La vicepresidenta convocó a una sesión en la Cámara Alta para este miércoles con el fin de poner la lupa en presuntas “irregularidades” en los préstamos del Banco Nación a la cerealera.
Mientras Alberto Fernández insiste con el plan alternativo del gobernador santafesino Omar Perotti y deja en segundo plano la estatización de Vicentin, el kircherismo convocó a una sesión en el Senado en la que incluyó el tratamiento de un proyecto de ley que crea una comisión bicameral investigadora de los préstamos otorgados por el Banco Nación a la entidad agraria. Se trata de una clara estrategia de Cristina Kirchner para impulsar la expropiación.
La iniciativa fue presentada por su exsecretario y actual senador por Neuquén, Oscar Parrilli, y obtuvo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales el 12 de junio pasado.
La sesión, convocada para el miércoles, a las 15, promete terminar con un nuevo desplante de los bloques opositores de Juntos por el Cambio y Consenso Federal, que ya anticiparon su rechazo a tratar proyectos que no tengan relación con la pandemia de coronavirus.
El protocolo de las sesiones virtuales aprobado por la Cámara alta el pasado 13 de mayo limita el debate mediante el sistema de videoconferencia a proyectos vinculados con la emergencia sanitaria.
El objetivo de esta comisión es ampliar las facultades a la comisión bicameral, como la de “practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de que se trate”. Además, le permitirá “revisar y secuestrar libros de comercio, contratos, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y correspondencia que guarde relación con la investigación”.
También se establece la “investigación y esclarecimiento de posibles maniobras irregulares relacionadas con la relación crediticia celebrada entre el Banco Nación y la empresa Vicentín”.
La comisión estará conformada por 12 legisladores (seis por cada cámara) que investigarán si la entidad bancaria cumplió con las normativas legales, cuál fue el destino de los créditos otorgados a la empresa y si existieron “posibles maniobras de encubrimiento y/o lavado de activos de posible origen delictivo”.
