“La restricción del regreso de pasajeros en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad“, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva del organismo.
Mientras miles de argentinos siguen varados en distintas partes del mundo, imposibilitados de regresar a su país por el limitado cupo diario que impuso el Gobierno con la excusa de demorar la entrada de la variante Delta del Covid, la organización global Amnistía Internacional dejó en claro que el Ejecutivo nacional viola los derechos humanos.
“Empezamos a recibir denuncias de gente varada. Duermen en el aeropuerto y se tienen que hacer PCR todos los días. La restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley. A los ciudadanos hay que darles previsibilidad. Se están violando Derechos Humanos, no se cumplen todos los requisitos necesarios para las restricciones. Se están violando derechos de los ciudadanos”, insistió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en declaraciones radiales.
Frente a la situación que atraviesan miles de ciudadanos, la entidad realizó un pedido de informe a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería para conocer detalles sobre las consecuencias de las restricciones impuestas.
En un comunicado oficial, la organización global recordó que el 26 de junio, a partir de la Decisión Administrativa 643/2021 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en la Argentina se dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, con el objetivo de “prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de COVID-19″. De acuerdo con la información oficial, al menos 10 mil personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.
Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional viene documentando todas las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, “con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos”. En la actualidad, la organización está relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para “conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades”.
“El derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo”, recordó el organismo y agregaron: “El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las decisiones gubernamentales sean legítimas y socialmente aceptadas”.
