La abogada Silvina Martínez, denunció que la maniobra para que la expresidenta recupere todos los bienes y depósitos que le embargaron por las causas de corrupción sería promovida por el juez Daniel Obligado, el mismo que le otorgó la domiciliara a Amado Boudou.
La abogada Silvina Martínez, especialista en causas de corrupción, pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que revea la decisión de otorgarle a la funcionaria la posibilidad de volver a explotar el hotel y cobrar el alquiler de varias propiedades. Según la letrada, el juez Daniel Obligado mantiene un “tratamiento preferencial” a los pedidos que hace el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi.
Hasta el momento y aunque la causas están todavía en una etapa de investigación, el magistrado (el mismo que abrió la feria para otorgarle la domiciliaria a Amado Boudou y la cerró cuando le apelaron el fallo) dispuso devolver a la familia el control de Los Sauces y de la casa de Máximo Kirchner en Río Gallegos.
Las medidas de intervención administrativa sobre los bienes de la vicepresidenta y los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, fueron impuestas, en su momento por los jueces federales de instrucción Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Además, fueron confirmadas por todas las instancias posteriores. Es decir: Cámara Criminal Correccional Federal y la Cámara de Casación.
Según constata el diario La Nación, “Esta medida no solo beneficia a la familia Kirchner permitiéndoles recuperar la administración y usufructo de todas sus propiedades, inclusive sus hoteles, sino que perjudica a los procesos judiciales en marcha donde se investiga no solo el enriquecimiento de la familia Kirchner sino también maniobras de lavado de dinero que involucran a dicho establecimiento”, denunció Martínezl. Y agregó: “Esta medida se toma luego de que la familia Kirchner reclamara ante la Justicia diferentes acciones en torno a la administración y usufructo de las propiedades y nuevamente el Tribunal parecería querer congraciarse con los procesados”.
Hasta el momento por las medidas de prueba y las cautelares dictadas, la familia Kirchner se veía imposibilitada de utilizar las instalaciones de Los Sauces y de Hotesur y algunas propiedades que figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. En este último caso, el mediatizado embargo de casi 6.000.000 de dólares en una caja de seguridad que están inhibidos por la Justicia hace cuatro años aproximadamente.
