Por Carlos Claá
De los 74 detenidos vinculados a la corrupción kirchnerista que hubo hace algún tiempo atrás, entre políticos, dirigentes y empresarios, a tres meses del inicio del gobierno de Alberto Fernández apenas quedan 10. Y cada uno de ellos busca la forma de salir.
Algunos apuntan a su salud: los abogados de Luis D’Elía presentaron un habeas corpus argumentando que el dirigente está delicado y podría empeorar encerrado en Ezeiza. Juan Pablo Schiavi, condenado a seis años por la tragedia de Once, también le apunta a la prisión domiciliaria con fundamentos similares.
Lázaro Báez, uno de los símbolos de la corrupción K podría quedar libre una vez que termine el juicio de la ruta del dinero, en abril o mayo. Con él se irían a su casa Martín, su hijo mayor; el abogado Jorge Chueco y el contador Víctor Manzanares.
Luego están los demás. Amado Boudou, el vice multiprocesado, que intentó meter presión como Julio De Vido como un “preso político”, pero al que no le alcanzó. Su condena por Ciccone terminaría antes de que Alberto Fernández deje su gestión. También José López dejaría su lugar de detención en Marcos Paz antes de diciembre del 2023.
El más complicado es Ricado Jaime, sobre quien pesan tres sentencias y cuya condena terminaría en 2026. Pero podría obtener un beneficio y conseguir la prisión domiciliaria bastante tiempo antes.
Milagro Sala tuvo que patear el tablero. Es la única que recibió apoyo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y va por la intervención de la Justicia. Condenas le sobran: tiene 4, por eso su estrategia es más abrupta.
Pronto, antes de que termine esta gestión, podría no quedar ningún detenido vinculado a la corrupción kirchnerista. Parece que De Vido tenía razón cuando dijo que “no puede haber peronistas detenidos en un gobierno peronista”.
