El kirchnerismo busca obtener todas las llamadas de Macri durante su presidencia

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A través de su abogado, Cristina presiona a la justicia para que le entreguen los informes. Pablo Lanusse, defensor de Macri, advierte que el pedido tiene una “exorbitancia inconstitucional” y una “injerencia abusiva”.


La defensa del empresario K Fabián De Sousa presionó esta semana a la Justicia para que le entregue una copia de un informe parcial o total con casi todas las llamadas telefónicas del ex presidente Mauricio Macri durante todo su mandato.

Carlos Beraldi, abogado de lo empresario y de Cristina Kirchner, amenazó el miércoles pasado a jueces de la Cámara Federal de Casación Penal con denunciarlos por mal desempeño si no le entrega ese informe.

Beraldi afirmó que en esta causa “se investigan hechos gravísimos de corrupción cometidos desde las más altas esferas del anterior gobierno nacional, que incluso habrían contado con la complicidad de miembros de otros poderes del Estado”.

“Mantener las actuaciones ante este Tribunal de Casación, no solo constituye una severa irregularidad sino, antes bien, pone en duda la imparcialidad del magistrado y genera un posible caso de mal desempeño”, advirtió Beraldi.

La sala III de Casación, integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, tiene que resolver una serie de recursos de la defensa de Macri contra la decisión de Servini de hacer ese entrecruzamiento telefónico.

Es en la causa en que se investigan supuestas presiones del gobierno de Macri a la Justicia para la apertura de las causas por evasión impositiva al Grupo Indalo, que dirigen De Sousa y Cristóbal Lopez.

Una de las denuncias es contra Oil Combustibles por un fraude de 8 mil millones de pesos y otras.

De Sousa también acusó al ex titular de la AFIP Alberto Abad de “un desvío funcional en miras a cumplir con el objetivo de perjudicar a las empresas del Grupo Indalo”, entre otros.

En fuentes judiciales se estimó que los empresarios K quieren las llamadas porque creen que demostraría la teoría de lawfare en su contra y de Cristina Kirchner.

El claro interés de la vicepresidente en esta causa se confirmó el año pasado cuando criticó por Twitter una decisión de la Cámara Federal porteña de limitar el entrecruzamiento de llamadas.

“La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”, dijo en Twitter.

La defensa de Macri, encabezada por Pablo Lanusse, alegó que el pedido generaba una “gravedad institucional dada la actividad de Macri que hace a cuestiones de seguridad nacional e inteligencia”. Además, dijo que la medida tenía una “exorbitancia inconstitucional, y una injerencia abusiva”.

Más tarde, la Cámara Federal porteña ordenó a la jueza Servini que suspenda el análisis de las comunicaciones presidenciales hasta que los querellantes precisen “un lapso para requerirlo”. Y no todas las llamadas.

Según dispuso la Cámara, Servini además tendrá que “determinar cuáles datos son ajenos al legajo imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas, procurando evitar de esa manera el surgimiento del posible perjuicio irreparable”.

Esto es por llamadas de Macri relacionadas con temas de seguridad, defensa e inteligencia.

Información de Daniel Santoro en Clarín