Como lo había hecho con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el secretario de Derechos Humanos solicitó la libertad de Martín, hijo del contratista y ex socio de los Kirchner.
El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, volvió a solicitar la excarcelación de otro preso por corrupción. Tal como lo hizo con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el Gobierno también pidió que liberen a Martín Báez: el mayor de los hijos varones de Lázaro Báez que actualmente se encuentra detenido por lavado de dinero.
Fue una presentación similar a la que enviaron a la Justicia para favorecer al ex funcionario. En este caso se pidió directamente la excarcelación, avalando un pedido de la defensa presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal. La decisión de que Martín Báez siga preso “podría acarrear una responsabilidad internacional para el Estado argentino, porque es arbitraria y está reñida con el Estado de Derecho y con la jurisprudencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresa el escrito.
El joven está acusado de haber tomado decisiones financieras respecto a las empresas de la familia pese a que todas están intervenidas por la justicia, y esas operaciones están expresamente prohibidas. Sus manejos fueron interpretados como una obstrucción al accionar judicial, y justificaron su detención con prisión preventiva.
La UIF de la gestión macrista presentó un informe en agosto del 2018 sobre la existencia de efectivo y valores por 3 millones de euros en una cuenta del Banco CBH LTD de Bahamas, de la firma Eastern Shoreline Limited, cuyos beneficiarios finales serían los acusados Martín, Luciana, Leandro y Melina, y “cuyos montos provendrían de la firma Kinski SA”. Esa otra empresa completaba la supuesta triangulación de fondos que estaban vigilados por la justicia. Esos movimientos prohibidos, acreditados por el fiscal Abel Córdoba llevaron al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -que juzga a la familia Báez por haber lavado 60 millones de dólares en “la ruta del dinero K”- a ordenar la detención de Martín, en febrero de 2019.
Hace una semana, el TOF 4 había rechazado concederle el arresto domiciliario sosteniendo que “los hechos que se le imputan no presentan una escasa lesividad, en tanto no sólo es grave en relación con la pena en expectativa del delito que se le atribuye, sino también por las características e implicancias del hecho”.
Los jueces remarcaron que el hijo del empresario representa “riesgos procesales significativos y que su detención cautelar no superó los plazos establecidos”.
