A través de diferentes mecanismos, fueron degradados o marginados por el organismo que dirige Mercedes Marcó Del Pont. En algunos casos hubo reducción de sueldos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tomó una escandalosa decisión al apartar de sus cargos a al menos 40 funcionarios por haber investigado a la familia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray. Como si fuera poco, también hubo represalias contra los empleados que testificaron sobre los mencionados casos ante la Justicia. Así lo confirmó el periodista Hugo Alconada Mon en un artículo publicado en La Nación.
El personal afectado pertenece a la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. La medida afectó a contadores, abogados, auditores y hasta un informático. Por distintos mecanismos, señala el mencionado artículo, los degradaron o los marginaron, incluso con afectación de sus salarios.
En la Patagonia, la purga incluyó a toda la línea que acató la orden que emitió la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017. Dispuso que la AFIP analizara las declaraciones tributarias de Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Esa orden provocó una revisión que, a mediados de 2019, derivó en una determinación de impuestos por $ 8 millones.
Con la asunción de Alberto Fernández y el regreso de Cristina Fernández al poder, llegó la represalia. Terminaron apartados y con sumarios el funcionario a cargo de la delegación Comodoro Rivadavia (y, por tanto, encargado de la fiscalización a los Kirchner), el funcionario que firmó el acto administrativo determinando esa deuda tributaria, la funcionaria que suscribió el dictamen jurídico que refrendó ese acto administrativo y hasta la funcionaria a cargo de impulsar el cobro ejecutivo de los $ 8 millones adeudados.
También alcanzó a los auditores que evaluaron si el procedimiento había sido correcto o se había registrado un “hostigamiento fiscal” contra la familia Kirchner. Pero fueron desplazados, con merma salarial, tras negarse a firmar las conclusiones del informe final.
La “limpieza” también llegó a la subdirección de Grandes Contribuyentes Nacionales tras el traspaso de poder en diciembre de 2019. Alcanzó a los funcionarios que testificaron ante la Justicia sobre el Grupo Indalo o impidieron la licuación en sede administrativa de las acreencias fiscales del holding de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Lo mismo ocurrió con el titular del Departamento de Recaudación de Grandes Contribuyentes Nacionales y también con su superior inmediato -que luego había asumido al frente de la Regional Mercedes-. Los desplazaron y trasladaron a dependencias de menor trascendencia o para las que carecían de experiencia, con el descenso escalafonario al nivel de analistas, merma salarial y órdenes verbales de no asignarles tareas.
Uno de los perjudicados, en este caso, inició un expediente por presuntas represalias laborales ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata.
Los castigos también alcanzaron a dos funcionarios que desde la Dirección de Grandes Empleadores promovieron denuncias penales sobre empresas del Grupo Indalo por la apropiación indebida de aportes previsionales, acusación por la que López y De Sousa fueron procesados por la Justicia en lo Penal Económico en 2017. Ambos fueron removidos de sus cargos y les asignaron tareas menores en Seguridad Social, bajo el mando de Carlos Castagnetto.
Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP, aseguró que “la matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”.
Así, para el círculo de Marcó del Pont, la supuesta existencia de ese “grupo de tareas” como también de prácticas de presunto “hostigamiento fiscal” explicarían, al menos en parte, el desplazamiento de numerosos y funcionarios de la AFIP.
Información de La Nación
