El fiscal ante Casación le bajó el pulgar al Gobierno para excarcelar a Ricardo Jaime

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Desde el Ejecutivo pidieron el arresto domiciliario para uno de los pocos presos K que aún permanece tras las rejas. Advierten que su estado de salud lo convierte en una persona de riesgo frente a la pandemia del coronavirus.


El Gobierno nacional solicitó a través de la Secretaría de Derechos Humanos que se le otorgue la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte durante la gestión de Cristina Kirchner que fue condenado a ocho años de cárcel por la Tragedia de Once, acusado de dádivas y enriquecimiento ilícito.

La petición fue realizada por medio de una nota firmada por el secretario Horacio Petragalla Corti y por Mariano Przybylski, el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Sin embargo, la primera respuesta que recibieron no fue la esperada. Este lunes el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, se opuso a la propuesta ya que no existen argumentos suficientes.

En el comunicado hacen mención a la «crítica» salud del ex funcionario en el contexto del avance del coronavirus a nivel local. «Nótese que, según los exámenes médicos que se le realizaron al imputado, y el actual contexto de la pandemia del Covid-19, la salud del imputado se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención», indicaron.

En el escrito Pleé adujo que más allá de que Jaime integra el listado de presos de riesgo, los informes médicos encargados han mostrado que “no se trata de un enfermo terminal y que sus afecciones podrían ser tratadas adecuadamente intramuros”. El fiscal indicó que los informes del Cuerpo Médico Forense “constituyen el asesoramiento técnico de auxiliares de justicia cuya imparcialidad está garantizada”.

Desde el Gobierno advierten que la situación empeora aún más cuando se tienen en cuenta «las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región». De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto puede significar «un mayor riesgo ante el avance del Covid-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad».

Cabe recordar que el martes de la semana pasada, Jaime comenzó una huelga de hambre en el penal de Ezeiza, después de que la Justicia rechazara su excarcelación y prisión domiciliaria que presentó por miedo a contagiarse de Covid-19.