La coalición opositora publicó un comunicado en el que advierte las consecuencias económicas que tendrá la intervención y expropiación del Gobierno en la empresa cerealera.
Pocas horas después de conocerse la intervención y el proyecto de estatización de la empresa cerealera Vicentin, la coalición de Juntos por el Cambio repudió la decisión del Gobierno nacional en un fuerte comunicado a través de las redes sociales. Sostienen que la iniciativa es “ilegal e inconstituciona” y que le va a “terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”.
“El anuncio sobre Vicentin es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”, afirman los principales referentes de la alianza opositora. Argumentan que se trata de “una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”.
En este sentido, los dirigentes de JxC afirman que la intervención estatal de la empresa de exportación de granos sería “un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repitiendo experiencias anteriores que terminaron costando muy caro a los argentinos”. Ejemplificaron la situación con las expropiaciones de YPF, la empresa calcográfica Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, “a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas”.
“Con Vicentin va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos”, pronosticaron.
Con una larga lista de fundamentos, los firmantes al documento sentencian que “el anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial”. “El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de intervención transitoria de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución. Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentin, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa”, recalcó el comunicado.
Por otra parte, alertan que “con la excusa de la soberanía alimentaria” el Gobierno se propone con este “primer paso” avanzar “en una mayor regulación del mercado de granos”, actividad que aseguran que “funciona bien y es la principal fuente de divisas del país”. “Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista“, completaron.
