Tras la presión K, la jueza que metió preso a los camioneros se tomó licencia

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María Eugenia Maiztegui se apartó del caso por un pico de estrés. Horas antes de su decisión, recibió una polémica carta de Leopoldo Moreau.


La jueza de garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, que estaba a cargo de la causa por la que están detenidos dos sindicalistas camioneros por obstruir una empresa alimenticia en San Pedro, pidió licencia médica por 15 días por estrés y dejó la causa en manos del juez Román Parodi. La magistrada había recibido una carta del diputado nacional kirchnerista Leopoldo Moreau para solicitarle el expediente judicial que involucra a los dirigentes que responden a Hugo Moyano para constatar si en el caso hubo violación de la Ley de Inteligencia.

Según informó el diario El Norte, de San Nicolás, la jueza se descompensó y fue atendida en un centro de salud de la ciudad. La magistrada debía resolver hoy si les dictaba la prisión preventiva a los gremialistas, detenidos desde el 8 de abril en la DDI nicoleña. Parodi, ahora a cargo del expediente, fue nombrado en su cargo durante la gestión de María Eugenia Vidal.

El nuevo magistrado ya tomo la causa y se presentó ante los imputados y detenidos, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espínola, ambos dirigentes de la seccional de camioneros, que a nivel nacional lidera Hugo Moyano. Cabaleyro es secretario general del gremio en San Nicolás y, además, concejal del Frente de Todos. Se tomará cinco días para resolver si continúan con las prisiones preventivas, según informaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa. Hoy hubo una audiencia entre el juez, los denunciantes y los detenidos para resolver la situación.

Tras las detenciones, el gremio activó un paro que dejó sin recolección de residuos durante un fin de semana a la ciudad de San Nicolás y bloqueó los accesos. El padre de Cabaleyro, que fue también líder del gremio de camioneros, dijo que la localidad se iba a “morir de hambre”.

Florencia Arietto, abogada que asesoró al Ministerio de Seguridad en la gestión de Patricia Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri, y letrada de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, fue quien promovió la denuncia.

La Distribuidora Rey tiene 35 empleados que el gremio demanda que sean pasados a su convenio. El gremio designó a un delegado cuestionado por la empresa y sancionado, por lo que se agravó el conflicto con el sindicato. Los empresarios dijeron que estaban siendo extorsionados y cuando dejaron de pagar se bloqueó su actividad comercial.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de Del Valle Viviani, y en el escrito estaban identificados Cabaleyro y Espíndola como los responsables de la extorsión.

Moreau le reclamó a Miztegui el expediente para determinar si se violó la ley de inteligencia, como denunció el sindicato el lunes pasado al exhibir chats y escuchas telefónicas. Moreau es el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Hoy, Cristian Ritondo y Gerardo Milman, referentes opositores en esa comisión, calificaron de “arbitraria y autoritaria” esta decisión y pidieron informes. No habría ninguna facultad de la Comisión Bicameral para pedir el expediente de una causa en trámite, según confiaron fuentes judiciales a LA NACION. En la causa no participa ningún organismo de inteligencia. Se hizo solo un legajo, a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte. El trabajo no dio ningún resultado y por eso se suspendió, según dijeron las fuentes judiciales.

Presión de los Moyano

Pablo Moyano, número dos de los camioneros, viajó hoy a San Nicolás para exigir la liberación de los dos dirigentes gremiales y encabezó una protesta con decena de militantes en la puerta de la fiscalía. “La empresa evadió impuestos y tenía empleados en negro o pagar fuera de convenio. Quiero agradecer a la Bicameral, a los diputados Moreau y [Rodolfo] Tailhade porque recibieron a los abogados del gremio y recopilaron las pruebas”, dijo el secretario adjunto de los camioneros.

Por su parte, Javier Moral, abogado del gremio, señaló: “Denunciamos en la Bicameral que hay pruebas que fueron ocultas a la defensa. Lo de la fiscal es arbitrario”.