Denunciaron que fueron abiertos los sobres lacrados donde figura información de sus familiares, cuentas bancarias, tarjetas de crédito e inversiones.
Este jueves por la noche se radicó una denuncia en el Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas para investigar el supuesto ingreso de desconocidos a oficinas del Consejo de la Magistratura: revisaron el lugar y abrieron sobres con declaraciones juradas de jueces, entre los que se encuentran los que deben juzgar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.
Horacio Rossatti, quien preside la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, ordenó que se realice un sumario interno en el Poder Judicial. La resolución habla sobre lo ocurrido el 21 de junio, cuando María Victoria Pérez Baynozo, responsable de la Oficina de Declaraciones Juradas del Consejo de la Magistratura, llegara a la oficina y notara que la puerta de ingreso de la cocina estaba abierta, sin llave. Otra puerta sólo tenía una sola vuelta (y no dos) y hubo modificaciones en escritorios.
Si bien no se pudo determinar faltantes de elementos, en el lugar hay cerca de 6 mil expedientes con declaraciones públicas y privadas de los jueces federales, nacionales y consejeros de la Magistratura. Una hipótesis es que personas ingresaron para tomar fotografías sobre ese contenido que estaba en sobres lacrados, según precisó Todo Noticias.
Son 24 magistrados afectados, entre los que se encuentran Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, quienes integran el Tribunal Oral Federal 2 que debe juzgar a Cristina en el juicio oral.
Según consignó La Nación, la lista de magistrados afectados también tendría al juez federal Ariel Lijo y a los camaristas de la Casación Penal Gustavo Hornos y Guillermo Giacobucci. Los papeles que habrían fotografiado también tienen datos de “cónyuges de los y las jueces y juezas, de los consejeros y las consejeras”, además de datos bancarios, gastos e información de hijos.
La causa será delegada en la fiscalía de Ramiro González para seguir con la investigación. Pero es Consejo de la Magistratura el único con facultades para investigar a jueces en caso de que el contenido de esas declaraciones sean o se encuentren vulneradas.
“No hay videos registrados” porque las cámaras estuvieron rotas desde cuando ocurrió, según precisó La Nación. No hubo cerraduras rotas aunque sí marcas de aber sido manipuladas.
No se descarta que el hecho esté relacionado a una “puja interna” de empleados del Consejo, afectados por cambios por la llegada de 20 consejeros, y que no sea por una cuestión política.
