A días de cumplirse dos meses del salvaje asesinato en Villa Gesell, la audiencia de este jueves tendrá definiciones importantes respecto al futuro de los rugbiers detenidos por el hecho.
Pareciera que la aparición del coronavirus les jugó una buena pasada a los rugbiers que mataron a sangre fía a Fernando Báez Sosa este verano en Villa Gesell. Tras ser descolgados de las primeras planas en los medios, ahora surge una posibilidad que antes parecía descabellada teniendo en cuenta la cantidad de pruebas tanto testimoniales y audiovisuales que existen en su contra: ser beneficiados con el arresto domiciliario.
Esto será definido el próximo jueves en una audiencia clave que se realizará en el edificio judicial de la calle Belgrano 141, en la que se sabrá si se confirman o no las prisiones preventivas. Además de los acusados estarán presentes su abogado defensor, Hugo Tomei; el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, en representación del Ministerio Público Fiscal; y los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.
En repudio al accionar judicial, Graciela, la mamá de la víctima, compartió en las redes un desesperado pedido a los jueces para que no le otorguen ese beneficio a quienes asesinaron a su único hijo y arruinaron la vida de una familia.
La filmación fue publicada el sábado a través de la cuenta en Twitter de la novia de Fernando, Julieta Rossi, y muestra en primer plano a Graciela Sosa sosteniendo una foto de su hijo.
Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Blas Cinalli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi están presos por el “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” de Fernando y por las “lesiones” que sufrieron sus amigos.
En cuanto al pedido de la defensa respecto de morigerar la prisión preventiva de los rugbiers con una prisión domiciliaria, el juez Mancinelli ya recibió los informes de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que indican que los domicilios propuestos por los imputados son aptos para un eventual arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Sin embargo, el magistrado también espera los informes socioambientales para conocer quiénes viven en los domicilios de cada imputado y quiénes serían eventualmente los tutores de conducta, qué dinámica familiar existe y la situación habitacional y laboral del grupo.
