Acaba de ser asesinado Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario de la expresidente de La Nación, luego de declarar en contra de ella y ante a la posibilidad cierta de que pudiera revelar otros secretos de su cuantiosa fortuna y la de su familia frente a un juez.
Pero la población no tiene derecho a manifestar dudas ni angustia ante un crimen horroroso.
Como en “1984”, la novela de George Orwell, el gobierno no sólo decide hoy sobre la vida privada de las personas, autoriza o deniega permisos de circulación, controla el movimiento a través de aplicaciones, mira nuestra vida por el ojo indiscreto de los celulares.
Permite o prohíbe la apertura o el cierre de tales o cuales comercios, industrias u ocupaciones, habilita o impide la circulación por autopistas, rutas y calles, abre o clausura a su antojo egresos e ingresos de la capital y la provincia.
Sino que ahora, además, nos dice qué podemos o no podemos sentir, pensar y decir los argentinos. Y cómo y con quiénes debemos informarnos. No tenemos derecho siquiera a dudar.
Esta novedad se inscribe en la saga iniciada con el aislamiento. Hace pocas semanas, el presidente ha dicho que las personas no pueden ejercer siquiera el derecho a la angustia.
Después de más de cien días de una cuarentena que no sólo despojó de sentido al término, sino que superó cualquier distopía literaria, en un escenario en el que muchos hijos no pueden visitar a sus padres desde hace meses, comerciantes que han debido bajar definitivamente las persianas de sus negocios, empleados que han perdido sus trabajos, empresarios que han tenido que cerrar su fábricas y millones de personas que tienen que vivir de una limosna oficial, y a veces ni siquiera eso, no pueden siquiera manifestar angustia.
Frente a la sola mención de la palabra angustia en boca de una periodista, Alberto Fernández, ofuscado, intolerante, le respondió que “angustiante es que el estado te abandone, angustiante es enfermarse” y, como de costumbre, cuando no, culpó a la prensa de generar esa angustia que él mismo acababa de negar.
A la virtual abolición de la angustia, hay que sumar ahora la prohibición de la duda. “La duda es la jactancia de los intelectuales”, dijo alguna vez Aldo Rico con sus lentes oscuros de no leer, refutando a escopetazos las tradición cartesiana fundada en el “cogito ergo sum”, “pienso, luego existo”.
Aquella frase no la pronunció, obviamente, un filósofo; Aldo Rico era un militar como Perón, de cuño nacionalista, como la vice, y de mano dura y cara pintada como Sergio Berni.
De hecho, el propio Rico admitió que el actual ministro de Seguridad de la provincia participó de la sublevación en las unidades del sur en aquella semana santa trágica que tambaleó la democracia.
“Era médico, lo que no lo invalida para ser un combatiente” dijo sobre la mano derecha de Cristina en materia de seguridad en sus épocas de militar insurrecto.
No es casual, entonces, que se pretenda suprimir la duda del pensamiento argentino que, incluso, hace unos años quiso ser regulado por una orwelliana Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional encabezada por Ricardo Forster, título vergonzoso de resonancias fascistas por el que será recordado nuestro diletante en el panteón de los delirios autoritarios.
En efecto, desde la declaración de la cuarentena, cada vez que alguien expresa su angustia o plantea sus dudas en el ágora virtual, se encienden las luces y suenan las sirenas de las unidades de cyberpatrullaje.
Los contraventores del pensamiento oficial son inmediatamente cyberlapidados y colgados en la plaza pública del trending topic. Pero lo más grave es que es el propio presidente de la nación se convierte en el principal inquisidor de aquellos que plantean dudas por demás razonables.
No es un hecho habitual en el mundo que aparezcan asesinados de manera violenta y con signos de tortura los secretarios presidenciales. Menos corriente es el hecho de que el secretario asesinado haya declarado en la justicia en contra del presidente al que asistía.
Menos aún que pudiera volver a declarar y, eventualmente, ampliar su declaración anterior. Si ninguno de estos hechos es frecuente, mucho menos lo es que la fiscal del caso sea la sobrina de la presidenta contra la cual testificó el secretario asesinado.
El antecedente inmediato al cual nos conduce este cuadro trágico es, claro, el de la muerte de Alberto Nisman: un fiscal que pocas horas antes de declarar en contra de la presidente de la nación ante el Congreso aparece “suicidado”.
En aquel entonces la presidente, como ahora el presidente, parecen tener más información que el propio juez de la causa. “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”, dijo Cristina Kirchner, al afirmar que a Nisman lo asesinaron.
“Que se animen a firmar un documento sembrando dudas sobre la muerte de Gutiérrez es canallesco”, dijo ayer Alberto Fernández.
¿Qué sabe el presidente que todos, incluso la justicia, ignoran? “Solamente insinuar” una vinculación con el Gobierno “es una actitud tan miserable que es muy difícil de entender”, dijo el presidente. ¿Cómo sabe que el asesinato no tiene vinculaciones políticas?
Cualquiera que se atreva a expresar dudas, cualquiera que ose manifestar angustia debe saber que será objeto del insulto presidencial, el agravio vicepresidencial o algo peor. Porque, como dice el manual del “pensamiento” nacional y popular, “la duda es la jactancia de los intelectuales”.
