Piqueteros en la mira: allanamientos y varios imputados por extorsiones para concurrir a protestas

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El fiscal Gerardo Pollicita recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad por miles de llamados realizados a la línea 134.


Alrededor de 30 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a protestas.

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión, en total lo fueron 27; entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales. En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y amerito la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó en el día de hoy.Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales. Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con “multas” para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos era de 10 mil por cada una de ellas, ndr) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores. También había “listas de espera” de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realiza trabajos; los “beneficiarios comunes” que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer “un aporte” al comedor; los “delegados” que reciben el doble o triple ayuda y los “referentes” quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores. Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: “compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, reza el hallazgo de esos mensajes. Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado. “De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino”, según la fiscalía. 

Los chats que complican a las organizaciones sociales

chats de la causa que investiga si se extorsionaba a beneficiarios de planes socialeschats de la causa que investiga si se extorsionaba a beneficiarios de planes sociales

Como parte de las pruebas, el fiscal evaluó que Patricia Iramain publicó la lista de personas que no recibirán mercadería por no ir a las “movilizaciones”, o que serán degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las “movilizaciones”.

En las siguientes capturas, se ve cómo una de las víctimas pide que se le tenga por justificada la inasistencia a una “marcha” y adjunta la respectiva constancia del turno médico y laboratorio que le impidió ir; en otra se advierte que una víctima pregunta si la falta justificada sirve o no como asistencia, y en la última uno de los acusados, Gustavo Vásquez, ante el aviso de ausencia a una “movilización”, pide que aporten el “justificativo”.

Los chats que analiza el fiscal Pollicita y el juez CasanelloLos chats que analiza el fiscal Pollicita y el juez Casanello

En otra, una persona se queja porque a su hermana no le entregaron mercadería y además le dieron de baja el plan, a pesar de que no podía asistir a la “movilización” porque se había operado. Aquí, ante una pregunta puntual de una víctima, se le informa que está “sancionada” por no pagar el “alquiler del comedor” y que por eso no podrá retirar mercadería en todo el mes.

También se advierte que el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los imputados no sólo incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, sino que también se les daba la posibilidad de “reparar” ese “castigo” a través de la prestación de tareas, como se ve en estas capturas.

Otra mujer, Elizabeth Mamani, anuncia que estará cobrando las “cápitas” y que deben ponerse al día, de manera concordante con lo declarado por los denunciantes. En otro mensaje, ante la poca convocatoria que había generado una “invitación”, Vásquez avisa que pasa a “contar como movilización”.

En otro diálogo, Vásquez reconoce que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, por eso, hace que la “marcha” a la que antes “invitaba”, pase a ser “obligatoria” y cuente “como movilización”. “De ahora en más yo dejo de ser permisivo”, escribió. También informaron que se iba a avanzar con una “recategorización” (de “beneficiario común” a “lista de espera”). En esta otra captura se ve que se había compartido una “invitación” a una “movilización” y, ante la duda, una de las víctimas pregunta si esa “movilización” es “obligatoria” o “solo para los interesados”.

Los chats que analiza la justiciaLos chats que analiza la justicia

En otra captura una de las víctimas se queja por el excesivo monto dinerario exigido para poder acceder a “las 10 cajas” con la mercadería del Estado Nacional, e incluso cuenta que en las “marchas” les hacen preguntan acerca de si ellos les cobran algo. En otros diálogos, el imputado Lucca Philippe Quispe Rashuman invita a retirar mercadería sólo a los “compañeros que participan activamente” —e incluso les cobran un monto adicional a cada uno en concepto de “flete”— y que la acusada Gloria Jaramillo aclara que “la repartición es como siempre solo los que tienen movilización”.

Para la fiscalía, estas pruebas no hacen más que confirmar lo declarado por cada uno de los denunciantes que se explayaron sobre estas exigencias coactivas —que no sólo se transmitían por Whatsapp, sino también en persona— y sobre las las estructuras jerárquicas piramidales de cada organización”.

los chats analizados por la justicialos chats analizados por la justicia

“Es importante destacar la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”, advirtió Pollicita al impulsar los allanamientos.

Pollicita agregó otras citas de los testimonios recolectados. “En las reuniones Gianni y Tango les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo” (…) y; “Los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo teníamos que pagar 2500 pesos mensuales a los delegados, y a medida que ibas subiendo de nivel tenías que pagar más plata, dependiendo de la plata que recibías. Cuando no vas a las marchas y no pagas los 2500 pesos te bajan de categoría, por ejemplo, de “Cuadrilla” a “Beneficiario Común (…)”, señaló.

“Esas amenazas las dicen verbalmente, a mí personalmente me amenazaron varias veces, gritándome” (…); “La gente que trabaja en el comedor sale a vender por el barrio los alimentos que da el gobierno” (…) “Las máximas referentes del comedor son Gloria y Rossmery. Mucha gente del comedor les tiene miedo a Gloria y Rossmery” (…); “Iba a manifestaciones y repartía volantes de los candidatos cuando había elecciones, por ejemplo, en las elecciones presidenciales repartí volantes de Massa por el barrio. Además, a veces cocinaba pan casero, chipa, bizcochuelo, que después vendían en el barrio y esa plata se la quedaba Gloria Paraguay, que es la coordinara del comedor. Todo esto lo hacía porque sino Gloria me decía que me cortaban el plan”, agregó.

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“Podemos retirar mercadería que le da el gobierno del comedor más o menos una vez por mes, pero cada vez que vamos tenemos que pagar 1500 pesos y nos dan una bolsa de mano con algunos productos, tales como aceite, harina, leche o arroz” (…); “Cuando no vamos a las movilizaciones tenemos que justificar la inasistencia, por ejemplo, si vamos al médico tenemos que mandar comprobante al grupo de Whatsapp que tenemos algún turno” (…) y;”Yo como en el comedor nada más el día que cocino, el resto de los días no me dan comida. (…)”Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo” (…) “a todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino” (…); “Cuando nos ausentábamos a 3 marchas nos daban de baja el plan, yo conozco a una señora que le dieron de baja el plan porque se ausentaba a las marchas, ella se fue del barrio el año pasado, supuestamente era una de las fundadoras del comedor, nunca más se supo de ella.”, refirió otro testimonio.

“Después de un tiempo que estuve asistiendo a marchas, y cumplí esa cantidad de asistencias, ellos me inscribieron en el Plan Potenciar y ahí tuve acceso a la tarjeta del Banco Nación, a mi nombre, a eso le llamaban “ascenso”; (…)”Hay que pagar en el comedor los primeros dos días de cada mes los 2300 pesos por el alquiler del local, pasados esos dos días sin pagar nos aplican una sanción que consta de no poder retirar comida en todo el mes””, refirió otro testimonio. El último acotó: “En caso de no pagar el aporte nos sancionaban sacándonos de la organización. Si yo no iba a las marchas nos ponían faltas, por cada marcha que no iba me cobraban $10.000 y a veces nos sacaban mercadería, dependiendo de la delegada (…)”