Diputados de la Coalición Cívica consideran que el ministro de Educación tomó “erráticas, improvisadas e incongruentes” decisiones que causaron un “daño irreparable” en el sistema educativo.
En medio del repudio social que generó la suspensión de las clases virtuales por dos semanas en el AMBA, a partir de lo anunciado por el presidente Alberto Fernández, la oposición estalló contra la medida y en el ojo de la tormenta quedó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien horas antes había garantizado ante el Consejo Federal de Educación mantener la presencialidad en las aulas.
POr este motivo, el bloque de la Coalición Cívica presentó este viernes un pedido de juicio político contra Trotta, por “el daño irreparable que su impericia, falta de planificación e irrazonabilidad viene causando en el sistema educativo argentino”.
Los legisladores cuestionaron “la irrazonable decisión de cerrar todo el sistema educativo del país sin ningún tipo de distinción y análisis epidemiológico por provincias o localidades durante 2020” y que “ante la evidencia científica e indicadores educativos no privilegió la modalidad presencial y a la escuela como el lugar más seguro que podemos ofrecer a los estudiantes, docentes, no docentes y familias”.
En el texto que encabeza Maximiliano Ferraro -presidente de la CC-ARI-, afirmaron que el funcionario “tuvo el tiempo y recursos presupuestarios necesarios para poder preparar y acondicionar las escuelas y mejorar la infraestructura ante la segunda ola de la pandemia”, al tiempo que criticaron “la decisión de ceder la gestión y la política educativa en algunos sectores gremiales y corporativos”.
También lo acusan de “erráticas, improvisadas e incongruentes decisiones y políticas educativas que agravaron la desigualdad y los niveles de aprendizaje, que le fueron advertidas por diferentes actores del mundo científico y pedagógico y nunca tomó en cuenta”.
Para los diputados del interbloque Juntos por el Cambio, el ministro desconoció que “la virtualidad tiene un límite y es complementaria a la presencialidad, y más aún cuando se observa que un 19% de los alumnos de educación primaria no tiene acceso a internet”.
Además, tomaron como ejemplo las recomendaciones de UNICEF, UNESCO y Banco Mundial, organismos que indicaron que “las escuelas deben ser lo último en cerrarse debido al impacto que produce dicha decisión en la comunidad pedagógica de los estudiantes”. “Según UNESCO sólo 27 de 210 países han decretado el cierre total de sus escuelas a nivel nacional, afectando al 10,1 % de los estudiantes matriculados del mundo. Mientras que la mitad de los países han decidido mantener sus escuelas totalmente abiertas y 62 han definido cierres parciales”, continuaron.
Citando cifras de la Ciudad de Buenos Aires, los opositores detallaron que “al cumplirse un mes desde la vuelta a las aulas, se verificó un presentismo del 89% y más de 45.056 burbujas funcionado. Se contabilizaron 1.215 casos confirmados de Covid-19 entre más de 700 mil estudiantes, personal docente y no docente. Esto representa apenas el 0,17% del total de la comunidad educativa. Un total de 494 burbujas debieron ser aisladas, es decir, el 1,09% del total”.
