Bruglia y Bertuzzi denunciaron al Estado argentino ante la CIDH

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Los jueces que buscó remover Cristina Kirchner recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pidieron la suspensión del concurso abierto para reemplazarlos. “Hemos sido removidos por la política”, se quejaron.


Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, denunciaron al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el escrito, al que accedió Clarín, indicaron que desde el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia Nacional, se avanzó para desplazarlos de sus cargos a los que se reincorporaron, por orden del a Corte Suprema, de forma temporaria. Además, pidieron que se suspenda cualquier concurso para cubrir sus vacantes “hasta tanto esta Comisión se expida” sobre su situación.

“Por la presente venimos a denunciar al Estado argentino respecto del trámite iniciado a partir del dictado de la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura de la Nación, que propuso la revisión de nuestros nombramientos como jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina efectuados mediante los decretos del Poder Ejecutivo 278/2018 y 835/2018”, inicia el escrito presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los magistrados integran la Sala I de la Cámara federal porteña, encargada de revisar los fallos y decisiones que adoptan en las investigaciones, los jueces de instrucción. Son en muchas ocasiones -en caso de confirmación de los procesamientos- la instancia previa para elevar los casos a juicio oral.

En Comodoro Py sólo hay dos cargos cubiertos con magistrados titulares, uno en cada sala. El kirchnerismo, entienden en Tribunales, busca nombrar allí “jueces afines al Gobierno, por eso apuran los trámites”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Tanto Bruglia como Bertuzzi intervinieron en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas, confirmando los procesamientos contra Cristina Kirchner y parte de sus ex funcionarios. Además de otros casos sensibles que involucran a Julio De Vido y los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner.

Por ello, siempre manifestaron que el desplazamiento con el que avanzó el kirchnerismo primero en el Consejo de la Magistratura, trasladándose al Congreso y finalmente, con la ratificación de un decreto de Alberto Fernández, respondía a cuestiones políticas y no jurídicas. Llevaron su reclamo ahora a la CIDH.

En el planteo formulado por Bertuzzi y Bruglia, argumentaron que en dicho procedimiento tuvo intervención el Poder Ejecutivo Nacional, el Senado de la Nación y la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, y “culminó con el dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de noviembre de 2020, mediante la cual se rechazó la acción de amparo que interpusiéramos con relación al carácter definitivo que entendemos que revisten nuestros cargos”, señala el escrito al que accedió Clarín.

El fallo de la Corte había rechazado la presentación de los dos camaristas, quienes pretendían que el máximo tribunal los ratificara en sus puestos en la Cámara Federal, adonde habían llegado por traslados que pidió la gestión de Mauricio Macri. Tras varias semanas de deliberaciones, salió con el apoyo de la mayoría de tres jueces que conformaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda más el voto concurrente de Elena Highton. En contra votó el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien avaló los traslados .

El 9 de noviembre los camaristas que confirmaron diversos procesamientos contra Cristina Kirchner -principalmente en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas-, y una importante cantidad de ex funcionarios kirchneristas, regresaron a Comodoro Py. Veinte días después, el Consejo de la Magistratura abrió el concurso 461/2020 para cubrir las dos vacantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Con la presentación ante la CIDH buscan que ese procedimiento se suspenda y no ser reemplazados hasta tanto sea atendido el reciente reclamo. “Consideramos que las circunstancias invocadas fueron desarrolladas en franca violación a los arts. 1, 8.1, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, manifestaron.

En el extenso escrito, también indicaron que en función del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenían derecho a solicitar “como medida cautelar urgente que expresamente se suspenda la tramitación del concurso de antecedentes y oposición n° 461 iniciado en noviembre de 2020, tendiente a ocupar las vacantes de los cargos de los que estamos siendo destituidos, y en el marco del cual se ha señalado fecha de inscripción y de examen escrito para el mes de febrero de 2021”.

En consecuencia, requirieron que “hasta tanto esta Comisión se expida sobre las violaciones de derechos que aquí se invocan, se ordene y mantenga dicha medida de suspensión del concurso”.

¿Cuánto se tarda el Consejo de la Magistratura en cubrir los cargos de los jueces? La demora promedio de 1327 días corridos ─tres años y medio─ para cubrir una vacante. Es por ello que a la fecha hay 294 cargos vacantes sobre un total de 988 puestos totales en el Poder Judicial. Esto representa al 29,9% de los magistrados. La Corte instó al Consejo de la Magistratura a que estos plazos sean reducidos.

Al panorama descrito, “de por sí preocupante”, sostuvo el Máximo Tribunal, debe añadirse el mecanismo de traslados que se cuestionó con el caso de Bertuzzi y Bruglia: son en total 71 jueces que se encuentran bajo dicha modalidad y en el Consejo de la Magistratura entienden que en función del fallo del martes, también deberán concursarse. Sin ir más lejos, a mediados de este año ya había 65 nuevas vacantes producidas en el Poder Judicial tras la reforma jubilatoria de la actual gestión, entre jueces, fiscales y defensores que dejaron sus puestos.

Información de Lucía Salinas en Clarín