El Gobierno apura la creación de un fondo para pagar la deuda y hay $600.000 millones frenados de causas de corrupción

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Son fondos inmovilizados en el marco de expedientes por lavado y enriquecimiento ilícito, donde estppan involucrados muchos ex funcionarios K. Sin ley de extinción de dominio, nadie puede tocarlos.


Cristina Kirchner está convencida de que parte del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede pagarse con bienes y dinero radicado en el exterior que no fue declarado. En un proyecto de ley que impulsa desde el Senado, lo definió como “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda”. En el discurso político, el planteo apunta a ex funcionarios macristas y empresarios. Pero hay otra cifra queda afuera: 600.000 millones de pesos inmovilizados en causas y embargos por corrupción, correspondientes a bienes y fondos sobre los cuales el gobierno no avanzó. Gran parte de ese monto fue cautelada a ex funcionarios K.

El nuevo impuesto propuesto por la vicepresidenta, y que apunta a grandes fortunas, tiene como finalidad que “quienes tengan bienes en el exterior no declarados realicen un aporte especial de emergencia”. La iniciativa podría naufragar en el mismo Congreso, por lo difícil que sería su aplicación y por el marcado rechazo de la oposición.

“No es un impuesto excepcional para pagar al FMI, esto es un blanqueo encubierto, es una Ley Daniel Muñoz, es para ese tipo de personas que tienen mucho dinero en negro”, manifestó el senador Martín Lousteau en referencia al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, acusado de un multimillonario lavado de dinero.

Según la Justicia, el ex secretario de Kirchner montó una estructura para lavar activos que contó con la participación de dieciseis personas, junto a quienes concretó operaciones inmobiliarias por 70 millones de dólares a través de empresas offshore, con las que compraron bienes fuera del país y también propiedades en Argentina.

El año pasado, a través de la filtración de documentos conocida como los Pandora Papers, el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre paraísos fiscales reveló nuevas sociedades offshore de Muñoz. En un paraíso fiscal se detectaron otros 30 millones de dólares.

No es la única cifra que toca de cerca al kirchnerismo. Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner, está condenado a doce años de prisión por haber lavado 55 millones de dólares. La acusación se agravó por la exteriorización de parte de ese dinero y su atesoramiento en Suiza.

La maniobra no está aislada de otra persona. Carlos Ramos, financista K, está enviado a juicio oral por haber ayudado al dueño del Grupo Austral a sacar del país dinero de origen ilícito por 32 millones de dólares. Em parte, la estructura financiera utilizada en Suiza fue montada por él.

Ramos integró junto a José Vicente Amparan Cróquer -un empresario venezolano- un esquema internacional por 1.000 millones de dólares para lavar fondos malversados ​​de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA utilizando bienes raíces en Miami, Florida y sofisticados esquemas de “inversión falsa”. Los une una empresa: Columbus Properties. Esa red de operaciones la investiga la justicia de España.

Los antecedentes no son aislados. En nuestro país hay inmovilizados más de 600.000 millones de pesos correspondientes a bienes muebles e inmuebles provenientes de la corrupción. Sobre ese dinero no se tomó ninguna decisión, tampoco se cuenta con una ley de extinción de dominio que le permita al Estado recuperar para del daño ocasionado en expedientes que demostraron maniobras defraudatorias.

Casas, hoteles, vehículos, cuadros, departamentos, maquinaria pesada, embarcaciones, aviones privados, dólares, joyas, son sólo parte de un extenso listado de bienes que la Justicia afectó a embargos millonarios en causas de corrupción que tienen entre sus principales acusados a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros. Algunos se encuentran inhibidos y otros a disposición de la Justicia.

Fue la Unidad de Información Financiera (UIF) que durante la gestión macrista dirigió Mariano Federici la que le puso un número a la corrupción investigada. “Con la actuación de la UIF como querellante se lograron medidas cautelares por 607.871.476.560 pesos. Asimismo, se han logrado decomisos de dinero, inmuebles y automóviles, aeronaves, embarcaciones y otro tipo de establecimientos por sumas millonarias”, sostiene el informe de gestión.

¿Por qué no se avanzó sobre ese dinero? La oposición es terminante en el planteo: “El problema es que en la Argentina se sigue generando dinero en negro, estamos hablando que el kirchnerismo está proponiendo otro blanqueo con otro nombre”, sentenció el senador Lousteau.

De hecho, tanto dentro de la UIF como de la AFIP, el gobierno de Alberto Fernández desmanteló los equipos de investigación que se ocupaban de rastrear las maniobras de lavado y exteriorización de fondos de origen ilícito. La actual gestión acusó a estos grupos de trabajo de actuar con un fin político.

Federici explicó que en las causas de corrupción “hay bienes asegurados a la espera de ser decomisados. La AFIP y la UIF dejaron de buscar, incluso dejaron de cuidar lo que habíamos encontrado (como un terreno de 30 millones dólares de Daniel Muñoz en las islas Turks & Caicos)”.

Parte del dinero que está a la espera de una decisión se rastreó en el caso de la Ruta del Dinero K, donde se sostuvo que Báez lavó dinero que provenía de las maniobras irregulares de la obra pública del gobierno de Cristina.

La Oficina Anticorrupción del anterior gobierno también buscó ponerle un número a las causas de corrupción en función del dinero cautelado, como también de propiedades a disposición de la justicia.

El total de las sumas de los embargos de esos cuatro años asciende a aproximadamente 483.115 millones de pesos, equivalentes en 2019 a casi 8.524 mil millones de dólares. Este número sólo pensando en las causas en las que intervino como querellante la OA.

En el actual gobierno de Fernández, la UIF como la OA se retiraron de las causas de corrupción que compromete a ex funcionarios kirchneristas que tienen bajo investigación cifras millonarias de dinero. Algunas involucran exteriorización de fondos.

Fuente: Clarín