Por Carlos Claá
Mientras el mundo se debate con la pandemia, suceden hechos graves en el país. Días atrás, el abogado Roberto Herrera, defensor legal de Víctor Manzanares y Leonardo Fariña, recibió una amenaza burda: cuando bajó del auto, se le apareció una moto con dos personas a bordo. Una le dijo con claridad: “Ojo con lo que hablas de Lázaro Báez”. La otra sacó un arma, apuntó al guardabarro del auto y disparó. Antes de irse, juntaron el casquillo para que no quedaran evidencias y huyeron.
A eso se le suma el amenazante llamado que recibió Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner que comprometió en la justicia a Cristina, a principios de marzo. A un teléfono cuyo número sólo tiene el Ministerio de Justicia y que sólo sirve para recibir llamadas, lo alertaron: le avisaron que conocían a su hijo, a él y le hicieron saber que lo estaban escuchando. Ambos realizaron las respectivas denuncias.
Leo Fariña, el valijero de la corrupción, en diciembre renunció al programa de testigos protegidos: iba a ser custodiado por aquellos a quienes denunció. Un delirio.
No son los únicos: a Alejandro Vanderbroele, que declaró en contra de Amado Boudou en la causa Ciccone, le inventaron una operación para decirle que estaba pago por el PRO; a Oscar Centeno, el impulsor de la causa de los cuadernos de la corrupción, le publicaron la casa donde estaba viviendo a pesar de estar en el programa de protección a testigos; y a José López, el recientemente liberado Julio De Vido lo acusó de ser “un traidor”.
Los arrepentidos K no sólo tienen que pelear contra los tiempos de la Justicia, sino que también deben cuidarse de aquellos a quienes denunciaron y que hoy forman parte del Poder Ejecutivo.
