Para el fiscal, la fortuna de Báez provenía de las irregularidades en la Obra Pública

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Abel Córdoba comenzó su alegato reafirmando que la hipótesis central sobre la maniobra de lavado de USD 55 millones. Anticipó que pedirá penas para la mayoría de los acusados.


Tras la reanudación del juicio de la Ruta del dinero K, el fiscal Abel Córdoba inició su alegato este jueves adelantando que pedirá penas sobre la mayoría de los acusados, a excepción de ocho de ellos. Eso incluye a Lázaro Báez, al abogado Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi, Federico Elaskar y Leonardo Fariña entre otros. Aseguró que tomará en cuenta como ilícitos precedentes del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública, que se juzgan en la causa de Vialidad, y la evasión impositiva.

“La fortuna se explica en las maniobras de la obra pública y la evasión impositiva. Para esta Fiscalía, en la actualidad, los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron en esas causas dan por acreditado ese tipo penal”, dejó en claro el fiscal, trazando una relación directa entre los bienes que acumuló el santacruceño y el kirchnerismo.

A través de la aplicación Zoom, Córdoba resaltó la investigación que llevó adelante el juez Sebastián Casanello. Dijo que lo hizo “en un contexto complejo” y que tuvo que “sufrir acusaciones durísimas del propio Lazaro Báez. “Acusó al juez de hechos falsos, fue un embate inescrupuloso de Lázaro Báez”, lanzó.

Sobre la maniobra de lavado, el fiscal indicó que llegó a totalizar la suma de USD 54.872.875, y sostuvo que “los acusados han consumado delitos en las narices del tribunal, delitos de la misma naturaleza”. “La hipótesis central sobre la maniobra de lavado se encuentra acreditada con suficiencia, con certeza y con una contundencia inédita”, agregó.

Córdoba detalló los cambios en la defensa de Báez a lo largo del juicio: “Comienza negando todo. Cuando aparece la prueba, admite que estaban pero no eran ilícitos y asume la propiedad de los fondos. Cuando los fondos son ilícitos, no hay motivación válida”.

El empresario nuevamente se negó a ser trasladado hasta la sala de audiencias que se utiliza dentro de la cárcel de Ezeiza para videoconferencias. Anoche, según fuentes de su defensa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo notificó que tenía que estar presente en la audiencia, y que podía ser obligado por la fuerza pública. Sin embargo, esta mañana se confirmó que hubo un “error”. Aclarado el panorama, Báez y su hijo Martín prefirieron quedarse en el pabellón donde están alojados.

Este miércoles, en la primera audiencia luego del receso por la cuarentena, la Oficina Anticorrupción pidió una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez. El empresario ya acumulaba dos pedidos de penas de 9 y 8 años de cárcel de las otras dos querellas. Los abogados de la OA también pidieron penas para los cuatro hijos de Báez, para el abogado Jorge Chueco (7 años y 6 meses), actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez (7 años y 6 meses). Mientras tanto, en el caso de Fariña, los abogados de la OA destacaron su rol como arrepentido y solicitaron una pena de apenas 3 años.

La Fiscalía tiene dos audiencias más para completar su alegato. A partir de ese momento el juicio entrará en la recta final con los alegatos de las defensas y las últimas palabras. El TOF 4 dispuso el siguiente orden: 1) Lázaro Báez, 2) Jorge Oscar Chueco, 3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 4) Leonardo Fariña, 5) Martín Báez, 6) Leandro Báez, 7) Melina Báez, 8) Luciana Báez, 9) Walter Zanzot, 10) Julio Enrique Mendoza y así hasta llegar al número 27.

La excarcelación de Báez depende nuevamente de la Cámara de Casación. Su defensa apeló otra vez la fianza de $632.500.000 que le había impuesto el TOF 4. Este miércoles, el tribunal hizo lugar al recurso y ahora quedó en manos del máximo tribunal penal del país. Hace dos semanas, el fiscal había dictaminado a favor de reducir la fianza en pesos a 386.578.500, aunque mantuvo el monto en dólares.

Con información de Infobae