tomar fuerza esta semana luego de que la ministra Sabina Frederic publicara un nuevo protocolo que autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar mayores tareas de medición del “humor social” en las redes.

En contra de la iniciativa, desde Juntos por el Cambio exigieron a la funcionaria que explique al Congreso los alcances de esta polémica medida. Los diputados José Cano, Ezequiel Fernandez, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Luis Petri, Álvaro de Lamadrid, Roxana Reyes, Claudia Majul y Miguel Bazze, presentaron un proyecto que critica varios de los puntos que ya están en el Boletín Oficial.

El abril se abrió una polémica cuando la ministra dijo en una videoconferencia que las fuerzas de seguridad hacían ciberpatrullaje para “medir el humor social”. Luego de ese debate, Frederic se reunió con representantes de organismos de derechos humanos y elaboró un protocolo que dice que está de acuerdo con estándares internacionales en la materia.

El proyecto de resolución de los diputados de Cambiemos afirma que el protocolo “busca evidentemente, callar voces disidentes, aprovechando el marco del decreto presidencial que establece la cuarentena por el COVID-19, ya no midiendo “el humor social” como había dicho la Ministro Sabina Frederic, sino yendo un paso más adelante al investigar de forma policial las redes sociales y la vida de los ciudadanos”.

Cabe destacar que el protocolo permite investigar a ciudadanos que “no han cometido acciones delictivas al momento, para luego imputarlos de posibles y potenciales delitos, criterio que dependerá de la determinación del peligro “potencial” de la persona, según parámetros del actual Ministerio de Seguridad y las fuerzas que dependen de ella”.

Los legisladores resaltan que el Protocolo en su artículo 3° señala que “la prevención policial del delito en el espacio cibernético procurará el conocimiento de posibles conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria”. “Sería un delito futuro o potencial, algo que vulnera los principios constitucionales de Culpabilidad y de Reserva debido a que nadie puede ser culpado, investigado o imputado por una acción que no cometió o simplemente por su forma de pensar”.

“Estos principios constitucionales son un límite al poder del Estado. Nuestro Código Penal no castiga la forma de ser, la pertenencia de un individuo a un grupo determinado o la personalidad del sujeto, solo investiga y juzga conductas y hechos delictivos determinados y específicos”, agrega el proyecto opositor.

Luego afirma el pedido de informes que al excluir “al personal de inteligencia de las fuerzas de seguridad -agentes se encuentran obligados bajo las leyes que regulan la materia con las restricciones y limites correspondientes- de las tareas denominadas de ciberpatrullaje o búsqueda en fuentes digitales abiertas, se procura enmascarar tareas de inteligencia con personal de otras áreas del Ministerio, pero que en la práctica realizarán estas funciones sin las restricciones legales ni la formación correspondiente”.

El protocolo estará vigente mientras se extienda la emergencia pública en materia sanitaria por el Covid-19. De acuerdo a la resolución, la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval tendrán sectores dedicados especialmente a detectar en la web “la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”, así como también la venta de presuntos fármacos anunciados “bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”. Además, buscarán prevenir “los ataques informáticos a infraestructura crítica (especialmente a hospitales y a centros de salud)”, así también como combatir “la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y el terrorismo”.