El procurador bonaerense también pidió anular el fallo que habilitó las excarcelaciones

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Julio Conte Grand avaló el recurso presentado por el fiscal de Casación contra la medida aplicada por el juez Víctor Violini.


El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que revoque el fallo del juez de Casación Víctor Violini que habilitaba las excarcelaciones masivas con la excusa del coronavirus​. En la noche de este martes, el funcionario firmó el dictamen con el que avaló la presentación del fiscal Carlos Altuve, quien había advertido por la gravedad de las decisiones del magistrado.

En primer lugar, el procurador señaló la afectación del principio del juez natural a través de la asunción de competencia originaria para tratar el caso por parte del Tribunal de Casación Penal. Además, cuestionó la utilización de la distinción entre delitos leves y graves como pauta para adoptar estas resoluciones.

Conte Grand reiteró la gravedad que implica conceder un beneficio a una persona privada de la libertad de modo automático y por el solo hecho de su incorporación a un listado por parte del Poder Ejecutivo. Y en esa línea, cuestionó la vulneración del status de víctimas a pesar de los derechos que le concede la normativa vigente.

Ayer, el máximo tribunal bonaerense aceptó el pedido de Altuve y suspendió el hábeas corpus que había presentado Violini, que había planteado la posibilidad de que los presos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

El aberrante fallo de Violini habilitó 599 morigeraciones en las condiciones de prisión en el último mes, según las cifras oficiales. Teniendo en cuenta los casos de aquellos internos que cumplieron su condena, o que tienen otros regímenes como la libertad condicional o asistida, el número global de detenidos que dejaron los penales bonaerenses en estas semanas asciende a unos 2.200.

La situación obligó al propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a despegarse públicamente de las liberaciones masivas y apuntar al sector judicial.