Luego del revés de la semana pasada que los desplazó al rol de “veedores”, el juez Fabián Lorenzini, decidió abrir un “incidente” aparte con el pedido del gobernador Perotti, y no interrumpir el proceso del concurso de acreedores.
Al cierre de la semana pasada, cuando el juez en lo civil y comercial, Fabián Lorenzini decidió reponer a los dueños del Grupo Vicentin frente a la administración de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores, el gobierno de Santa Fe presentó un pedido para que se vuelva a intervenir la firma, que fue ampliado este martes.
A través de la Inspección General de Personas Jurídicas, la provincia solicitó que el magistrado deje sin efecto su resolución que entre otras cosas redujo el rol de los interventores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional al de simples veedores informantes. Pero este miércoles, el juez decidió que ese planteo será tratado aparte del concurso, para que el mismo “no se vea obstaculizado”.
Lorenzini decidió generar un “incidente” en el expediente, es decir que lo requerido por la Provincia -en consonancia con la intervención que impulsó la Casa Rosada- tendrá un tratamiento aparte, con sus tiempos procesales respectivos y la obligación de la IGJ de probar los argumentos sobre los cuales basa su pedido.
Esto implica sostener la administración de la empresa en manos del directorio durante el resto del proceso concursal. Eventualmente, le da más poder de negociación a los propietarios de Vicentin en su pelea para que el gobierno cambie el tono “imperativo” por otro más “consensual”.
El magistrado entendió que no se debe retrasarse el trámite concursal, en el que ya fueron reconocidos 2.638 acreedores por una deuda global de casi 100.000 millones de pesos.
Esa demora hubiera ocurrido porque antes de decidir respecto al pedido de Perotti, Lorenzini debe notificar y pedir la opinó de las tres sindicaturas del concurso y del directorio de Vicentin.
Los planteos que tendrá tratamiento en un incidente aparte son al menos dos. La representante de la IGJ santafesina, María Victoria Stratta, ratificó el pedido de intervención del gigante cerealero que había planteado el viernes pasado.
En los mismos términos de lo pronunciado por el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, Stratta ratificó que, en el marco del concurso, la IGJ tiene potestad para requerir que se vuelva a la intervención que se había dispuesto desde la Casa Rosada, sumando un “órgano mixto” con ellos y representantes de la provincia en la conducción, y desplazando a los dueños de Vicentin de la administración.
El organismo santafesino sostiene que se debería mantener la intervención hasta que todos los consultados respondan sobre el planteo que impulsó el gobernador Omar Perotti. Pero ahora, al generarse un incidente aparte para este reclamo, la administración continuará -como decidió el juez el viernes pasado-, en manos de los dueños de Vicentin.
Para la IGJ provincial, la administración “no está a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario y dándoles tiempo para vaciar la compañía”, y considera que el juez no tiene potestad para determinar que los interventores sean veedores.
Además, el organismo provincial que controla al sociedades detalló que desde que Vicentin interrumpió los pagos de sus deudas, “varios integrantes del directorio -incluido el presidente-, comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios”. El escrito apuntó a Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular), y Bettina Padoan (directora suplente).
Por ahora, entonces, el concurso de acreedores sigue su curso. Hasta agosto hay plazos para la verificación de los créditos y será entonces cuando el magistrado determine cuál es el pasivo de la compañía.
Fuentes con acceso al expediente del concurso consideran que las alternativas que se exploran y diseñan recién podrían implementarse en etapas avanzadas de ese proceso, como una eventual propuesta a los acreedores con variantes de capitalización en acciones.
Con información de Clarín
