Así se expresó Germán Castelli, magistrado que interviene la causa de los Cuadernos. Volvió a advertir que si es necesario, recurrirá a la Corte Suprema.
En paralelo al proyecto de reforma judicial que se votará esta semana en el Seando, el juez Germán Castelli, quien integra el TOF N°7 que prepara el juicio por los Cuadernos de las Coimas y es uno de los diez magistrados cuyos traslados busca efectuar el kirchnerismo, describió su situación de “tropelía constitucional”, ratificó que llevó el caso a las Naciones Unidas y que, de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema.
En las últimas horas, sostuvo que la acción del Senado fue un “escándalo institucional” y criticó duramente el fallo de la jueza María Alejandra Biotti contra el pedido de los camaristas Bertuzzi y Bruglia. “En mi caso, la acción de amparo se encuentra en pleno trámite y, por tanto, sin resolución de ningún tipo. De todas maneras, algunos de los argumentos jurídicos invocados en mi demanda son coincidentes con los de los colegas Bruglia y Bertuzzi; por ejemplo, el relativo a que todo cuestionamiento de la validez de un traslado que fue tramitado por el propio Consejo de la Magistratura y que terminó con un decreto del entonces Presidente de la Nación, que, a su vez, fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación, solo puede discutirse ante el Poder Judicial de la Nación“.
Castelli dijo que la resolución de la jueza Biotti y la opinión del fiscal lo sorprendieron “muchísimo”, porque “aunque de buena fe, desde ya, trastocan los hechos”. Según Castelli, “no han hecho más que hacerle el juego a la ilegalidad que avanza a máxima velocidad. Parecen inventar un nuevo derecho”, se quejó.
Según el juez, el criterio del fallo le permitiría a cada legislador, consejero, presidente o juez “hacer lo que quiera, sin límites republicanos”. “Ni siquiera se preguntan si el Consejo de la Magistratura o el Presidente o el Senado debieron acudir al Poder Judicial para cuestionar los traslados de los colegas Bruglia y Bertuzzi; sino que parten de la base de que es legal el atajo adoptado por el Consejo, el Poder Ejecutivo y el Senado. Dicho de otro modo, parecen equiparar la actuación legal y normal del Consejo para seleccionar jueces y juezas, con la actuación ilegal para remover jueces trasladados”, enfatizó.
Castelli cuestionó que la jueza considere que “no hay daño concreto” hasta tanto el Senado no defina la situación de los diez magistrados cuyos traslados el kirchnerismo quiere revisar. “Este razonamiento también es inconcebible. Desde el minuto uno, cuando el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura -es decir del Presidente de la Nación-, afirmó que mi nombramiento o el de los colegas era inconstitucional, se empezó a afectar la estabilidad de los jueces y su independencia”, argumentó. Y consideró que los magistrados señalados por el Gobierno ahora deben “insumir tiempo” en defenderse “contra esta ilegalidad proveniente de las más altas esferas del Estado”.}
Castelli también vinculó la reforma judicial que impulsa el Gobierno con la avanzada contra los traslados, al señalar la sincronización temporal entre ambos procesos. “Para la jueza y el fiscal, pareciera que quien tenga ese poder siempre actúa bien; lo que republicanamente es inaceptable”, expresó. “Por ello, pienso en mi caso y ante un eventual fallo adverso, dada la intensidad de la afectación del sistema republicano, habré de evaluar un per saltum directo a la Corte Suprema”, adelantó.
Fuente: La Nación
