Se trata del activista que disparó con un mortero casero frente al Congreso en diciembre de 2017, en medio de los incidentes por la reforma previsional. Afrontará una causa por intimidación pública.
La Justicia de Uruguay otorgó el pedido de extradición de Sebastián Romero, el militante de izquierda que saltó a la fama por disparar una especie de mortero casero contra la policía en diciembre de 2017, durante los enfrentamientos por la reforma previsional en el Congreso de la Nación.
El activista forma parte del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU) y se encontraba prófugo desde hace dos años hasta que el mes pasado fue capturado en la ciudad uruguaya de Chuy, en la frontera con Brasil, tras una investigación de Interpol y la Policía Federal.
Conocido popularmente como “el gordo del mortero”, Romero fue inmortalizado por el fotógrafo de Infobae Nicolás Stulberg. Su imagen se convirtió en un ícono de las redes sociales y fue uno de los blancos predilectos de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya cartera solicitó una circular roja a Interpol para su detención y ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien aportara datos que esclarezca su paradero.
“Informamos a todas y todos que en la mañana de hoy la Justicia uruguaya dispuso la extradición de Sebastián Romero, luchador social argentino recluido en Uruguay por solicitud del Ministerio del Interior del gobierno represivo y antipopular de Mauricio Macri”, informaba el comunicado de la organización Crysol, que representa a ex presos políticos de Uruguay, y que ayer visitó en prisión al dirigente del PSTU.
Una vez que se efectúe el traslado, Romero deberá comparecer en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por el juez Rodolfo Canicoba Corral en una causa que se le abrió por intimidación pública.
A sus 35 años, está acusado de los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí”. Quedó involucrado en una causa que fue tramitada por el juez Sergio Torres, cuya investigación tuvo 69 detenidos, de los cuales 58 fueron sobreseídos por irregularidades y deficiencias en la aprehensión de los acusados.
