El dirigente social le llevó su propuesta a Alberto Fernández, que tiene como objetivo generar trabajo entre los sectores más pobres de la sociedad.
En medio de la crisis agobiante que desató la cuarentena obligatoria, Alberto Fernández recibió en la quinta de Olivos un programa destinado a generar trabajo y mejorar la calidad de vida de los sectores más pobres de la sociedad.
Se trata del “Plan Marshall criollo”, presentado por el dirigente social Juan Grabois, el cual tiene como objetivos centrales generar cuatro millones de puestos de trabajo, una redistribución poblacional, mejorar la infraestructura de los barrios populares y entregar tierras a los pequeños agricultores.
La iniciativa plantea que el Estado descentralice la ejecución de pequeñas obras y desarrollo productivos en movimientos sociales, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y municipios, en línea con programas de formación de cooperativas, como los planes Argentina Trabaja, Hacemos Futuro o Manos a la Obra.
A la hora del financiamiento, el piquetero habla de usar el ahorro que pueda generarse por la renegociación de la deuda externa, o reforzar el impuesto a las ganancias y echar mano a lo que se recaude con un eventual “aporte extraordinario a la riqueza”. Un tercio de lo invertido, se calcula en la propuesta, regresará al Estado por efecto de la reactivación económica en la franja más pobre de la sociedad.
Entre las medidas más polémicas se destaca la reivindicación de dos artículos de la Constitución de 1949, sancionada durante el primer gobierno peronista, que garantizaban el derecho al “trabajo digno” y favorecían la posibilidad de que “cada labriego o familia labriega” se convierta “en propietario de la tierra que cultiva”.
El programa consiste en la creación de un fondo fiduciario, bautizado “Fondo Mugica”, para el desarrollo de 4000 “módulos productivos” en todo el país. Se trata de pequeñas obras o desarrollos productivos, vinculados a la economía popular, la integración urbana, la agricultura familiar, la atención de adicciones, el fomento de medios comunitarios, el cuidado del medio ambiente, la promoción de la cultura y el deporte, y el acceso a la Justicia.
Dichas tareas serían llevadas a cabo por “consorcios de cogestión comunitaria”, encabezados por movimientos sociales, iglesias, municipios, sindicatos y otras entidades, indica el texto de Grabois. Cada organización quedaría a cargo del desarrollo de uno o varios “módulos”, con un presupuesto promedio de $50 millones.
“Hay que repoblar el territorio para no vivir hacinados, revitalizar territorial y productivamente los pequeños pueblos, urbanizar los barrios populares, generar trabajo cooperativo, darle una lógica colectiva e integral a la economía popular. Se requiere una planificación seria, de al menos a 4 años. Hay que pensar con una perspectiva grande y creativa, no la mera administración de lo existente“, afirmó el dirigente.
