Aunque mencionan a la pandemia como argumento, todas las solicitudes se apoyan en el antecedente del ex vicepresidente, quien pese a estar condenado por corrupción en Ciccone, días atrás fue trasladado a su casa.
El beneficio de la prisión domiciliaria concedido a Amado Boudou esta semana provocó un colapso en el sistema judicial tras recibir al menos 127 pedidos por parte de presos que buscan obtener la misma condición que logró el exvicepresidente.
En todas las presentaciones hay un común denominador: el temor al riesgo a contagiarse de coronavirus en las cárceles. Los planteos llegaron ante ese Tribunal después de que los respectivos Tribunales Orales Federales (TOF) con presos a disposición, declinaron dichas solicitudes.
Cabe destacar que el fiscal que intervino en el juicio por el caso Ciccone -donde el ex funcionario fue condenado a 5 años y 10 meses- apeló el fallo y centró sus argumentos en las contradicciones del juez Daniel Obligado.
La Sala de feria judicial extraordinaria ya le bajó el pulgar al 70% de estas solicitudes, respaldando a los jueces de los Tribunales orales con una respuesta que se reiteraba: “Se recomienda a la Unidad Carcelaria donde se encuentre el detenido que arbitre los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene”.
La incertidumbre en el Máximo Tribunal Penal es “cómo sostener este número de reclamos” que están siendo tratados de forma online. Entre ellos se encuentra el pedido de José López, ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo quien se encuentra cumpliendo condena por enriquecimiento ilícito, aunque la misma aún no está firme. Y en el mismo sendero está Lázaro Báez, que envió nuevamente un pedido para ser excarcelado.
Algunos camaristas hicieron una distinción sobre la ola de planteos de reclusos. El primer grupo respondió a dos factores: el primero de ellos la declaración de la cuarentena total por el COVID19, y como segundo factor una lista de 1.279 presos de riesgo que confección el Servicio Penitenciario Federal (SPF). En esa documentación se tuvo en cuenta la edad de los internos y las enfermedades que padecen.
El Servicio Penitenciario cuenta con una sobrepoblación del 9% en sus instalaciones y eso derivó en la preocupación en muchos abogados defensores, aunque las autoridades indicaron que a la fecha no hubo ningún caso de Covid-19 en los penales.
