Así lo harán Miguel Ángel Pichetto y Alfredo Cornejo contra Alejandro Marmoni, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo que le concedió 25.000 hectáreas a comunidades aborígenes.
Alfredo Cornejo y Miguel Ángel Pichetto adelantaron que presentarán una denuncia penal contra Alejandro Marmoni, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por la entrega de tierras a grupos mapuches en la provincia de Mendoza.
La acusación que llegará este viernes a los tribunales de Comodoro Py, tiene que ver con la entrega de 25.000 hectáreas de la provincia de Mendoza a diferentes comunidades originarias. A Marmoni se lo acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la patria.
“La denuncia es por la resolución del INAI en la provincia de Mendoza —que entregó tierras cuando sólo podría hacer relevamiento— y porque es una batalla cultural que pasa desapercibida. Mendoza no era un conflicto respecto de los reclamos de los Mapuches y ahora lo es”, explicó Cornejo, quien fue gobernador mendocino entre 2015 y 2019.
“El INAI no puede hacer reconocimiento de propiedades, no está en sus funciones. Además hizo caso omiso a dos fallos de la provincia de Mendoza. Hace dos años había en todo el país 600 reclamos, hoy hay 1800 reclamos”, agregó Pichetto.
Para Pichetto hay suficiente prueba para demostrar los tres delitos: “Inclusive el de traición a la patria, está suficientemente documentado porque hay sesión de soberanía, hay pérdida de territorio porque esas comunidades que se autoperciben como mapuches no reconocen al Estado argentino”.
A la hora de explicar el por qué entienden que el INAI y su conducción se comporta de esta manera, tanto Cornejo como Pichetto apuntaron al Frente de Todos. “Es parte del conflicto del Frente de Todos que es una alianza heterodoxa en donde hay un Presidente que no lidera o que, en realidad, valida esto”, precisaron.
Además, otro conflicto que se abre es que, en la última operación, las tierras entregadas tienen 52 pozos petroleros debido a que buena parte está asentada en una zona de Vaca Muerta.
El gobernador de la provincia Rodolfo Suárez ya expresó su repudio sobre el hecho y llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia.
